Hay más de tres denuncias por día contra los administradores de consorcios
Encabezan el ranking de sancionados por Defensa al Consumidor de la Ciudad. La infracción más común es por falta de claridad en la liquidación de las expensas.
Encabezan el ranking de sancionados por Defensa del Consumidor de la Ciudad. Las infracciones más frecuentes son falta de claridad en la liquidación de las expensas y descuido en el mantenimiento de áreas comunes. Entre enero y abril los multaron por $ 4,8 millones.
Que liquidan las expensas de forma sospechosa. Que no mantienen los espacios comunes. Que no muestran la documentación. En la Ciudad, hay más de tres denuncias por día contra administradores de consorcios. Y son los más sancionados por Defensa al Consumidor, con multas que suma- ron $ 4,8 millones entre enero y abril.
Así lo reveló la Dirección de Defensa al Consumidor, que depende de la Secretaría de Atención Ciudadana del Gobierno porteño, que en el primer cuatrimestre del año recibió 327 denuncias contra administradores. La mayoría de los casos no lograron resolverse en la audiencia de mediación y terminaron en multas.
La infracción más frecuente es la falta de transparencia en la liquidación de expensas, con un 28,3% de las sanciones. En un 17,5% de los casos los administradores no se ocupaban de mantener las áreas comunes. Y un 15% de los vecinos se quejó de que no les permitían ver la documentación del consorcio. Otros motivos de reclamo son no ejecutar lo que decidió la asamblea de propietarios (13%), y pedir que se depositen los fondos en la cuenta del propio administrador en vez de en la del consorcio (6%).
Las denuncias en Defensa al Consumidor contra empresas o comercios suelen resolverse en audiencia de conciliación en ocho de cada diez casos. En cambio, si los denunciados son administradores, así se zanjan apenas dos de cada diez conflictos. Es por eso que lideran el ranking de infracciones en esa área: 161 multas, equivalentes a $ 4.821.048 en total.
La actividad es regulada desde 2003 por la Ley 941, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios, que depende de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Ese registro fue pensado para asesorar a los vecinos consorcistas y recibir las denuncias por incumplimientos a la norma.
A Adrián Hilarza, de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), no lo sorprenden las estadísticas. “Sé que hay administradores que no cumplen la ley: muchos se creen que son dueños y terminan siendo desprolijos en el manejo del dinero - acepta-. Pero la poca participación de los propietarios en las asambleas también hace que aumente el nivel de choque. Se quejan después de que las decisiones fueron tomadas”.
El legislador Sergio Abrevaya (GEN) es autor de la Ley 3.254, que modifica la Ley 941 y establece más controles a las administraciones por parte de los vecinos. Desde el año pasado el diputado se reúne con asociaciones de consorcistas para diseñar un proyec- to de baja de expensas. “El 80% de los problemas de los que nos hablan se relacionan con administradores”, cuenta. Y reclama que el Gobierno porteño haga más controles, porque “la gente que fue al Registro Público de Administradores dice que no encuentra soluciones”.
Una de las que recurrió al Gobierno porteño fue Elena P. (83), que prefiere mantener su apellido en reserva. Vive en Palermo, en un departamento con cochera que quiso poner a nombre de sus hijas. Cuando fue a hacer el trámite, vio que la administración había dejado sin abonar las rentas de su garaje durante todo un año. Tras el reclamo, la administradora pagó la deuda, pero luego se la cobró en las expensas a todos los consorcistas. “Ya la denunciamos con abogado porque no liquida los gastos con el formato que exige el Gobierno porteño -recuerda-. En la audiencia de conciliación dijo que iba a cumplir, pero nunca lo hizo”.
Mario C. (65), de Villa Urquiza, también prefiere no revelar su identidad. Dice que el administrador cobra las expensas en su cuenta bancaria personal en lugar de en la que está a nombre del consorcio. Dice que maneja los fondos del edificio como si fueran su propio dinero. Y que las obras que inicia pocas veces son autorizadas por la asamblea. Lo denunció ante Defensa al Consumidor y logró que lo multaran por $ 45.000. “Me enteré de que es reincidente, por eso la sanción fue tan severa”, precisa.
Desde Atención Ciudadana expli-
can qué recursos tienen los consorcistas. Por ejemplo, pueden remover
al administrador. El primer paso es llamar a asamblea y pedir que se incluya ese punto en el orden del día. Si no hay quórum, quienes estén presentes pueden igualmente votar la remoción pero, para que la decisión quede firme, deberán pasar 15 días desde la notificación. En ese período, los vecinos que no asistieron podrán pronunciarse a favor o en contra.
A su vez, si los propietarios detectan que las expensas se liquidaron de forma incorrecta, pueden intentar
recuperar el dinero, pero para eso es necesario denunciar penalmente al administrador si este cometió un delito tipificado. También pueden pedir un embargo cautelar para que no se frustre el reclamo si el administrador decidiera declararse insolvente.
Además, la semana pasada el Gobierno porteño envió a la Legislatura el proyecto para crear la plataforma Consorcio Participativo. Esta herramienta gratuita, creada por Atención Ciudadana, les permitirá a los vecinos visualizar toda la información de su edificio, votar online y acceder a un chat interno para hacer y valorar propuestas. Los administradores podrán usarla para liquidar expensas, pagar salarios, emitir comunicados y llevar un sistema de tickets para los reclamos de los vecinos.
Hilarza cuestiona: “El Estado tendrá acceso a todos los intercambios entre consorcistas y administradores, y eso es información privada que luego puede ser comercializada”.