Chubut, un cementerio de obras abandonadas por Cristóbal López
El tramo de la Ruta 3 que pasa por Comodoro Rivada: fue adjudicado a Lázaro Báez y a López. Nunca se terminó.
Estuvo en manos de los dos empresarios más icónicos del kirchnerismo, con presupuestos estratosféricos, y quedó inconclusa. La obra demandó más de $ 1.600 millones y es uno de los corredores viales más importantes del país, pero terminó con los contratos rescindidos por el Estado tanto cuando estuvo en manos de Lázaro Báez como cuando la gestionó Cristóbal López. Hoy, recorrerla se convierte en una travesía riesgosa. A ese camino lo transitan unos 4.000 vehículos diarios, y los problemas por la obra inconclusa derivaron en accidentes mortales, inundaciones y una congestión constante.
El viento se hace sentir en el tramo de la Ruta Nacional 3 que en el sur se conoce como la “Ruta Azul”, porque se estira junto al océano atlántico. Son más de 60 kilómetros los que se recorren desde Comodoro Rivadavia hacia la localidad santacruceña de Caleta Olivia, dos localidades unidas por el Golfo San Jorge y por la explotación petrolera y que tienen como nexo principal esta ruta. Es un camino angosto, con baches y visiblemente deteriorado que suma accidentes mortales, problemas de logística y constantes inconvenientes para la principal actividad de la zona.
A pocos kilómetros de la salida de Comodoro Rivadavia hacia el sur, un cartel de obra, castigado por el viento, muestra la adjudicación del contrato que le quitaron a Báez, a favor de CPC SA, la principal constructora de Cristóbal López. El avance de esa obra fue del 3% y el Gobierno le quitó el contrato hace poco, con multas por $ 34 millones.
La mejora de 73,6 kilómetros de la ruta es una necesidad para la zona. La policía apostada en Ramón Santos, la puerta de entrada a Santa Cruz, contabilizó la semana pasada cuatro accidentes mortales. Si llueve, los choques aumentan y si la lluvia se combina con ráfagas de viento que superan los 120 Km/h, el riesgo es aún mayor. A los costados del camino algunos vehículos destruidos dan cuenta de la clase de accidentes que se generan.
"La combinación es letal, el factor clima con una ruta destruida, sin mantenimiento y los caminos para- lelos que hay que la gente usa igual para evitar la congestión y terminan también en accidentes", señalaron desde la policía de Chubut a Clarín. Sin mayor expectativa de que se haga la prometida autovía, uno de los efectivos recuerda que "esa obra sin terminar nos hizo perder todo con el temporal hace dos años". "Como hicieron mal el drenaje, nos inundamos", explica.
Al costado de la ruta se observan los caminos paralelos que dejó la obra inconclusa. Hay tramos con asfalto, otros sólo con alisado o una capa asfáltica. Y coexisten con caminos de tierra hechos por los vecinos a través de los cuales los conductores se pasan para evitar los camiones sobre la Ruta nacional.
Algunos de esos caminos alternativos se cortaron con montículos de tierra para evitar que los autos circulen por allí. A otros los tapa el agua que no puede escurrirse por los defectos de la obra. Todo ocurre al lado de una ruta colapsada. Según datos oficiales, cada día la transitan más de 4.500 vehículos. Por allí ingresan todas las personas y bienes que viajan hacia el sur.
El estado de la ruta obliga a los coches a disminuir la velocidad y a esquivar baches. Se repite un cartel de “circule con precaución”. Antes de llegar al límite de Chubut con Santa Cruz, un letrero de obra anticipa la llegada al principal obrador de CPC SA. Allí, al costado de la ruta, se ve una veintena de máquinas pesadas. Una retroexcavadora tiene una inscripción: “En venta por falta de pago”. De un camión cuelga el cartel: “Cristóbal López tránsfuga, ladrón, y el Estado ausente”.
Pocos kilómetros separan ese predio de otro obrador que repite la imagen: restos de viejos piquetes, máquinas en desuso y custodia provincial. Se trata de una planta de ósmosis Inversa de $ 979 millones, otorgada “con diversas irregularidades a López”, señalaron fuentes oficiales. También se ve allí un acueducto que el empresario kirchnerista dejó inconcluso, por el cual se pagaron $ 867 millones. Con esa obra se buscaba garantizar la provisión de agua potable a 415.000 habitantes. Los dos contratos fueron rescindidos hace un mes. ■