Con el diálogo anulado, Nicaragua se hunde en una ola de violencia
Represión. La CIDH denunció la acción de grupos parapoliciales. Llaman a intensificar las protestas contra Ortega
Una espiral de violencia cada vez más intensa sacude a Nicaragua, donde el incipiente diálogo conducido por la Iglesia quedó clausurado ante la represión estatal que ya dejó más de un centenar de muertos. La crisis se agudizó con la presencia de grupos parapoliciales, a los que el gobierno dio mano libre para disolver las manifestaciones populares que reclaman la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Ayer, además de los choques entre la policía y los manifestantes, hubo varios saqueos en Managua y otras ciudades, lo que agudizó la crisis.
Frente a este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó de una “nueva etapa de represión” en el país centroamericano, con ataques a manifestantes desarmados. El organismo reiteró su llamado “urgente” al gobierno para que desmantele las fuerzas “parapoliciales”.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo haber detectado “nuevas prácticas represivas” durante la denominada “Madre de todas las marchas”, convocada por el Movimiento Madres de Abril y en apoyo a las 83 mujeres que hasta entonces habían perdido a sus hijos durante las protestas. “La Comisión ha recibido informaciones que nos indican que hay una nueva etapa de represión en el país”, avisó Abrão.
La represión contra esa manifestación realizada en la noche del miércoles pasado, y que continuó el jueves con enfrentamientos callejeros, dejó al menos 17 muertos y decenas de heridos. Decenas de miles de nicaragüenses que participaron de las marchas en diferentes ciudades del país fueron emboscados por francotiradores, mientras hombres armados trataban de disolverlos a balazos.
“Los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque” que responden al presidente Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). “Solo balazos se oían, fue un ambiente de terror, era como que estábamos en guerra”, recuerda aterrada los enfrentamientos Julieth Hernández, habitante de Managua.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció que no reanudará el diálogo con el que se busca una salida a la crisis mientras “el pueblo siga siendo reprimido y asesinado” en las calles. “Hemos vivido con profundo dolor los acontecimientos violentos perpetrados la noche de ayer por grupos armados afines al gobierno contra la población civil”, repudió el CEN, que condenó “enérgicamente todos estos hechos violentos en contra del ejercicio de la libre manifestación pacífica”.
Las negociaciones, que se iniciaron el 16 de mayo con la mediación episcopal en un clima de tensión, fueron suspendidas tras apenas cuatro sesiones debido a la falta de una agenda consensuada: mientras los representantes de la sociedad querían discutir un adelanto de las elecciones y la democratización del país, el gobierno, que exigía el fin de las protestas, denunció una conspiración para “un golpe de Estado”.
Ortega rechazó los llamados a dejar el poder, lanzados tanto por adversarios como por empresarios cercanos. “Nicaragua no es propiedad privada de nadie. Aquí nos quedamos todos”, sostuvo el mandatario.
Líderes de estudiantes, empresa-
“Solo balazos se oían, fue un ambiente de terror; era como que estábamos en guerra”
rios y sociedad civil llamaron ayer a profundizar la protesta. En un pronunciamiento leído en rueda de prensa, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde se nuclean sectores de toda la sociedad nicaraguense, calificó el hecho como “la peor masacre en tiempos de paz”. “Hacemos un llamado a intensificar las distintas formas de protesta cívica y pacífica, como luchar por autonomía universitaria, reforzar y organizar plantones y tranques (bloqueos de carreteras) y reforzar los centros de acopio de medicamentos, donaciones de sangre y alimentos”, indicó el texto.
Según la Alianza, desde que iniciaron las protestas en abril, contra una reforma de la seguridad social, se registraron “más de 100 muertos, más de mil heridos, miles de detenidos y cientos de torturados y desaparecidos”. Esto exacerbó la indignación y engrosó las marchas de protesta. ■