Méndez, el que resiste
No han sido fáciles los últimos meses de la gestión del intendente Rubén Méndez en Salvador Mazza, la ciudad salteña que está considerada como una de las mayores puertas de entrada de la cocaína boliviana a la Argentina.
Tan difícil se le ha puesto todo a Méndez que, mientras su apellido empieza a mezclarse con el narcotráfico, ya ni siquiera está claro si sigue siendo intendente.
Peronista desde casi siempre, alineado con el gobernador Juan Manuel Urtubey, en mayo de 2015 Méndez fue reelecto como intendente por el Frente Justicialista Renovador para la Victoria, una alianza kirchnerista local. Antes había completado el mandato de su depuesto antecesor, Carlos Villalba, sorprendido en un prostíbulo durante un operativo policial contra la trata de mujeres.
Dos meses después de haber asumido su segundo mandato, Méndez se reunió con el ministro de Gobierno provincia, Juan Manuel Rodríguez, y anunció su postura de cara a las elecciones nacionales de aquel año. “El Municipio de Salvador Mazza, en el norte salteño, trabaja por el triunfo del Frente para la Victoria y cree en el triunfo de los pre candidatos a diputados nacionales por la lista Celeste y Blanca ‘Néstor Kirchner’, que encabeza Javier David, y en la continuidad del proyecto nacional con Daniel Scioli”, señalaron entonces los medios locales.
El ministro Rodríguez destacó en aquel momento a Méndez como “uno de los referentes más importantes que tiene nuestro frente”.
Sin embargo, pasado aquel diciembre se acabaron las palabras bonitas. El 14 de febrero de 2016, Gendarmería detuvo en la localidad santiagueña de Monte Quemado a un camión Mercedes Benz que llevaba 267 kilos de cocaína. La camioneta que iba adelante del transporte abriéndole paso logró escapar, pero quedó en el aire la identidad del sospechoso de conducirla: Mauricio Gerónimo, concejal de Salvador Mazza y hombre cercano al intendente Méndez.
Los investigadores fueron a buscar a Gerónimo pero no lo encontraron, ni entonces ni ahora: sigue prófugo. Tiene pedido de captura en esta causa, bautizada como “Febrero Blanco”, pero eso no le ha impedido hacer declaraciones en videos grabados desde la clandestinidad. También le escribió por Facebook al diario local Noticias Pocitos: “Es Méndez. Me cagó, pero lo voy a aclarar”, acusó allí.
Aún no lo aclaró.
El intendente Méndez, que sería el señalado como desleal por el prófugo, se pidió entonces cinco días de licencia. Al regresar tuvo que salir a desmentir su propia renuncia al cargo y a impulsar la destitución de Gerónimo en el Concejo. Nunca se supo qué diferencia se había producido entre ellos. Tampoco lo ayudó su relación con Alejandro Maurín, quien cayó preso en la misma causa narco mientras ejercía como presidente interino del Concejo Deliberante; el intendente se vio obligado a negar que fueran socios en una empresa de distribución de gaseosas.
En la función pública no le iba mejor. En junio una marcha de protesta llegó hasta su casa y la llenó de huevazos, por los tres meses de atraso en el pago de sueldos a decenas de em- pleados municipales. Los manifestantes también le reprochaban la contratación de una veintena de familiares en puestos públicos. A su cuñada, por ejemplo, en la Tesorería. O a Viviana Marcela Llevara, que era su esposa. Al menos, lo era hasta fines de aquel año. El 21 de diciembre de 2016, la mujer lo denunció por un brutal caso de violencia de género. Contó que en la puerta de su casa Méndez le había dado una piña en la cara, la había arrastrado de los pelos y la había insultado de todas las formas posibles, antes de subirla a su auto, encerrarla y amenazarla con echarla de su trabajo y denunciarla por falsos delitos. Unos días antes, el mandatario y sus hijos se habían metido en su casa y le habían cambiado las cerraduras.
Era algo ya común para la Policía escuchar a Viviana Llevara. En mayo de 2015 había pedido por primera vez su exclusión del hogar por la violencia a la que la sometía y por los golpes que le daba delante de su hija.
Por entonces, decenas de vecinos de Mazza salieron a la calle para repudiarlo con una marcha. “Basta de violencia, no queremos esa clase de intendente maltratando a una mujer”, decían las pancartas. El Concejo Deliberante intentó realizar una sesión extraordinaria para suspender a Méndez durante 30 o 90 días, pero como la convocatoria a esa reunión debía ser aprobada por el mismo intendente, no pasó nada. “Yo sé que han hecho el pedido correspondiente, se han autoconvocado para solicitar una sesión extraordinaria, pero no corresponde dada la gravedad”, minimizó el mandatario cuando lo consultaron.
La Justicia por fin formalizó la imputación en su contra bajo la figura de violencia de género. Lo citó dos veces en enero de 2017 para que respondiera pero jamás se presentó. Volvieron a citarlo para marzo, bajo advertencia de que sería detenido si no asistía. Y él respondió no con palabras sino con hechos: echó a su ex esposa de su puesto de auxiliar administrativa en el Área de Juventud del municipio. La causa del despido fue que el mes anterior la mujer había faltado 15 días al trabajo. De nada sirvió que explicara que se había ausentado porque había tenido que irse a la capital salteña por el cuadro de estrés y alergias que le había provocado el ataque al que la había sometido el propio Méndez.
El 2 de mayo surgieron más conflictos. El Concejo Deliberante, por fin, aprobó iniciarle el juicio político a Méndez por las denuncias de violencia de género pero también por “falta de gestión”; la ausencia de repuestas a los pedidos de informes de los ediles, la demora de cinco meses en presentar el presupuesto, los atrasos en los pagos de los sueldos a los municipales y el retraso de más de un año en abonarles los salarios a los propios concejales, además de la desaparición de lo recaudado en concepto de peaje a los camioneros que cruzan el municipio. El proceso de destitución avanzó y, el 15 de junio, lo removieron de su cargo por 8 votos a 1.
Méndez, sin embargo, sigue siendo intendente. En septiembre le hicieron tantos piquetes que tuvo que mudar su despacho a una estación de servicio durante algunas horas, pero igual se mantuvo en el cargo gracias a que apeló su destitución ante la Corte de Salta, que aún no se expidió.
Y entonces reapareció el narcotráfico. La semana pasada, el 23 de mayo, la Policía de Tucumán cerró una larga investigación por narcotráfico con 16 detenciones en su provincia. Las pruebas marcaban, sin embargo, que el origen de la maniobra estaba en Bo-
El intendente de Salvador Mazza fue destituido pero sigue en su cargo. Su ex lo denunció por violencia de género y su hermano cayó por narcotráfico.
livia, desde donde la banda traía la cocaína al país de la mano de un ciudadano norteamericano. La droga era trasladada en vehículos hacia la capital tucumana para distribuirla en distintos barrios. El día del operativo, los detectives esperaron el momento en el que dos integrantes de la organización entregaban el cargamento -seis kilos y medio- a sus contactos locales.
Uno de los narcos era el estadounidense. El otro, Jesús Enrique Méndez, era el hermano del intendente de Salvador Mazza.
La prensa salteña cayó sobre Rubén Méndez, quien se despegó como pudo. “Nos veíamos en reuniones familiares y de lo que menos hablábamos era de trabajo. Cada uno tenía su trabajo y yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Me enteré de todo por los medios”, le respondió a La Gaceta. Sin embargo, tuvo que admitir que Jesús Méndez vivía con la madre de ambos, por lo que necesariamente se veían seguido. “Como no contestaba el teléfono, mi mamá hizo la denuncia de su desaparición. No supimos nada de él hasta que esta mañana por las noticias nos enteramos que lo había detenido en un operativo antidrogas. Fue una sorpresa para toda la familia”, manifestó. “Él es una persona grande que tomó sus decisiones. Ahora la Justicia tendrá que decidir y actuar según corresponda. Yo no tengo nada que ver con esto. Voy a seguir trabajando como siempre”, finalizó ante la consulta periodística.
Lo que sí tuvo que hacer fue apartar del municipio a la esposa de Jesús Méndez, quien habría actuado en la Tesorería. El dato generó un pedido de informes del Concejo Deliberante, que sospecha que el propio detenido habría trabajado en el municipio.
Todo esto está aún sin responder. Igual que el proyecto que presentó el diputado Manuel Pailler en la Legislatura provincial para que se intervenga la intendencia de Salvador Mazza. Ante la falta de dictamen, el legislador denunció que el Gobierno salteño “respalda” a Rubén Méndez.
“Hay desinformación y mala intención al hablar del municipio”, señaló ayer el propio Méndez, el intendente que no es. ■