Política sin mujeres, en la cúpula de las empresas públicas

Las empresas públicas son una pieza central en la vida de las personas y en el desarrollo económico del país, tanto porque proveen bienes y servicios esenciales como porque, muchas veces, lo que aportan resulta insuficiente cuando no de baja calidad. Pero si de eso sabemos casi todo, prácticamente nada conocemos sobre el mundo de los directorios que las conducen, las administran y al fin deciden.

Un muy reciente trabajo del Cippec, una organización orientada al estudio de las políticas del Estado, saca a luz unos cuantos detalles acerca del perfil de quienes integran esos grupos, de dónde provienen y de qué capacidades y experiencias reúnen. Fue elaborado por tres especialistas -Paula Nuñez, Jimena Rubio y Gonzalo Diéguezen base a los registros de 2017 y pone el foco en empresas del área de infraestructura: entre otras, AySA; la energética Enarsa; Yacyretá; el ferrocarril Belgrano Cargas; la de centrales atómicas Nucleoeléctrica Argentina y la de satélites Ar-Sat.

Sin seguir el orden del informe, puede empezarse por una discriminación generalizada. En ocho de los diez cuerpos directivos analizados no aparece ni una sola mujer, o sea, son todos hombres. En países como Alemania, Austria, Francia, Holanda, España y Brasil existen cupos femeninos del 30 al 40%, o sea, hay de 3 a 4 mujeres. Aquí no tenemos nada ni siquiera parecido a un factor que se ha comprobado eficaz para potenciar la gestión de las compañías y mejorar las decisiones de sus cúpulas.

Dentro de ese espacio la política manda, aunque el dato importaría menos si quienes conducen hacen bien su tarea. Lo cierto, en cualquier caso, es que son elegidos y designados por funcionarios políticos o por los ministros a los cuales reportan, sin mayor cuidado por los procedimientos transparentes, ni por el pluralismo ni por la independencia. Por lo tanto, resultan limitadas las posibilidades de los directores para vetar decisiones que vienen “de arriba”; se diría que las más de las veces deben acatarlas.

Según los autores del informe, las buenas prácticas aconsejan que un tercio y hasta la mitad de los cuerpos directivos estén compuestos por profesionales independientes del poder político de turno.

A ninguno de quienes hoy los integran les faltan cualidades académicas, pues casi todos han hecho una carrera universitaria y el 47% acredita estudios de posgrado. El problema es que la mitad no cuenta con experiencia en los sectores que manejan, lo cual ya muestra una interferencia excesiva de la política.

Otro dato: el 53% del total, esto es, la mayoría, se desempeñó exclusivamente en la actividad privada y apenas un 21% en la públicapública. Además, sólo un 16% pasó antes por el directorio de otras compañías.

El cuadro revela, nuevamente, escasa experiencia previa y sobre todo escasa experiencia en el Estado que, como se sabe, es un mundo diferente y bastante más complejo que el mundo privado. Allí no sólo deben dirimirse conflictos con repercusiones fuertes sino también conflictos donde juegan intereses grandes y poderosos, aun cuando no existan maniobras de corrupción de por medio.

Hay también una si se quiere extraña su- perposición de funciones. En 7 de las 10 empresas analizadas, el presidente es a la vez el gerente general y el 40% de todos los ejecutivos cumple otras actividades dentro de ellas. Tal vez el objetivo consista en favorecer la coordinación y los controles internos, pero ¿implica cobrar sueldos por ambos cargos?

Está claro, en cualquier caso, que cuando hablamos de la infraestructura del país estamos hablando de atraso y de un agujero enorme. Esta vez, de sectores estratégicos cruciales para el despliegue productivo y para el desarrollo, como son la energía, la provisión de agua potable, las centrales atómicas, los ferrocarriles y los satélites. Se trata, además, de empresas que absorben fondos públicos por montos considerables.

A propósito de eso mismo, un detalle alude al tipo de especialización de quienes las dirigen: el 32% ha realizado la carrera de Derecho; un 30% la de Ingeniería y un 16% la de Ciencias Económicas.

Tal cual se ve, nada hay muy diferente al sello dominante en la conducción del Estado ni diferente al número de graduados en las universidades argentinas: prevalecen los abogados. Solo que aquí prevalecen por encima de un requisito que, tratándose de áreas muy técnicas, debiera ser dominante: el de los ingenieros. En el mejor de los supuestos, se elige entre lo que existe y no entre aquello que hace falta y cuya insuficiencia define, al fin, el modelo de país que fue gestándose por años.

Junto a ciertos déficits en los criterios de selección y en las capacidades de quienes son seleccionados, Nuñez, Rubio y Diéguez han advertido la necesidad de fortalecer los controles del Congreso sobre el funcionamiento de las compañías. Y también la de dotar a los entes reguladores de mayor autonomía.

Un dato final de otro informe del Cippec: entre 2003 y 2015, el personal ocupado en las empresas públicas saltó de 26.819 a 120.770, o sea, un 350%. Si fue porque se crearon nuevas unidades, porque se estatizó mucho y gran parte provino del sector privado o porque se metió la política, la cuestión pasa de nuevo por la pericia para gestionar bien semejante dotación de recursos humanos. ■

Otros déficits de los directorios: la mitad no tiene experiencia en los sectores que manejan ni conoce el complejo mundo del Estado.