El Gobierno pide a la Justicia que frene un reclamo millonario de Odebrecht
La Oficina Anticorrupción solicitó que pare un pago de $ 1.500 millones por los embargos judiciales.
La Oficina Anticorrupción, junto al Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro de la Nación pidieron una medida cautelar ante la Justicia para evitar que la cuestionada firma Odebrecht cobre $ 1500 millones en concepto de reclamos al Estado Nacional.
La cautelar fue presentada con "carácter de urgente" a raíz del reclamo económico de la empresa brasileña realizado ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "No vamos a permitir que Odebrecht se lleve un sólo peso más del Estado nacional", dijo a Clarín Laura Alonso. Y recordó que la firma está suspendida del registro constructor, por lo cual no puede licitar en ninguna obra pública en la actualidad en nuestro país.
La constructora Odebrecht reclama el pago en el marco de los Contratos de Construcción EPC (CAMMESA) y los Fideicomisos de Gas por la suma de U$ S 45.281.205,30 y $ 457.578.828,18.
El pedido se conoce en momentos en que la OA, el procurador Casal y varios fiscales pidieron a la Cancillería que negocie con Brasil un convenio para que los arrepentidos de Odebrecht declaren ante la justicia argentina. Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la constructora brasileña, declaró ante EE.UU. haber pagado coimas por 35 millones de dólares a ex funcionarios argentinos pero no dio los nombres. A la OA no le corresponde negociar con Odebrecht, sino en todo caso a la justicia brasileña, explicó una fuente del gobierno.
El abogado de Odebrecht argentina, Pablo Di Maggio, dijo hace dos semanas a Clarín que los arrepentidos brasileños están dispuestos a declarar pero sin les dan inmunidad penal y civil y se les aplica la prohibición del doble juzamiento.
La Argentina, junto a Venezuela y Angola, son los tres países que no lo- grar un acuerdo de cooperación judicial con Brasil.
"El pedido de la empresa se basa en el contrato que fuera firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 pero que ahora está cuestionado ante la justicia", expresa el escrito presentado por el Gobierno ante el Juzgado Federal N° 3.
"La presentación apunta a proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe realizando reclamos mientras se llevan adelante las investigaciones por distintos delitos de corrupción y se determina el daño sufrido por el Estado", agrega el documento.
Y cuestiona "el hecho de que alguien pretenda sacar rédito a costa del interés público con fuente en una actividad delictiva, lo que es más grave cuando el pretenso beneficiario es quien estructuró su propia organización para esos fines espurios, como surge en el caso de la hipótesis reconocida por Odebrecht en los EEUU”.
Ahora, el juez Daniel Rafecas, a cargo del juzgado donde se realizó el pedido de cautelar, deberá definir si hace lugar al pedido realizado en conjunto por la OA (querellante en las tres causas sobre Odebrecht en Argentina), la cartera de Energía y la Procuración.
El juez Rafecas dictó el procesamiento del ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios: secretario de Energía, subsecretario de Energía Eléctrica y subsecretario de Combustibles, al considerar que favorecieron a Odebrecht otorgándole el contrato de la ampliación de los gasoductos TGS y TGN (obras 2006 – 2008). A su vez, la empresa Odebrecht reconoció el pago de sobornos en Argentina entre 2007 y 2014 por U$S 35 millones. "Pretenden cobrar ahora otros 1.500 millones de pesos adicionales, además de los 18 mil millones cobrados en la ejecución, basado en contratos que fueron obtenidos en forma ilícita", enfatizó Alonso. ■