Dos de cada tres juicios laborales son por accidentes y enfermedades
Según la auditoría del fuero laboral realizada por la Magistratura, la suba de la litigiosidad supera el 20% anual.
Moldeado bajo el formato peronista y su progresista avalancha de derechos para los trabajadores iniciada hace siete décadas, el fuero laboral de la justicia fue gastando aquella unanimidad hasta quedar bajo la lupa por las supuestas arbitrariedades y abusos de sus sentencias. Las críticas subieron su tono el año pasado, cuando el Presidente se quejó de “la mafia de los juicios laborales”, que “estorban y alejan el crecimiento”.
Más discretos pero igualmente incisivos, los jueces de la Corte Suprema de Justicia también admitieron las demoras y “excesos” en los juzgados laborales, y con dos fallos recientes podaron la exuberancia de indemnizaciones y concesiones casi unánimes ante cualquier reclamo. Pues bien, ahora la discusión comenzará a tener números: según el primer informe de la auditoría sobre los juzgados y cámaras del fuero, el aumento anual de la litigiosidad supera el 20%, por cada diez casos que se inician cada año salen dos sentencias definitivas, y los reclamos por accidentes y enfermedades son mucho más numerosos que los juicios por despidos.
La auditoría, elaborada sobre los juzgados y tribunales del fuero laboral en 2015 y 2016, trae los primeros datos oficiales sobre las causas que tramitan los reclamos de los trabajadores argentinos. Primera sorpresa: en el fuero no existen estadísticas, jamás las hubo. Veamos los números gruesos. En 2015 a manos de los jue- ces laborales llegaron unas 85.000 nuevas causas, y un año después casi 110.000: un 22,7 por ciento más. A través del procedimiento que contempla la ley de riesgos de trabajo, en 2015 ingresaron unas 47.500 causas por accidentes laborales o enfermedades profesionales, y en 2016 unas 71.000. Dos conclusiones rápidas: los reclamos por accidentes concentran dos tercios de todos los juicios laborales, y el aumento de esos casos de un año a otro superó aquella tasa general del fuero, con un 33%.
Los juicios por despido, en cambio, aumentaron 14% de un año a otro: en 2015 se iniciaron unos 24.000, contra casi 28.000 en 2016.
En 2015 se dictaron 18.200 sentencias definitivas aproximadamente (o sea ingresaron 85.000 causas y se sentenciaron 18.200), y en el 2016 ingresaron casi 110.000 y se firmaron unas 24.000 sentencias. Aunque con mucho más trabajo, la tasa de respuesta se mantuvo igual, en el 21%. Es decir que el esfuerzo judicial apenas sirve para tapar el sol con una mano: cada año se suman más de 70.000 casos al stock de juicios en trámite, y en 2016 fueron 86.000.
El análisis, que el titular del Consejo Miguel Piedecasas presentó ante el plenario, requiere mirar otros números. En todo el país el fuero laboral tiene 120 cargos, de los cuales 80 son de primera instancia y 30 de cámaras de apelación. Pero hay 50 vacantes, casi la mitad. En la Magistratura estiman que a fin de año lograrán cubrirlos a todos. ¿Eso arreglará todos los problemas? Difícil.
La auditoría, que también se realizó sobre los juzgados federales -con resultados tétricos- y que se repetirá todos los años, recabó información de 80 juzgados laborales y las 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Piedecasas sugiere que en las próximas ediciones se sumen nuevos datos al trabajo, como la duración de los expedientes por cada juzgado, cuántos de los casos concluidos terminaron con sentencias y cuántos por arreglos entre las partes homologados en los tribunales.
Otras cuestiones delicadas no aparecen en ninguna planilla. La enorme influencia de los sindicatos y de algunos estudios de abogados laboralistas en la promoción de candidatos para los juzgados del fuero, por ejemplo. O las presiones que grandes empresarios y gremios poderosos ejercen sobre la ley hasta deformarla, y sobre algunos jueces hasta domesticarlos. ■