Debatir, el mejor ejercicio republicano
Diputado Nacional (UCR). Ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires
Las audiencias sobre la despenalización del aborto marcan un antes y un después en la Argentina. Reflexionamos acerca de la vida humana, la libertad, los derechos de la mujer, la familia, la salud pública, el orden democrático, el papel del Estado. Se cruzaron al mismo tiempo creencias e ideología con conceptos de ética y política.
Se vio un país que puede debatir con altura y pensarse a sí mismo. Pudimos escucharnos y respetarnos; aprendimos más de nosotros mismos de lo que nos imaginamos. Compartimos ideas con muchos con los que no veníamos coincidiendo en nada y, lo más importante, hubo quienes se permitieron cambiar de posición a la luz de los argumentos del otro. Puedo decir que estamos frente a la oportunidad de avanzar en un sistema institucional que exprese una sociedad justa y estable, de ciudadanos libres e iguales, aunque divididos por sus doctrinas razonables, religiosas y filosóficas, sin dejar a nadie atrás.
Quedó claro que todos defendemos la vida, que el tema no es si estamos a favor o en contra del aborto, y más aún, si las mujeres deben abortar o no. Si fuera esa la discusión, el voto de cada diputado entraría en lo que es un voto de conciencia en la esfera de las creencias personalísimas y privadas.
Coincidimos en que no podemos ser indiferentes frente al aborto: es una desgracia. Pero enfrentamos un problema que existió, que existe y que existirá.
Debemos decidir en qué condiciones se hacen los abortos. Si se sigue penalizando y si admitimos el acceso a la salud pública a quienes toman la decisión.
El aporte del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, fue inmenso al sostener que es un tema de salud pública que requiere de diversos instrumentos para viabilizar su solución. Puso información relevante al alcance de todos, para que nuestras decisiones como legisladores estuvieran basadas en la mejor evidencia, y fue claro al expresarse en contra de la penalización.
La aplicación del derecho penal a la problemática del aborto ha sido absolutamente ineficaz. No ha evitado su práctica y ha empujado a las mujeres a la clandestinidad, generando muertes, graves riesgos y lesionando derechos esenciales de la mujer.
Las democracias más avanzadas han ido abandonando el uso del derecho penal como herramienta para evitar los abortos.
Se trata de entender y respetar las convicciones, las creencias y los valores de los ciudadanos que están a favor y los que están en contra. Se puede estar en contra del aborto y proponer políticas que eviten los embarazos no deseados con las herramientas que nos da la salud pública en la mano.
Ya no se discute que el Estado debe ser eficaz en la provisión de educación sexual y reproductiva, en brindar información acerca de los métodos anticonceptivos y en garantizar la accesibilidad a los mismos. Pero tenemos que avanzar en respetar la autonomía frente a la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no deseado, una decisión personalísima donde el Estado no debe intervenir. Y llegado a este punto, el Estado, desde el sistema de salud pública y dentro del marco de la ley que proponemos, debe garantizar una práctica segura de aborto y el acompañamiento terapéutico para tratar sus consecuencias.
La objeción más importante que se ha planteado en estos días es la basada en la equiparación del feto a la persona, a partir de una creencia acerca del comienzo de la vida que no tiene consenso ni en la ciencia ni tampoco en el Derecho, como ha sido ampliamente documenta- do por expositores que sostuvieron posiciones contrapuestas. Incluso hemos visto cómo decanos de distintas facultades de Derecho postularon interpretaciones contrapuestas respecto de las previsiones legales concernientes a la penalización del aborto. Respetando las otras miradas, considero más consistentes en lo científico y en lo jurídico las que expresan que la vida humana que luego del nacimiento origina la persona en términos jurídicos es un proceso gradual e incremental y que no hay maternidad sin deseo de procreación.
La democracia se caracteriza por el pluralismo, desde que existen en ella muchos puntos de vista razonables. Pero las creencias no deben hacer a la política ni al orden social, ni a la convivencia en la diversidad, porque una creencia siempre es absoluta y dogmática, y, por lo tanto, cuando se impone como universal es autoritaria.
Intentar imponer a una parte de la sociedad, mediante una coacción estatal como la penalización, supuestos modelos de excelencia humana válidos para otra parte de la sociedad debilita los fundamentos mismos de la democracia. La frase del ex presidente de Francia Giscard D’ Estaing es una síntesis perfecta: “Como persona jamás apoyaría un aborto; como Presidente no puedo penalizarlo”. Nos toca hoy como representantes del pueblo asumir nuestras responsabilidades. No podemos seguir llevando a las mujeres sin recursos a un aborto clandestino e inseguro con riesgo de su vida, y condenar a las mujeres de mayores recursos, que lo hacen en forma segura, a la condición de criminales que ocultan un delito. ■