Una concepción autoritaria de los derechos colectivos
Aunque históricamente los derechos colectivos “aparecieron” antes que los derechos individuales, en el plano de la normatividad, la irrupción se configuró de manera inversa. Tanto en la faz de bienes indivisibles que todos pueden disfrutar, sin que nadie se puede considerar su dueño tal como sucede con el ambiente, como en la dimensión que agrupa a muchos derechos individuales idénticos afectados simultáneamente por el mismo acto, como sucede con los usuarios y consumidores, los derechos colectivos fueron incorporados por las Constituciones a fines del siglo pasado como derechos fundamentales y recientemente reconocidos como derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 23/17.
En nuestro país, la reforma constitucional de 1994, los receptó expresamente en relación al ambiente, los usuarios y consumidores, la no discriminación y la defensa de la competencia en los mercados, como así también, estableció mediante la fórmula “derechos de incidencia colectiva en general” una categoría de derechos colectivos implícita que permite hospedar la defensa de otros bienes -como por ejemplo la cultura, salud y la educación- cuan- do se presentan en la modalidad colectiva.
También la Constitución estableció que cualquier cotitular afectado, el Defensor del Pueblo y las ONGs pueden promover acciones judiciales colectivas cuando esta clase de derecho es violada por el Estado o por los particulares. La Corte Suprema de Justicia en el caso “Halabi”, que ocupa un lugar histórico en la jurisprudencia del tribunal, desarrolló el contenido de los derechos colectivos como parte integral junto a los derechos individuales de la regla de reconocimiento integrada por la Constitución y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional.
El principal efecto y consecuencia del advenimiento de los derechos colectivos fue sustraerle al Estado la titularidad del interés público o el bien común, trasladarlo a las personas y a la sociedad en su conjunto y establecer un límite a su accionar a través de los procesos colectivos. De esta manera, se reafirmó la idea de que los derechos son “puestos” en una Constitución o un IIDH para limitar al Estado y no para que el Estado limite los derechos individuales y colectivos que titularizan las personas.
El ministro de Ambiente de la Nación, patrocinado por el Procurador del Tesoro, promovió una acción colectiva contra una ONG en particular y contra todo cotitular, el Defensor del Pueblo y las demás ONGs existentes en nuestro país con el objeto de evitar que puedan promover procesos colectivos respecto de las resoluciones dictadas en torno al aumento de las tarifas de gas. Al igual que sucedió con el gobierno anterior, cuando impulsó la ley que regula las medidas cautelares contra el Estado que aún sigue vigente, el fundamento de la demanda se basa en presuponer que el Estado es titular de derechos que pueden ser opuestos a la personas, lo cual implica retroceder a tiempos anteriores a la revoluciones francesa y norteamericana, recrear los peores fantasmas de los totalitarismos del siglo XX y adherir a los populismos decadentes de la región.
La demanda es irrazonable, improcedente, se sustenta en la eliminación del derecho a la tutela judicial efectiva y debería ser rechazada sin trámite alguno. Es violatorio de la Constitución y los IIDH que un juez habilite un proceso judicial cuyo único objeto es prohibir el acceso a la justicia y evaporar el sistema de derechos bajo una impronta estatalista y autoritaria que afecta principalmente a los sectores más vulnerables y especialmente a las generaciones futuras. ■