Justicia, pero diez años después

El hueco sonido de los bolsos preñados de dólares cayendo sobre la hierba húmeda del proto monasterio de General Rodríguez, una gélida madrugada hace dos años, selló el destino de su dueño, el otrora arrogante secretario de Obras Públicas de la Nación, José López. Semejante procacidad era demasiado, aún para el infalible dispositivo de impunidad desarrollado hasta la perfección en la justicia federal porteña.

López había sido denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans el 28 de julio de 2008, tras una simple comparación de sus declaraciones juradas. Cuando llegó al poder desde Río Gallegos, en mayo de 2003, había declarado bienes por 168 mil pesos. Cinco años después admitía ser dueño de un millón de pesos.

La causa por enriquecimiento ilícito quedó inaugurada ese día, hace casi una década. Y sólo ayer entró en la etapa caliente, la del juicio propiamente dicho. Cuando se conozca la sentencia, en unos seis meses, López podrá apelarla ante la Cámara de Casación, que podría tenerla pisada algunos años más, como ocurrió con el fallo por la tragedia de Once. ¿Escandaloso? Puede ser. Pero absolutamente habitual. La reciente auditoría del Consejo de la Magistratura sobre los juzgados federales porteños mostró que apenas el 8% de las causas por corrupción cerradas entre 1996 y 2016 llegó a juicio. Nueve de cada diez quedaron por el camino.

Ese también podría haber sido el destino del expediente contra José López. Sólo el asombroso episodio de los bolsos, la ametralladora, las joyas y relojes, al mejor estilo tesoro pirata, interrumpió el camino de la causa hacia el olvido. Desde aquella noche, el juez Daniel Rafecas saltó de su silla y multiplicó las medidas de prueba, golpeó la mesa para que una interminable pericia sobre los bienes del ex funcionario trajera resultados, fue al convento y meneó la cabeza, indagó, procesó y aplicó la ley a los acusados con todo el rigor que -finalmente se demostró- tan bien sabía hacer.

Pero esa misma hiperactividad agiganta las dudas. ¿Hacía falta la visita de López al convento para descubrir que su coqueta casa de Tigre no era alquilada sino suya a través de un testaferro? ¿No hubo forma de que entre 2008 y 2016 se lograra saber que el departamento de la avenida Las Heras al 2000 también era de él y su mujer? Ninguna de las pruebas sobre estos dos hechos -que ahora la UIF convertirá en una acusación por lavado de dinero- se obtuvo tras el episodio del monasterio. Después de todo, la simple declaración jurada de bienes de López ya mostraba lo que ahora se juzga. Diez años después. ■