Un fiscal pidió el decomiso de un terreno millonario de la ex Tandanor
Luciani también solicitó a un tribunal oral la indagatoria de Carlos Menem por esta maniobra inmobiliaria.
El fiscal Diego Luciani pidió penas de hasta 4 años de prisión para empresarios y ex funcionarios menemistas y reclamó el decomiso de un terreno estratégico en Puerto Madero. En el juicio oral y público por el escándalo del menemismo llamado caso Tandanor, Luciani solicitó que el terreno, que está al lado del museo de los Inmigrantes, vuelva a ser propiedad del Estado. Además, reclamó el viernes al tribunal sacar testimonios para indagar, también al ex presidente Carlos Menem. El principal funcionario acusado, el ex ministro de Defensa Erman González, ya falleció.
Durante el gobierno de Menem, se vendió Tandanor -donde se reparó el submarino San Juan en el 2016- pero los dueños dividieron el astillero del terreno, ubicado al lado del hotel de los Inmigrantes, donde proyectan hacer torres por un valor de entre 400 y 500 millones de dólares.
Los acusados son Eduardo Tesoriere, quien intervino como asesor en la privatización y luego ofició de representante estatal por el 10% de las acciones conservadas tras la venta al consorcio adjudicatario. El consorcio estaba integrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. (luego Brisard Sudmarine) y el Banco Holandés Unido. La nómina de imputados se completa con los empresarios Alejandro Bofill, Gerardo Donato, Omar Calculli, Miguel Larminat, Juan Andrés Vlastó y Nachat Samman. En la audiencia el fiscal solicitó penas de 4 años de prisión para Vlasto, Boffil, Nachat Saman (empresarios) y para Tesoriere (funcionario). Para el abogado Donato, el fiscal reclamó 3 años y seis meses de prisión, mientras que para De Larminat solicitó 3 años y la absolución de Calculli.
Además, el fiscal solicitó el reintegro del predio de Tandanor a manos del Estado, en especial la llamada Planta I que tiene más de 8 hectáreas. Los acusados, según el fiscal, llevaron a la quiebra el astillero y vendieron parte de las acciones de la empresa que se quedó con el terreno llamada Puerto Retiro. Luego "Pérez Compac vendió un paquete de varios inmuebles, incluyendo el terreno, a IRSA, que compró de buena fe en va- rios millones de dólares", informaron fuentes empresarias. IRSA inició un juicio, a su vez, que está pendiente de resolución en la Corte por lo que este será un caso piloto. En este otro juicio el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, también pidió la restitución del terreno al Estado. Si el tribunal oral hace hace lugar al pedido del fiscal Luciani sería el decomiso más importante por valor del predio dictado ordenado por un tribunal en un caso de corrupción.
Los acusados están procesados por fraude en perjuicio de la administra- ción pública por administración fraudulenta, por el que el Código Penal prevé penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión. El perjuicio causado al Estado fue estimado, por el fiscal, en más de 50 millones de dólares. El proceso se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 a cargo de los jueces Gabriel Nardiello, Sergio Paduzak y Sabrina Namer y el fiscal Luciani. El tribunal oral emitirá su sentencia a mediados de año.
La causa original la instruyó el fiscal Carlos Stornelli en primera instancia. En septiembre de 1990, el gobierno de Menem llamó a licitación para privatizar el astillero Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), dependiente del Ministerio de Defensa en épocas del fallecido Erman González. En el llamado original, la empresa fue tasada en 168 millones de dólares: 8 millones pagaderos en efectivo y 160, en bonos de la deuda Externa Soberana, todo lo cual debía cancelarse indefectiblemente a la firma del contrato. Tras un trámite licitatorio lleno de irregularidades, Tandanor le fue adjudicada a un consorcio de empresas encabezado por CIAMAR (transportista marítimo argentino), Banco Holandés Unido (actual AMR AMRO BANK) y SUD MARINE ENTERPRISES (astillero de origen francés). Una vez adjudicada, Menem emitió un decreto por el cual cambió sustancialmente el precio y la forma de pago por Tandanor: el valor a abonar se estableció en US$ 59.760.000 millones (ya no en bonos, sino en efectivo), pagaderos de la siguiente manera: un adelanto por US$ 7.200.000 y el saldo restante (US$ 52.560.000) cómodamente financiado a nueve años de plazo con tres de gracia. El valor de venta de este predio se “pautó” en la suma de 18 millones de dólares. Ahora bien, tras la realización de cuatro peritajes contables no se había logrado determinar si ese monto realmente ingresó a las arcas del Estado. ■