La pobreza, fuera de agenda
La erradicación de la pobreza y la lucha por una mayor igualdad son ingredientes claves en la construcción de sociedades democráticas, justas y prósperas. Por lo mismo, tales metas se han constituido en objetivos compartidos por los países firmantes de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas.
En este marco, se han establecido metas precisas que deben alcanzar los gobiernos en clave a promover la superación de la pobreza extrema y una disminución de la misma en todas sus formas, todo ello en clave a un desarrollo más integral y sustentable.
Durante los últimos años, la discusión en la Argentina sobre las mediciones de la pobreza ha tenido lugar como si los interlocutores estuviesen de acuerdo con el significado del término. De ahí que el debate se haya banalizado restringiéndolo a la discusión de los métodos y de las cifras que arrojan su medición.
El paroxismo de este fenómeno tuvo lugar unos pocos años atrás con la negación oficial del fenómeno. Pero más allá de que actualmente se disponga de cifras oficiales de pobreza, existe una cuestión mucho más importante que todavía no está resuelta.
La valoración social del problema y el modo teórico de conceptualizarlo imponen las reglas de su medición, así como el tipo de políticas necesarias para a su resolución.
El desafío reviste especial interés por el modo en que la problemática de la pobreza afecta la vida de millones de personas que la padecen y a los millones que la habrán de heredar. En este marco, el ac- tual gobierno ha puesto la meta de una “pobreza cero”. Pero más allá de que la frase pueda constituir un slogan político, destaca la falta de un acuerdo normativo, es decir, político, sobre el significado de este objetivo.
Desde una perspectiva empirista es posible asumir que la pobreza es aquello que mide los indicadores utilizados para su identificación. Sin embargo, el problema de cualquier medición es más complejo. El significado de un concepto está dado por las unidades a las que se refiere el enunciado y por el sentido teórico que dicho concepto arrastra.
Desde esta perspectiva, similares proposiciones formales, en este caso referidas a la pobreza, pueden tener significados distintos en el marco de diferentes teorizaciones. Esto mismo ocurre con los criterios que orientan la selección de los indicadores para la identificación del fenómeno y del método de agregación. Pero un efecto aún más importante está dado por el hecho de que los significados que definen un determinado problema social configuran los criterios que orientan su solución. Es evidente que establecer el nivel en que pueda ser erradicada la pobreza dependerá del enfoque teóricoepistémico que esté detrás de su medición.
Distintos conceptos llevan a aproximaciones metodológicas diferentes, con resultados distintos en materia de incidencia y descripción del fenómeno; todo lo cual conduce a distintas interpretaciones acerca de las maneras en que se podría avanzar para su erradicación. Algunos entienden a la pobreza como insatisfacción de necesidades económicas básicas, como por ejemplo, la falta de un ingreso mínimo; mientras que para otros la pobreza se define como la imposibilidad de acceder a un estándar de vida normativamente establecido dado el grado de desarrollo de una sociedad. ¿A cuál de estas “pobrezas” se hace referencia cuando se convoca oficialmente a erradicar la pobreza? En los últimos años, el estudio de la pobreza desde lo multidimensional ha ganado presencia en los debates tanto académicos como políticos. Bajo esta perspectiva, la medición del fenó- meno por índices unidimensionales, los cuales remiten –en general- a variables monetarias, resultaría insuficiente para lograr un diagnóstico acabado de las privaciones que violentan derechos sociales. Siguiendo esta perspectiva, existen en la actualidad un amplio abanico de dimensiones del desarrollo económico, social y ambiental que deberían ser considerados para la evaluación de la pobreza.
En la práctica, poner en juego políticas orientadas a superar estas privaciones significaría elevar el bienestar social, promover el consumo, reducir la desigualdad y generar más y mejores empleos para todos, erradicar la precariedad laboral, garantizar la seguridad alimentaria, la salud y la educación, promover el desarrollo humano de las nuevas generaciones, es decir, hacer posible una ciudadanía plena para todos los habitantes.
No es inocuo -desde el punto de vista políticoel modo en que se define, se mide y se analiza la pobreza. Pero entender las causas por lo cual este ideario sigue estando lejos de realizarse, y actuar en consecuencia, no implica un dilema metodológico. Es c laro que negar el enunciado, tanto como trivializarlo, constituye el modo en que tienen algunos ricos y gobernantes de este país para ganar inimputabilidad.
El primer desafío de una política legítima que apunte efectivamente a “erradicar la pobreza” en la Argentina es poner en valor los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad, y a partir de ahí, conformar una coalición política que ponga en la agenda la necesidad de una mayor justicia fiscal, ampliando la capacidad de recaudación del Estado sobre las ganancias, rentas y consumos de los ricos, transfiera a los pobres un ingreso ciudadano de bienestar, y garantice mejores bienes y servicios públicos para toda la población. Para todo ello necesitamos mucho más que un simple programa de estabilización y crecimiento. La persistente ausencia de al menos un debate político al respecto constituye un claro indicador de que el problema de la pobreza es un título todavía sin agenda. ■