Correo: la OA plantea que Macri no vulneró normas de ética pública
La Oficina Anticorrupción defiende el accionar del Presidente y del ministro Oscar Aguad.
La Oficina Anticorrupción presentará el lunes una Resolución firmada por su titular, Laura Alonso, donde plantea que el presidente Mauricio Macri "no vulneró las normas de ética pública" en el caso del Correo Argentino, empresa que pertenece a su padre Franco, sus hermanos e hijos.
El organismo "no detectó ninguna participación del Presidente" en el polémico acuerdo que firmó el Gobierno con el Grupo Macri, decisión que hace más de un año fue duramente cuestionada por la fiscal Gabriela Boquín.
Pese a que la fiscal Boquin dictaminó que era "palmaria" la existencia "de un conflicto de interés" entre Macri y sus funcionarios, la Resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) plantea que no hubo irregularidades en las actuaciones de Macri, del ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ni del entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa, ya que la prohibición de intervenir al Presidente no se transmite al resto de los fun- cionarios del Gobierno.
La OA cuestionó el dictamen de la fiscal Boquin, que llevaría a "una parálisis total del funcionamiento estatal" si se siguiera su "particular tesitura", en la cual se seguiría estirando el concurso de acreedores.
En un encuentro con la prensa, Laura Alonso explicó los alcances de la Resolución: "Pese a lo que dictaminó la fiscal Boquín, Macri no transgredió el régimen de conflicto de intereses, ni omitió su deber de abstención en los temas vinculados al Correo", dijo Alonso.
Y agregó que la OA estableció en su Resolución que Macri "debe abstenerse de intervenir" en forma directa en cualquier asunto vinculado al Correo Argentino y a sus empresas controlantes SOCMA y Sideco, "dado que familiares directos poseen intereses financieros en ellos".
Según planteó Alonso, esa prohibición no es extensiva a los funcionarios del Gobierno, que deben intervenir para resolver un conflicto que el Estado arrastra desde hace 15 años, cuando Néstor Kirchner decidió cancelar la privatización del Correo.
Hay que recordar que cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $ 296 millones y entró en concurso de acreedores.
En 2003 Néstor Kirchner dio de ba- ja esa concesión. Desde entonces, los ex dueños del Correo incrementaron su participación en la empresa controlante y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por $ 1.700 millones, para compensar las inversiones realizadas; mientras que el Estado reclamaba los $ 296 millones, con un porcentaje de interés que actualizara la deuda original.
El Gobierno llegó a un acuerdo a mediados de 2016, para que el Grupo Macri pague $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fin de ese año la fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional". En esa ocasión, Boquín calculó en más de $ 4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $ 70.000 millones de pérdida en el año 2033.
Ese acuerdo cayó en febrero del año pasado, en medio de fuertes polémicas por la aceptación del Gobierno de un convenio que perjudicaba al Estado. Y se inició una causa contra Macri, Aguad y Mocoroa, que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, donde el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a los tres funcionarios, ya que "se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa Correo Argentino".
La Resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) que se presentará el próximo lunes podría aliviar la situación judicial de Macri, Aguad y Mocoroa, en la causa que lleva adelante el juez Lijo. Pero al igual que la Procuración del Tesoro, la OA sostiene que corresponde analizar la responsabilidad legal de todos los funcionarios que a lo largo de 16 años participaron en "la extraordinaria dilación de este juicio y provocaron un detrimento del crédito del Estado Nacional".
En diálogo con la prensa, Laura Alonso destacó el dictamen que el mes pasado elevó el titular de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, donde se afirmó que la falta de resolución de este caso perjudica al Estado, porque mientras la empresa sigue en concurso de acreedores se suspende la actualización de la deuda, que en 2001 era de casi $ 300 millones, cuando un dólar costaba igual que un peso argentino. ■