Ley de Educación Sexual: las provincias deberán rendir cuentas sobre su aplicación
Será ante una comisión especial que se creará en el Congreso si se aprueba en el Senado el proyecto de aborto legal.
El debate por la despenalización del aborto y la presión de los pañuelos verdes trajo unas cuantas novedades a la política y a la cultura argentina. Una de ellas es el súbito consenso sobre la necesidad de que chicos y adolescentes reciban educación sexual en las escuelas. Era uno de los tantos temas “tabús”, de los que se hablan a media voz, cuando directamente no se lo obstaculiza en forma deliberada. De hecho, hace 12 años está vigente la ley de Educación Sexual Integral (ESI) –que garantiza a todos los chicos del país el derecho a recibir esa formación-, pero no se cumple cabalmente. Informes independientes indican que sólo 2 de cada 10 alumnos la reciben en el aula de manera habitual, que apenas el 20% de los docentes fueron capacitados y que hay muchas diferencias entre las provincias.
El proyecto sobre aborto legal votado por Diputados el miércoles tomó en cuenta este déficit y, en uno de sus artículos sumados a último momento, obliga a los funcionarios de los diversos Ministerios de Educación a informar en el Congreso qué obstáculos tienen para aplicar aquella ley. Esos informes deberán hacerse ante una Comisión Bicameral de Segui- miento de las leyes sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual, que deberá formarse una vez que la ley de aborto legal sea aprobada y promulgada. La Comisión estará formada por siete diputados y siete senadores, “respetando la proporcionalidad de cada representación legislativa” y será presidida, anualmente y en forma alternativa, por cada cámara.
Entre otras funciones, deberá “receptar denuncias y/o informes provenientes de miembros de la comunidad educativa sobre la falta u obstrucción de la aplicación efectiva de la ley”; así como impulsar nuevas normas, o reformas, con el fin de remover los obstáculos que se hayan presentado y favorezcan el logro de los objetivos de la educación sexual, entendida no solo en su aspecto biológico, sino también psicológico, social, afectivo y ético.
El problema central que viene a resolver la Comisión Bicameral es que, si bien el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que crea la ley de ESI funciona desde 2008 -produce material para las escuelas y capacitación para los docentes- en los hechos hay múltiples trabas que no les permite avanzar.
Según pudo saber Clarín, durante todos estos años unas cuantas provincias recibían los materiales, pero no los distribuían a las escuelas y también rechazaban la oferta de formación docente sobre ESI –tanto virtual como presencial- que se les hacía desde el Instituto Nacional de Formación Docente. Algunos calculan que, de seguir a este ritmo, recién se podrá garantizar el derecho a educación sexual a todos los chicos argentinos dentro de 60 años.
“Ahora firmamos en el Consejo Federal una nueva resolución que fortalece el compromiso que deben tener las provincias con la ESI”, dicen en el Ministerio de Educación, al tiempo que reconocen que la dificultad de avanzar se debe, en buena parte, a que es una “política contracultural”, que trata temas como equidad de género, igualdad entre el hombre y la mujer, interrupción del embarazo, respeto por nuevas identidades de género, entre otras cuestiones difíciles para muchos adultos.
La nueva resolución consensuada por todos los ministros de educación provinciales, hace menos de un mes, ahora los obliga a dictar ESI en la formación inicial de los docentes, garantizar que exista enfoque de ESI en todas las escuelas del país -ya sea de manera transversal como en espacios curriculares específicos-, que haya un equipo docente referente en ESI en cada escuela, e incluir contenidos de ESI en las evaluaciones a todos
los docentes del país que se hagan en el marco de concursos de ascenso.
La Comisión Bicameral deberá vigilar que todo esto se cumpla. “Buscamos que el Congreso tenga una herramienta ágil y concreta para seguir el cumplimiento de las normativas. La educación sexual integral no estará más sujeta a la voluntad de las jurisdicciones, sino que deberá implementarse. Y para eso se requiere un compromiso transversal de las instituciones y el Estado para que se lleve a cabo, teniendo en cuenta las mismas cuestiones ideológicas y culturales que se reflejaron en el recinto”, le dijo a Clarín el diputado José Luis Riccardo, uno de los impulsores de los artículos relacionados con la dimensión educativa en el proyecto de legalización del aborto.
Según Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), y una de las especialistas más involucradas en el tema, la Comisión Bicameral “es una muy buena iniciativa porque es necesario que los legisladores no solo hagan leyes, sino que controlen su aplicación”. “Esto se debe encarar como una tarea de monitoreo por parte de los parlamentarios de leyes que después de más de 10 años de sancionadas no se implementan, o se las implementa parcialmente”, dijo.
Algunas ONG denunciaron hace poco una “subejecución” de partidas presupuestarias vinculadas a la ESI. Desde el Gobierno lo niegan y, por el contrario, afirman que ya se comprometió una partida de 100 millones de pesos para 2018, 150% más que los 40 millones destinados en 2017. Con ese dinero se debe avanzar en la publicación de material y en capacitaciones para docentes de todo el país.
Consultados sobre el actual nivel de implementación de la ESI, desde el Gobierno insisten que se está haciendo “de forma gradual”. Y afirman que desde el año que viene van a disponer un monitoreo bien preciso en todo el país a través de una herramienta que, aseguran, están preparando junto a Unicef. ■