“No me puedo ir sin mi hijo”, el ruego de una madre deportada
Testimonio. Un creciente número de familias son separadas y sus casos acaban perdiéndose en la burocracia estatal. Un drama que afecta a miles de latinos.
Había hecho un plan: Elsa Johana Ortiz Enríquez empacó lo poco que tenía en Guatemala y viajó atravesando México con su hijo de 8 años, Anthony. Formando un grupo, ingresaron en una balsa por el Río Grande a Texas. Desde allí, tenían la intención de reunirse con su novio, Edgar, que había encontrado trabajo en la construcción en Estados Unidos.
Pero todo salió mal. La Patrulla de Frontera los estaba esperando mientras seguían su camino desde la zona limítrofe el 26 de mayo, y pronto, madre e hijo estaban en un centro de detención atestado en el sur de Texas. Lo que pasó luego fue tan rápido, que aún hoy, Ortiz no lo puede entender: Anthony fue enviado a un refugio para niños inmigrantes. Mientras a ella la subieron a un avión rumbo a Guatemala.
“Estoy totalmente devastada”, dijo Ortiz, de 25 años, en una de las entrevistas en video la semana pasada, desde la casa de su familia en Guatemala. Con los ojos hinchados de tanto llorar y la voz quebrada, contó que no tenía idea de cuándo ni cómo volverá a ver a su hijo nuevamente.
Mientras el gobierno de EE.UU. sigue separando familias como parte de un programa incrementado de aplicación de la ley contra quienes cruzan la frontera ilegalmente, las autoridades dicen que se supone que los padres no deben ser deportados sin sus hijos. Aunque los abogados especialistas en inmigración afirman que ha sucedido en varios casos. Y las separaciones pueden ser traumáticas para los padres que ahora no tienen un camino claro para recuperar a sus hijos.
“A partir de nuestro trabajo en la frontera, hemos visto un aumento significativo en la cantidad de madres separadas de sus hijos, y muchas de ella han informado que ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse antes de la separación”, dijo Laura Tuell, abogada global voluntaria en Jones Day, un estudio jurídico internacional que brinda asistencia a refugiados en Texas, cuyos abogados hablaron con Ortiz.
Los críticos dicen que la saga de Ortiz es el último indicador de que la nueva estrategia de implementación de la administración fue desplegada sin una planificación adecuada. “No puedo trasmitir de manera suficiente el caos total que hay”, dijo Michelle Brané, directora de derechos de los inmigrantes y justicia en la Comisión de Refugiados de Mujeres, una organización de investigación y respaldo que monitorea las cuestiones inmigratorias. “El gobierno no tiene un sistema apropiado implementado para rastrear a las familias y coordinar”.
En algunos casos, padres e hijos pasan semanas sin poder comunicarse y sin saber el paradero uno del otro. Desde el 19 de abril al 31 de mayo, un total de 1.995 niños que llegaron con 1.940 adultos fueron separados de sus padres, de acuerdo con los funcionarios de la administración.
Los niños cuyos padres son arrestados son transferidos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos; allí, su personal los examina, les encuentra vivienda y asume la responsabilidad sobre ellos.
Desde ese momento, los padres e hijos inmigrantes se convierten en casos legales separados en el laberinto de la burocracia y mantenerlos relacionados ha demostrado ser un desafío. Los menores y los adultos reciben diferentes protecciones legales en el sistema de inmigración, y como resultado, reunir a las familias puede llevar meses o más, afirman varios expertos en leyes.
“Una vez que el progenitor y su hijo son separados, van por caminos le- gales separados”, dijo John Sandweg, director en funciones de Inmigración y Control de Aduanas durante la administración Obama. “Hay mucho riesgo de que los padres y los hijos queden separados permanentemente”, agregó el experto.
El mayor temor de Ortiz es que no podrá regresar a Estados Unidos a reclamar la custodia de su hijo, y que sin su intervención, no se lo devolverán. La historia de cómo llegaron los dos a Estados Unidos incluye años difíciles de ser madre soltera en Guatemala, con las desventajas económicas y las amenazas de violencia de desorden creciente en su comunidad.
Cuando decidió intentar suerte fuera de Guatemala, Ortiz -temerosa de los pandilleros que cada vez más atacaban a la gente en su vecindariodecidió que sería mejor llevarse a su hijo y reunirse con Edgar en los Estados Unidos. Llegaron a Texas a salvo, pero poco después, mientras caminaban por la calle, fueron interceptados por agentes de frontera, arrestados y llevados a prisión. Ortiz dijo que fue entrevistada al día siguiente por funcionarios de frontera, y que en ese momento fue cuando le dijeron que la iban a separar de su hijo.
“Comencé a llorar y llorar”, dijo. “Les rogué, por favor, que no lo hicieran. No se lo lleven”. Aproximadamente una hora después de que el funcionario hablara con ella en el centro de detención, se escuchó una voz que pronunciaba el nombre de su hijo. Madre e hijo se pusieron de pie y ante las protestas en voz alta de Ortiz, se llevaron a Anthony. Una niña de 12 años se fue con él.
Pocos días después, dijo Ortiz, abordaba un ómnibus repleto de inmigrantes y fue llevada ante el tribunal federal en el sur del Estado de Texas, donde se declaró culpable de ingreso ilegal al país. “Éramos tantos, y todos aceptábamos lo que decía el juez”, recordó acerca de la audiencia masiva.
En un momento, un oficial de inmigración le entregó una nota manuscrita en un pedazo de papel de color rosado con las palabras “Llama al refugio a tu hijo” y un número de teléfono. Pero antes de que Ortiz pudiera acceder a un teléfono para hacer la llamada, otro oficial la reclamó junto a otras mujeres para informarles que ya tenían sus lugares reservados en un vuelo de deportación que salía enseguida. ¿Qué pasó con Anthony?, preguntó. Nadie la escuchó. ■
“Comencé a llorar y les rogué, por favor, que no se lo llevaran”, dijo Ortiz en su desesperado relato.