La aplicación de la ley de víctimas
Qué alcance poseen las leyes? ¿Cuándo y cómo abandonan su estatuto de letra inerte y adquieren la fuerza de la letra viva que, si es obedecida, puede transformar la vida de las personas? Contamos con un ejemplo reciente de esa química legal. En julio del año pasado fue promulgada la ley 27.372. La norma reconoce el derecho de las víctimas de delitos a ser informada y a expresar ante el juez todo cuanto estime conveniente.
El desamparo en el cual el Estado deja a las víctimas de delitos de sangre fue reconocido anticipadamente por el juez nacional de Ejecución Penal N° 4, Marcelo Peluzzi, quien a mediados de 2016 se comprometió a informar a las víctimas antes de resolver cualquier eventual pedido del abogado defensor a favor de l asesino de mi hijo Ezequiel; desde el otorgamiento de salidas transitorias, libertad anticipada o hasta la libertad condicional.
Aun cuando se tratara de la concesión de un único juzgado, fue el primer pronunciamiento judicial en el ámbito nacional que reconoce a las víctimas un derecho que ya ha sido recogido en el plano internacional por la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, a través de normas que garantizan a la víctima el acceso a todas las etapas del proceso penal, incluida la del cumplimiento efectivo de la pena impuesta a sus agresores.
Pero este avance del juez Peluzzi fue apenas un tímido esbozo. Una vez promulgada la ley a mediados de 2017, en abril la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió no hacer lugar a las salidas transitorias presentado por la defensa de un condenado por una tentativa de homicidio. El voto del juez Gustavo Hornos, acompañado por los otros integrantes del tribunal, tuvo en cuenta los intereses de la víctima, y no sólo los del procesado o condenado.
Y ante la objeción de que se estaba aplicando retroactivamente la ley, el juez Hornos replicó que el delito juzgado en su momento, se había juzgado de acuerdo con la ley vigente en aquel entonces. No obstante, alegó, la solicitud por parte del defensor de salidas transitorias es un evento nuevo y como tal, corre s ponde que sea juzgado con arreglo a la nueva normativa, es decir de acuerdo con la ley que ordena escuchar a las víctimas.
Es más: antes de la nueva ley, las víctimas ya estaban amparadas por todos los derechos citados en el fallo. Lo que prueba que las más de las veces, no se viene ejerciendo el derecho sino decidiendo discrecionalmente por una ideología que impregnó las decisiones de los jueces.
Ese derecho tampoco puede petrificarse cuando las sociedades, y los delitos que en ellas conviven, cambian vertiginosamente. De allí la necesidad de encaminarse a otorgar a las víctimas un verdadero estatuto jurídico y los derechos efectivos para ser representadas en los procesos judiciales.
La relevancia de este fallo radica en que la Cámara de Casación Penal inaugura una pauta de acción a las instancias inferiores. Por cierto, la norma continúa siendo insuficiente una vez que se la compara con otras legislaciones genuinamente progresistas, las que reconocen ampliamente la necesidad de compensar legal y económicamente a la víctima por el daño sufrido. Al fin de cuentas, de todos los involucrados en una causa penal, la víctima es la única que no desea estar allí. Y de “convidada de piedra”, pasó a ser “convidada con voz” .
Ya no se trata de reivindicaciones ilusorias o discrecionalmente aplicables: la víctima tiene el derecho a exigir que sea escuchada en cualquier tipo de trámite que realice el imputado o condenado para obtener un beneficio. Y en respeto a la libertad de expresión, el derecho a ser escuchada implica el derecho a pronunciarse libremente an- te el tribunal. Sin embargo, pese a que la ley garantiza a la víctima capacidades elementales de actuar, todavía no se la reconoce como parte de la causa. Y esas capacidades de actuar no son igualadas a las que benefician desde siempre al condenado.
En otro marco jurídico, e l caso Kenna versus US District Court del año 2006 ilustra la intención del Congreso de los Estados Unidos de garantizar la participación de quienes sufrieron un delito en la determinación de la pena. Mediante un genuino cambio de paradigma, la ley concede a la víctima una significativa capacidad de actuar, reconociéndola como parte de la persecución judicial, como lo es el Estado y el procesado o condenado . A propósito de esta innovadora visión, la revista jurídica canadiense Criminologie publicó un artículo firmado por Tyrone Kirchengast , quien señala allí que “la ley fue promulgada para que las víctimas de crímenes sean partes del sistema de justicia penal. Los fiscales y los acusados ya tienen el derecho de expresarse sobre la determinación de la pena. Nuestra interpretación pone a las víctimas de crímenes graves en un pie de igualdad. Busca también satisfacer otros objetivos previstos por la ley: (1) asegurarse de que el tribunal no minimice el impacto del crimen en las víctimas, (2) confrontar al acusado con el costo humano de su crimen y (3) permitir a la víctima ´reencontrar su dignidad y el respeto de sí en lugar de un sentimiento de vergüenza e impotencia”. Reconocer la capacidad de las víctimas implica no sólo abandonar la minimización de su participación sino ofrecerle la oportunidad de incluirla plenamente en el proceso penal de orden público a través de la representación de un abogado querellante a cargo del Estado. O en su defecto, una indemnización que permita afrontar esos honorarios. De allí que si bien celebramos la norma, el Estado argentino todavía está en deuda con la s víctima s , en tanto y en cuanto no se respeta el principio de igualdad ante la ley. Y, más allá de los principios, esperemos que quienes son responsables de la vida y de la muerte de la gente tomen conciencia de que su firma no es un acto meramente burocrático. Pues con su firma, pueden ejecutar a inocentes. Aquellos que no eligieron estar allí. ■