Otra vez la Justicia frenó el plan para modernizar y llevar a los barrios el sistema de grúas
Un juez porteño anuló la ley que llamó a una nueva licitación. Las dos empresas de acarreo trabajan con contrato vencido desde 2001. Y suman quejas de los vecinos.
En una contienda jurídica que lleva casi cuatro años, cuando el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri intentó por primera vez ampliar el estacionamiento medido en la Ciudad, las autoridades porteñas volvieron a recibir un fuerte revés por parte de la Justicia. Un juez declaró inconstitucionales los artículos de la ley que autorizan la relicitación del servicio y su expansión a los barrios.
Así, y hasta tanto se resuelva la disputa judicial o se rehaga la ley, las concesionarias STO y SEC seguirán operando como desde 2001: con contrato vencido y prorrogado. Se trata de un servicio que acumula quejas (ver “Servicio cuestionado...”).
La medida fue firmada por Francisco Ferrer, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23. Anuló varios artículos de la ley N° 5.728 (modificatoria de la ley N° 4.888). Fue en el marco de un recurso de amparo presentado por Gustavo Desplats, asesor del ex legislador Gustavo Vera, con el apoyo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una organización que suele presentarse ante la Justicia contra medidas impulsadas por el Gobierno porteño.
La ley fue aprobada en 2016 con 33 votos, del PRO y la Coalición Cívica. Planteaba autorizar la licitación del servicio de acarreo de vehículos por diez años. Pero según dijeron los amparistas, y ahora aceptó el juez, debería haber sido sancionada por 40 votos y con una aprobación en “doble lectura” que incluyera una audiencia pública intermedia.
El juez argumentó que la ley “toda vez que dispone sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establece concesiones y constituye derechos sobre el dominio público por un plazo que supera los cinco años, debió haber contado para su sanción con la mayoría agravada” de 40 votos.
En la Secretaría de Tránsito y Transporte confirmaron que apela- rán el fallo. Entienden que el estacionamiento medido es “un servicio público de regulación del tránsito, por lo que no es necesario someter el tratamiento de la ley a un procedimiento de doble lectura”. Y citaron que en 2014, en una situación similar, la Cámara de Apelaciones les dio la razón.
Con este traspié judicial, el Gobierno porteño deberá definir sin dilaciones la situación. Los tiempos legales disponen que si en el plazo de 18 meses, contados a partir de la promulgación de la frenada ley no se adjudicaba la concesión, el Poder Ejecutivo debía estatizar el servicio. Para los amparistas, este plazo venció 9 de ju- nio, así que entienden que la Ciudad deberá asumir la prestación del servicio “inmediatamente”.
Desde el Gobierno porteño, en cambio, dicen que, como esa cláusula estuvo suspendida, los plazos no vencieron. Y, por lo tanto, no existe necesidad de estatizar.
Ya durante la gestión de Aníbal Ibarra se había intentado renovar la concesión. Desde la llegada del macrismo a la Ciudad, hubo cuatro antecedentes fallidos. La única certeza es que el acarreo, que cuesta $ 950, sigue engrosando las arcas de las empresas. Las operadoras STO y SEC se reparten el norte y sur de la zona concesionada, levantan 13.000 autos al mes y recaudan más de $ 8.500.000 entre ambas. Por este ingreso, le abonan al Estado el módico canon de $ 55.000 mensuales cada una.
El plan para llevar las grúas a los barrios tampoco resulta del todo satisfactorio para los vecinos, legisladores opositores y entidades civiles. En alerta están, sobre todo, quienes viven en los barrios más alejados.
El proyecto plantea que las dos zonas donde funciona se amplíen a cinco, y de las 4.000 plazas tarifadas que existen para aparcar se pase a unas 80.000 (sobre un total de 350.000 plazas disponibles). Según el Observatorio, esto representa el 23% del total de lugares posibles. En cuadras, de las cerca de 24.400 que hay, 10.000 quedarían alcanzadas por la medida.
Además, las grúas serían controladas por el Estado porteño, la recaudación iría directamente al Fisco y las
empresas sólo cobrarían un canon por su prestación. Las grúas estarían vigiladas con GPS y filmaciones.
En paralelo, el Gobierno porteño trabaja en el sistema de parquímetros. Las obsoletas ticketeras serían reemplazadas por 2.200 terminales que permitirán pagar el estacionamiento, renovarlo y hasta encontrar lugar desde el celular. Si bien esta otra licitación no está alcanzada por el fallo del juez Ferrer, tampoco puede avanzar en la medida en que no quede establecido el nuevo servicio de estacionamiento pago, según explicaron en el Gobierno porteño. Mientras tanto, habrá que seguir pagan- do con monedas, el único sistema que aceptan las tickeadoras actuales. Las nuevas terminales permitirán el pago con tarjeta de crédito, débito y SUBE, y reemplazarán el ticket en papel (que ya no deberá ser exhibido en el parabrisas) por una factura digital. A su vez, desde una app se podrá renovar el tiempo de estacionamiento, y acceder a un mapa para conocer la disponibilidad de espacios. Con el sistema renovado habrá dos tipos de tarifas: una progresiva en los centros comerciales, que se pagará más cara conforme el auto pase más tiempo estacionado; y otra plana para las zonas con menos tránsito. ■