Ordenan en Ecuador la detención del ex presidente Correa
Una jueza pidió su detención a la Interpol. Lo acusan de haber ordenado secuestrar en 2012 a un opositor. “Es un complot”, dijo el ex mandatario, que reside en Bélgica.
Lo pide una jueza por el intento de secuestro de un diputado opositor, ocurrido en Colombia en 2012.
La justicia ecuatoriana ordenó ayer la prisión preventiva contra el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), quien reside en Bélgica, por su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en Colombia en 2012.
En su decisión, la jueza Daniela Camacho negó el pedido de la defensa del ex mandatario y, tras disponer su arresto, emitió un pedido a Interpol para que cumpla con la detención, según señaló anoche la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La magistrada Camacho acogió de tal modo los pedidos del fiscal general, Paúl Pérez, por la supuesta participación de Correa “en los delitos de asociación ilícita y secuestro”, señaló a su vez la Fiscalía en la misma red social.
Anoche, Correa se declaró víctima de “un complot” y anunció por Twitter que “en las próximas horas enviaré un vídeo por redes”.
Correa está en la mira de la justicia por el secuestro frustrado del ex diputado opositor Fernando Balda, quien era un duro crítico del gobierno del entonces jefe de Estado, a cuyo régimen acusaba de corrupción, mientras que el mandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.
Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo en agosto de 2012. Se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neu- tralizaron al vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.
Poco después, la justicia de Colombia falló que tres agentes de inteligencia ecuatorianos habían contratado a delincuentes comunes, ahora en prisión, para secuestrar a Balda.
Por el caso ya están detenidos tres agentes de Inteligencia y un ex comandante de la Policía, así como pesa orden de prisión sobre Pablo Romero, un exjefe de la Secretaría (ministerio) Nacional de Inteligencia que está en España y cuya extradición fue pedida por Ecuador.
En la audiencia de ayer, antes de que la jueza ordenara la prisión preventiva de Correa, el fiscal Pérez había solicitado la prisión para el exmandatario “por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica” ante la secretaría de la Corte Nacional de Justicia en Quito. La defensa de Balda, presente en el lugar, apoyó la petición y la decisión final quedó a cargo de la jueza, que finalmente apoyó los reclamos.
Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, debió acudir el último lunes a la Corte Nacional Judicial en Quito, pero a su libre albedrío se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, con la intención de acatar la medida cautelar que le había sido impuesta tras su vinculación penal al caso el pasado 18 de junio.
Según la disposición judicial de ese día, Correa debía presentarse ante la Corte cada quince días a partir del 2 de julio, medida cautelar que, a juicio de la Fiscalía, ha desoído y por lo tanto corresponde la imposición de la prisión preventiva.
La jueza aceptó entonces el criterio del fiscal que había pedido que se notificara a Interpol la petición de arresto del ex presidente mediante la difusión de un “alerta roja” para su captura y extradición.
Por su parte, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, rechazó ante la jueza el pedido de arresto y solicitó que aceptara una sustitución de medidas cautelares para que Correa pueda presentarse en el Consulado en Bélgica. El ex presidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ya había comparecido anteriormente desde esa legación mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación del caso.
Correa rechaza cualquier participación en el secuestro, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación personal en los hechos y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática. “Se inventan un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma, Lula o Cristina”, advirtió recientemente.
El pedido de arresto se produce, de todos modos, en un cuadro de enfrentamiento de Correa con el actual jefe de Estado, Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente hasta ganar las elecciones y asumir como sucesor del líder de “Socialismo del siglo IXXI” en mayo de 2017.
Moreno, al comenzar su mandato,
demostró rápidamente que no sería un títere de Correa e inició un gobierno distinto al de su antecesor. Se convirtió en un feroz crítico del ex presidente, al que acusa de haber derrochado la renta petrolera y de haber liderado un gobierno corrupto, silenciando a la disidencia. Tras ganar un referendo en febrero último en el que la ciudadanía cortó la posibilidad del regreso al poder de Correa, Moreno lanzó una reversión completa de políticas de su antecesor. En ese marco, Jorge Glass, aliado de Correa y reelegido vicepresidente con Moreno, fue a la cárcel, condenado a seis años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.