Polémica por una agencia que definirá qué nuevos remedios y tratamientos se incorporan al PMO

Hará recomendaciones vinculantes al Ministerio de Salud. Cuestionan que varios integrantes de su comité sean los que deben pagar las prestaciones, como obras sociales y prepagas.

El Gobierno envió al Senado un proyecto de creación de un organismo que se encargará de evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos que cubrirán el sector público y el Programa Médico Obligatorio ( PMO). Es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que emitirá una recomendación vinculante que luego el Ministerio de Salud deberá evaluar y decidir si ese medicamento o tecnología se incorpora como prestación. La iniciativa genera polémica por quiénes serán los actores que integrarán ese ente, que serán los encargados de aprobar nuevos tratamientos y remedios.

El proyecto se encuentra ahora en debate en la comisión de Salud, donde el ministro Adolfo Rubinstein dijo días atrás que el objetivo de esta agencia es ampliar la cobertura efectiva de salud y focalizar “en qué cosas se irán incorporando a la cobertura”.

Clarín habló con el ministro, que explicó: “La agencia, a futuro, es la que va a redefinir el Programa Médico Obligatorio. Va a emitir una recomendación vinculante sobre coberturas, a partir de la evaluación que haga un organismo técnico y va a definir en qué circunstancias se debe dar esa cobertura. El Ministerio de Salud es el que después decide. Pero en la agencia van a participar todos los actores involucrados que harán las evaluaciones y emitirán su recomendación”.

La creación de una agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud es un compromiso que la Argentina firmó en 2011 ante la Organización Pan- americana de la Salud (OPS) junto a otros países de la región. En aquel momento la Argentina creó la RedArets, conformada por 11 nodos provinciales y que se dedica a la evaluación de tecnología de salud, aunque sus decisiones no son vinculantes.

Santiago Hasdeu, coordinador ejecutivo de la RedArets, consideró que uno de los grandes problemas del sistema de salud argentino es “el nivel de fragmentación y segmentación que hay, lo que hace que coexistan cientos de sistemas diferentes (nacionales, provinciales, municipales, públicos y privados) en el mismo territorio con diferentes capacidades de acceso y cobertura”.

Hasdeu dice que la función de la agencia es “preguntarse si vale la pena cada intervención sanitaria y de qué manera debería realizarse. O si lo que se supone que es lo mejor que hay (en el mercado) es efectivamente así o en realidad no sirve, o ver en qué casos sí serviría”.

La agencia nueva agencia, en caso de aprobarse la ley, debería ser la encargada de responder esas pregunta en base a evidencia científica y teniendo en cuenta otros factores, como capacidad de pago y organización del sistema de salud.

El proyecto fue redactado por el senador Federico Pinedo y detalla que la agencia estará conformada por un directorio de cinco miembros (un presidente, un vicepresidente y tres directores), cuatro de ellos designados por el Poder Ejecutivo, y uno propuesto por el Consejo Federal de Salud (COFESA). También habrá una Comisión Técnica Consultiva, que tendrá 11 miembros permanentes que ejercerán su función “ad honorem” y estará conformada por: un representante de la Superintendencia de Salud; un representante de las obras sociales provinciales; un representante de PAMI; dos representantes de obras sociales; un representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación; un representante de organizaciones de pacientes y usuarios; un representante de las entidades de medicina prepaga; un representante de la ANMAT; un representante de instituciones académicas y científicas y un bioeticista.

Desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) cuestionan algunos aspectos del proyecto: “Hay algunos puntos contradictorios, como que en la comisión consultiva se crea prácticamente una mayoría automática de los financiadores ( con 5 de los 11 votos) y por ejemplo sin presencia de la industria. Se está poniendo mucha presencia de financiadores, que también tienen un conflicto de interés”, señala Luciana Escati Peñalosa, directora de la entidad.

Un fantasma que sobrevuela el proyecto es que surjan nuevos tratamientos o medicamentos que sean “cajoneados” por su alto costo. Rubén Torres, rector de la Universidad ISalud, dio un ejemplo: “¿Qué hacer ante un medicamento oncológico que logra una sobrevida de 3 meses y cuesta 90.000 dólares? En general lo que hacen en países de Europa es no cubrirlo. Es un dilema difícil y lo deberá resolver esta agencia”.

Evidencia científica y capacidad de pago serán dos elementos clave a la hora de las decisiones