Restitución de bienes mal habidos

Teniendo en cuenta la función expresiva del castigo y los intereses de la sociedad, resulta importante no sólo que los responsables de los hechos criminales sean sancionados con la pena correspondiente a su conducta -establecida previamente mediante una ley emanada del Congreso de la Nación-, sino que también resulta ineludible impedir que el condenado se beneficie como consecuencia del delito.

Esto es, si bien el derecho penal cumple un rol retributivo y resocializador, también deviene esencial, siempre que sea posible, el restablecimiento de la situación anterior que fue alterada mediante la conducta del condenado.

En el caso de los delitos de corrupción – denominación que se toma para el capítulo pertinente de los delitos contra la administración pública del Anteproyecto de Código Penal, que incluye al cohecho activo y pasivo, soborno trasnacional, prevaricato, enriquecimiento ilícito, entre otros- resulta de crucial importancia el recupero de los bienes que fueron sustraídos del Estado, a fin de impedir que los condenados se beneficien como consecuencia de sus delitos. Ello, sin perjuicio de las penas de prisión, inhabilitación y multa que corresponda aplicar en cada caso.

En esa dirección, actualmente el Honorable Senado de la Nación se encuentra debatiendo un proyecto de ley mediante el cual se introduciría a la legislación nacional la extinción de dominio, instituto que funciona en otros países, tales como Colombia y Estados Unidos.

En el proyecto de ley, se entiende a la extinción de dominio como una medida necesaria ante modernos fenómenos de criminalidad organizada que exigen respuestas adecuadas y eficaces del sistema jurídico. El instituto tiene por finalidad producir el oportuno desapoderamiento de bienes que fundadamente se sospechan vinculados a actividades criminales de determinados delitos, a efectos de impedir su continuidad.

Se establece la posibilidad de extinguir el dominio sobre ciertos bienes, en la medida en que provengan de una actividad ilícita relacionada con alguno de los siguientes delitos: corrupción, narcotráfico, delitos aduaneros, terrorismo, trata de personas, facilitación y promoción de la prostitución y corrupción de menores, defraudación a la administración pública, lavado de activos y asociación Ilícita.

A su vez, la extinción de dominio se puede implementar sobre dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activo que hubiesen servido de instrumento o medio en la comisión del hecho, y de los que constituyesen el producto, el provecho o la ganancia, directos o indirectos, del delito, cualesquiera que fueran las transformaciones o sustituciones que hubiesen podido experimentar, en los términos del instituto del decomiso, actualmente previsto en el art. 23 del Código Penal. Esos bienes se transmiten a favor del Estado Nacional o local, según el carácter del delito de que se trate.

El instituto de extinción de dominio consiste en una acción civil que, a diferencia del decomiso, que sigue a la persona, persigue directamente a los bienes de origen ilícito. La procedencia de la acción de extinción de dominio depende de la existencia de un proceso penal.

Por otra parte, en el proyecto de ley se establece que desde el inicio del proceso penal el órgano judicial podrá disponer o autorizar las medidas cautelares necesarias y eficaces para asegurar el decomiso de los bienes sobre los cuales presumiblemente pudiese recaer esta medida, o, en su defecto, sobre los bienes que sean propiedad de los involucrados que representasen un valor equivalente.

Además, en el proyecto de ley se establece que la acción de extinción de dominio podrá ejercerse mientras se encuentre vigente la acción penal.

También se prevé la el derecho del perjudicado por la extinción de dominio de reclamar la indemnización que corresponda en sede civil si con posterioridad a la sentencia dictada en el marco de la acción de extinción de dominio, la sentencia firme dictada en el proceso principal declarase la inexistencia de los hechos materiales a los que fueron vinculados los bienes, la atipicidad penal de la conducta del imputado, o la ausencia de responsabilidad penal de la persona vinculada a los bienes objeto de esa acción.

Finalmente, en el proyecto de ley se amplía el decomiso anticipado, sin necesidad de condena penal, a todo proceso penal, cuando por cualquier razón se haya dictado una decisión que ponga fin al proceso sin condena, pero se hubiese podido comprobar que los bienes constituyen instrumento o medio para la comisión del delito, o resulten producto, provecho o ganancia, directos o indirectos del delito.

Esta modificación permite contemplar una mayor cantidad de casos que los actualmente previstos en el Código Penal. Ello, ya que el Código Penal vigente sólo admite el decomiso anticipado cuando se investiguen delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal), y si se hubiere

El novedoso instituto de la extinción de dominio se perfila como una herramienta eficaz frente a la corrupción

podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado (por fallecimiento, fuga, prescripción) o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia ilícita de los bienes.

De esta manera, el novedoso instituto de la extinción de dominio se perfila como una herramienta eficaz para impedir que quienes cometan delitos puedan beneficiarse económicamente mediante sus acciones ilegales, con independencia de la pena impuesta. Ello, especialmente en los casos en los que se investigan delitos con grandes beneficios económicos, tales como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. ■

*Nota escrita en colaboración conLucía del Pilar Raposeiras, Asesora de la Comisión de Reforma del Código Penal, Secretaria de Cámara en la Cámara Federal de Casación Penal.