Las guerras contra el narcotráfico nunca se terminan
En apenas cinco días del mes de junio hubo nueve asesinatos narcos en la Provincia de Buenos Aires. Los homicidios que ocurren en las grandes ciudades del país son cada vez más consecuencia de ajustes de cuenta entre bandas de narcotraficantes que disputan el control territorial, un privilegio que sólo debería corresponderle al Estado, pero que en muchas ocasiones éste deja de cumplir legítimamente.
O sea que el porcentaje de asesinatos narcos crece al interior de la masa total de homicidios, tendiendo a copar la agenda de seguridad y dando “sentido” a la problemática completa. La “cantidad” de homicidios es reemplazada por un aumento en la “calidad”, ya que la mayoría de las muertes tienen la marca narco.
El conjunto de la violencia en todas sus variantes (interpersonal, social, política, territorial) utiliza la metodología del narcotráfico en forma creciente porque el logro cultural es la primera victoria del crimen organizado, copiado por otras organizaciones y por el propio Estado. Se sabe que la expansión del narcotráfico no es posible sin la protección, pasividad o tolerancia de alguna parte del Estado, cuando se asocia con el narcotráfico para una suerte de “co-gobierno de la seguridad” repartiéndose de hecho controles sobre el territorio. En la guerra o combate al narcotráfico éste siempre sale fortalecido. Es obligado a dejar de ser un actor económico (tráfico de drogas) para convertirse en un actor político (control territorial) mientras el Estado deja de ser un Estado de derecho para convertirse en un Estado en guerra, incluso a veces emulando los métodos del crimen organizado y atacando a su propia población.
En estas guerras, crece tumultuosamente la cantidad de muertos, pero también se violan sistemáticamente los derechos humanos, desaparecen personas, crece la emigración y se derrumba la calidad democrática, todos golpes contra el Estado.
Las políticas de control policial son difíciles cuando sectores de la propia policía inte- gran o protegen las redes del crimen organizado. Pero la apelación a esa “corrupción” e ineficacia policial son excelentes argumentos amañados para convocar la aparición de un actor excepcional, las Fuerzas Armadas, convirtiendo una problemática de seguridad ciudadana en una crisis de seguridad nacional, pisoteando datos y perdiendo toda inteligencia.
En México la guerra contra el narcotráfico ya lleva doce años y en Colombia está a punto de renacer tras una breve distracción, derramándose fuertemente sobre Ecuador. En Argentina se repiten palabras pensadas en otros lados como si tuvieran algún significado sustantivo. “Combate”, “guerra”, “amenazas” son términos constitutivos de un discurso sencillo e interesado que pretende instalar una ilusoria frontera definitiva entre un “ellos” (los narcos) y un “nosotros” (los ciudadanos). Cavar trincheras para pelear contra nosotros mismos no lleva a la solución de las crisis fundamentales del país. ■