Lo que se debe tener en cuenta en el Senado para legalizar el aborto
La mínima diferencia con la que se aprobó la ley de legalización del aborto en Diputados es la demostración de las diversas posturas que despierta en la sociedad este tema. El 8 de agosto le toca el turno al Senado, que por lo que se desprende de la información en medios de comunicación, tiene una postura un poco más rígida, con la vicepresidente a la cabeza.
En lo personal, veo positivo el resultado de la media sanción, a pesar que me despierta algunas reflexiones que quisiera compartir.
En primer lugar, algunas “casi” certezas: los abortos no van a aumentar, es más, pienso que será similar a lo que sucedió en países que ya lo tienen legalizado, donde disminuyeron. Esto debería ser así como consecuencia de la implementación de una adecuada política de educación sexual que resultará en una menor tasa de embarazos no deseados. Además, la institucionalización de una consejería que pueda recibir, acompañar, asesorar en cuanto a opciones y darles facilidades y apoyo a aquellas mujeres que decidan seguir con el embarazo y/o darlo en adopción.
En segunda instancia, surgen algunas dudas. En un país como el nuestro, tan extenso y con situaciones económico-sociales tan distintas, ¿cómo se va a implementar la nueva ley?, ¿cómo se integrarán las consejerías con personal idóneo? Otro tema fundamental, es que toda ley tiene que ir acompañada de un presupuesto, y la pregunta es si contamos con los recursos económicos necesarios. No solo para el personal, o la realización del aborto, sino también para cumplir con las campañas de educación sexual y de anticoncepción, tan olvidadas en la actualidad.
Además, no debemos perder de vista que es importante revisar la ley de adopción. Si bregamos para que ese sea un camino posible, debemos ofrecer buenas condiciones tanto para los que desean adoptar, como para esos niños que esperan una familia. Sumar la posibilidad de la adopción prenatal, puede ser una muy buena opción. Por último, no estoy de acuerdo con la objeción de conciencia solo de los médicos; también debería sumarse la objeción de conciencia institucional. En lo personal, si bien estoy a favor de la legalización del aborto, no lo realizaría y no aceptaría que me obliguen a realizarlo. Lo mismo ocurre con las instituciones, obligarlas es una provocación innecesaria. Éstas no son hoteles sin autoridades. No me imagino al Sanatorio Mater Dei, el Sanatorio San Camilo o el Hospital Austral, por mencionar solo algunos, que acepten que en ellas se realicen abortos.
Tampoco comparto la gratuidad en todos los casos. Creo que debería ser gratis en los hospitales para mujeres vulnerables y de bajos recur- sos, donde dentro del equipo de las consejerías se podría actuar para analizar y trabajar sobre cada caso, prepararlas para recibir a esta población vulnerable, que es sobre la que más hay que trabajar y proteger. Es en estas mujeres donde se producen las complicaciones consecuencia de intervenciones mal realizadas.
Ahora, los que no tendrían por qué cubrir las interrupciones voluntarias de los embarazos son las entidades de medicina prepaga o las obras sociales. Las mujeres que quieran hacerlo podrán acercarse a los hospitales públicos. La gratuidad debería ser para las que realmente lo necesitan y no para aquellas que pueden asumir el costo. La opción de la despenalización del aborto, es decir, no penalizar a la mujer que decidió interrumpir el embarazo y sí a quien se lo realice, no sería la solución ni algo que encare el problema en su totalidad. La gran pregunta es si en este momento del país estamos en condiciones de encarar como se debe este desafío, en caso de ser sancionada la ley.
A modo de conclusión, el proyecto de ley tiene media sanción, con posibilidades de que sea aprobado en el Senado. Es mi deseo que estemos a la altura de las circunstancias para dar respuestas a esta problemática, que es una realidad. El aborto existe. El desafío entonces, es disminuirlo a su mínima expresión, y esto es una responsabilidad de toda la sociedad. ■