Los acusados por el ex ministro de Planificación
Ricardo Jaime
Fue condenado a seis años de prisión efectiva, unificadas todas sus condenas, durante la sentencia del primer juicio de Once . Esta preso en el Penal de Ezeiza pero la Cámara de Casación elevó la pena ocho años. Fue detenido el 2 de abril del año pasado por orden del juez federal Julián Ercolini, quien lo procesó por el presunto pago de sobreprecios en la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal. También carga con otras causas por dádivas y enriquecimiento ilícito.
Juan Pablo Schiavi
Ex secretario de Transporte de la Nación. Condenado como responsable de la Tragedia de Once a ocho años de prisión que no se hizo efectiva. Casación redujo su pena a 5 años. El juez federal Claudio Bonadio lo declaró culpable del delito de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. Había renunciado a su cargo público el 7 de marzo de 2012, alegando “estrictas razones de salud” luego de una intervención cardiovascular del tipo angioplastia.
Marcos Córdoba
Era el motorman de la formación en la que murieron 51 personas más una por nacer. Fue penado a 3 años y medio de prisión, con siete de inhabilitación para conducir por el estrago culposo. Marcos Córdoba siempre estuvo en el ojo de la tormenta, ya que fue apuntado como responsable por no haber accionado los frenos de emergencia a tiempo. Así lo consideró en primera instancia la justicia, que en 2015 lo condenó a tres años y seis meses de prisión.
Pedro Ochoa Romero
Fue absuelto. Tiene 67 años. Estuvo entre 2003 y 2007 a cargo de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT), luego fue legislador provincial en Córdoba por el Frente para la Victoria (FPV). Hay quienes recuerdan su paso por la Legislatura cordobesa debido a un insólito proyecto que tuvo para paliar la sequía que asolaba a la provincia serrana en el año 2009: acopiar el agua que desagotan los aparatos de aire acondicionado para reutilizarla.
Eduardo Sícaro
Era el director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) al momento del accidente ferroviario. Sícaro se encontraba acusado del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas”. Se defendió argumentando que a él no le correspondía controlar, ni los contratos ni el fidecomiso ni la garantía del servicio”. Fue absuelto.