Indignación en Brasil por el asesinato en Nicaragua de una estudiante brasileña
Cursaba la carrera de medicina. Bandas paramilitares del régimen dispararon contra su automóvil.
El gobierno de Brasil reaccionó con dureza contra el régimen nicaragüense tras conocerse el asesinato el lunes de la estudiante brasileña de medicina Rayneia Lima, de 31 años, acribillada por las bandas paramilitares que responden al presidente Daniel Ortega. Patrullas de estas fuerzas de tareas que mantienen tomada la Uni- versidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) le dispararon a la mujer desde el edificio, según relataron testigos. El gobierno brasileño condenó el uso de parapoliciales y reclamó formalmente a Managua que detenga y castigue a los culpables, lo que amenaza que el caso se convierta en un roce diplomático.
Lima era estudiante de la Universidad Americana. La muchacha viajaba en su automóvil rumbo a su domicilio en Lomas de Monserrat, cuando los paramilitares abrieron fuego contra el vehículo. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Nuñez, manifestó que a la mujer “la balearon sin ningún motivo”.
El padre de la víctima, Ridevando Lima, dijo a un medio de comunicación de Brasil que la estudiante hacía seis años que vivía junto a su pareja en Nicaragua. Pero que estaba planteado regresar pronto a su país. Informes publicados por el diario La Prensa de la capital nicaragüense consignan que Reyneia era residente del hospital Carlos Roberto Huembes, que pertenece a la Policía Nacional. Cursaba el último año de la carrera. Brasil se declaró ayer indignado por este asesinato y reclamó movimientos urgentes a las autoridades nicaragüenses para esclarecer el crimen.
La Cancillería brasileña afirmó que recibió con “profunda indignación” la muerte de la ciudadana brasileña “alcanzada por disparos en circuns- tancias sobre las cuales está buscando esclarecimientos junto al Gobierno nicaragüense”. Agregó que “el Gobierno brasileño exhorta a las autoridades nicaragüenses a poner a disposición todos los esfuerzos necesarios para identificar y castigar a los responsables por el acto criminal”.
El asesinato de Lima se produce en medio de una crisis sociopolítica por manifestaciones contra el presidente Ortega, cuya represión ha dejado entre 277 y 351 muertos, según organizaciones humanitarias locales e internacionales.
Ante lo ocurrido, el gobierno brasileño reiteró su condena al “aumento de la represión, el uso desproporcionado y letal de la fuerza y el empleo de grupos paramilitares en ope- raciones coordinadas por los equipos de seguridad”. “Al repudiar la persecución de manifestantes, estudiantes y defensores de derechos humanos, el Gobierno brasileño vuelve a instar al Gobierno de Nicaragua a garantizar el ejercicio de los derechos individuales y de las libertades públicas”, subrayó la Cancillería.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”.
El gobierno reaccionó con una represión sangrienta al levantamiento popular contra un plan de ajuste que reducía los honorarios jubilatorios. La protesta hizo que el régimen retirara esa medida con la que buscaba equilibrar su dañado presupuesto. Managua ha dependido de la ayuda de Venezuela, que ha caído casi totalmente debido a la crisis terminal que afecta a Caracas.
La protesta por el ajuste de la economía creció luego a la demanda por elecciones realmente libres y no amañadas y libertad de prensa y expresión. El régimen de Ortega, al cual la población acusa de imitar los formatos de la pasadas dictaduras de Tacho y Tachito Somoza, reprimió a la población y a su vanguardia estudiantil con balas verdaderas. Actualmente el episcopado nicaragüense se encuentra mediando, con la participación también de un enviado de Washington, para hallar una solución que dé paso a una salida anticipada electoral. Ortega no quiere ceder el poder, pero el riesgo que corre es que el levantamiento se agrave y la gente acaba venciendo a la represión y expulsandolo del poder, una alternativa que la iglesia y la oposición intentar impedir para no perder el control.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo ayer que era innegable que el gobierno de Ortega es el responsable de la violencia que vive el país. Y le reclamó llamar a elecciones. “La violencia patrocinada por el Estado en Nicaragua es innegable. La propaganda de Ortega no engaña a nadie y no cambia nada”, escribió Pence en Twitter como respuesta a una entrevista que el mandatario nicaragüense ofreció la noche del lunes a Fox News para desacreditar la protesta en su contra. ■