Proveer a la defensa común
En sentido lato, Defensa Nacional es la capacidad de garantizar de modo permanente los intereses vitales de nuestro país, y es deber ineludible por parte del Estado “proveer a la defensa común”, como lo expresa con claridad meridiana el Preámbulo de la Constitución Nacional. Ello impone la integración y la acción coordinada
de todas las Fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran del empleo de las Fuerzas Armadas. Su finalidad es garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación y su integridad territorial.
La soberanía es la esencia de nuestra convivencia. Ningún organismo internacional o multinacional puede garantizarla de manera confiable. La ausencia de certezas indica que ningún país es ajeno a los riesgos y amenazas que acometen al mundo, por lejanos o insólitos que hoy se perciban. Ello impone un supuesto teórico de planeamiento a partir del cual el Estado prepara su Instrumento Militar adoptando una estrategia para la determinación de capacidades, la preparación de los medios, y la conducción de los mismos.
Este supuesto suele también denominarse hipótesis de conflicto o escenario de empleo, y resuelve para la Estrategia Nacional y para la Estrategia Militar dos problemas complejos que requieren de un cuidadoso análisis. Estos son: la predicción y la asignación de prioridades. Quienes con miopía afirman la inexistencia del expresado supuesto, ignoran que la razón de ser de las Fuerzas Armadas no responde a la eventualidad de un conflicto determinado, sino que su existencia radica en tanto y en cuanto existe el Estado, del cual constituyen un atributo insustituible y que hay también escenarios de empleo y objetivos estratégicos esenciales a proteger. Según Eric de la Maisonneuve, no es necesario buscar escenarios posibles en los “tratados de polemología, pues se desarrollan frente a nuestros ojos a escala natural”.
En nuestro caso, y muy sintéticamente, son: la Patagonia, apetecible, vacío y desprotegido espacio geopolítico; joya de materias primas. El quinto litoral marítimo del mundo, con más de 6.800 km de costas, de impredecibles recursos, de una vulnerable y desprotegida riqueza ictícola y su proyección hacia la Antártida y hacia las Malvinas con una disputa de soberanía no resuelta. El Acuífero Guaraní, tercer reservorio de agua dulce del mundo, con 250 mil km² en nuestro país.
A pesar de las decenas de directivas que por décadas se confeccionaron en los Estados Mayores, de leyes y decretos vigentes, desde mediados del siglo pasado no se instrumenta un serio y efectivo sistema integrado de Defensa Nacional en torno a definiciones, objetivos y misiones concretas. Tal sistema excedería los tiempos de cualquier gobierno, requeriría continuidad y una mirada desideologizada de corto, mediano y largo plazo, y debería estar garantizado mediante un compromiso refrendado por las principales fuerzas políticas.
Lamentablemente, desde hace más de medio siglo, la conducción política de las Fuerzas Armadas privilegia - en mayor o menor medida- sus decisiones con consideraciones políticas e ideológicas. Se suma que, desde el advenimiento de la democracia, fue evidente la desatención a que fueron sometidas, lo que originó –particularmente en las dos últimas décadas— una notoria desinversión que afectó la logística, el adiestramiento y la operatividad del Instrumento Militar. Su estado actual no permite dar una eventual respuesta a la protección de los escenarios señalados. La desprotección es notoria, por lo demás, irrefutable.
A pesar de ello, es evidente la motivación de todos sus miembros (oficiales, suboficiales y soldados), el abnegado espíritu de cuerpo, entusiasmo profesional, alta moral y vocación de servicio así como su absoluto compromiso con las instituciones de la democracia.
Y, dada la cercanía territorial, no puedo obviar referirme al ejemplar caso de Chile en el que, habiendo sufrido en el pasado un proceso político similar al nuestro, su dirigencia política —de distinto signo ideológico— respetó a sus Fuerzas Armadas sin soslayar el avance en el marco de la Justicia. Sus Fuerzas, desde el punto de vista logístico, operativo y profesional, son actualmente unas de las más destacadas de Latinoamérica.
Se muestra vehementemente reprochable ver y escuchar, en los tiempos que corren, que una funcionaria exprese públicamente que “… es necesario insertar a los militares en la democracia”, soslayando que esa inserción se materializó ya hace tiempo, en un cruento enfrentamiento interno acontecido el 3 de diciembre de 1990.También se evidencia censurable que, otros, aseguren que al no existir ninguna hipótesis de empleo del Instrumento Militar, no hay nada que planificar y podemos prescindir de ello. Peligrosa e irresponsable miopía, rayana, no solo en lo absurdo y trágico, sino también constitutivo de un impropio desconocimiento del incierto contexto internacional. Por otra parte, los anuncios del Presidente no alteran la plena vigencia de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, manteniendo la distinción entre ambas.
Lo que sí resulta imprescindible e impostergable es iniciar un plan de reequipamiento, redespliegue y reestructuración de nuestras Fuerzas Armadas, a fin de dotarlas--en el accionar militar conjunto--de una capacidad de disuasión creíble que prioritariamente posibilite desalentar amenazas a los intereses vitales de la Nación, y cumplir con otras misiones secundarias. Recursos no faltan, si se procede con creatividad e iniciativa en un proceso de modernización que demandará más de cinco mandatos presidenciales. No olvidar que la prevención es paradigma de acción, y es preferible ser criticado por prevenir que aceptar, torpemente, ser elogiado por privilegiar la vulnerabilidad y la indefensión. ■