Trampas del financiamiento electoral
No hay lucha contra la corrupción sin un control exhaustivo del financiamiento de las campañas electorales. Así de directo queremos ser en estas líneas. Hace muchos años organizaciones de la sociedad civil advertimos sobre esa caja negra que es el dinero que lleva a los políticos a sus cargos. Sea a la presidencia, a una gobernación, o a una legislatura, el vacío de información respecto de quién le da impulso económico a las candidaturas es alarmante.
No es casualidad que se desconozca realmente quién financia a la política. Nuestros representantes se sienten cómodos no indicando realmente de dónde salen sus fondos. No perderemos tiempo analizando esa gran puesta en escena que son los informes que se presentan a la Justicia Electoral. Mienten, siempre, en todas las campañas. El de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires es un caso más en el cual se usan nombres para blanquear dinero del sector privado. Se sospechó de eso también en la campaña del FPV 2015, donde 500 monotributistas de la categoría más baja aparecían como donantes en los informes y fue alertado por la Cámara Nacional Electoral. Los indignados de hoy son los acusados de ayer. Los impolutos de ayer, son los investigados hoy. En el medio, como siempre, los ciudadanos.
El problema es que los partidos políticos más competitivos son cómplices de una legislación laxa y que estableció una gran cantidad de subterfugios en forma consensuada para que el financiamiento de los partidos políticos no pueda ser controlado. La formula para que esto suceda es simple.
Una bancarización de las donaciones tramposa. El que apoya a una campaña no necesariamente debe depositar el dinero en una cuenta, sino que lo puede hacer mediante un tercero, y vaya alguien a poder seguir el camino de ese dinero.
Desde el 2009, las personas jurídicas (básicamente empresas) no pueden donar a las campañas electorales.
¿Quién financia en Argentina las campañas? Las empresas. Y ahí es dónde se necesitan nombres “prestados” por voluntad propia, o por robo de identidad.
El Estado utiliza fondos públicos para beneficiar a sus candidatos, ayer, hoy, y siempre. El Congreso no ha regulado la utilización de este tipo de recursos en contextos electorales. De esta forma, la pauta publicitaria queda a disposición de los candidatos oficiales, los bienes muebles como autos y aviones son utilizados para hacer campaña, desde los bienes inmuebles se habla con objetivos electorales llevando agua para el propio molino, y se utilizan inauguraciones de obras con fondos públicos como actos de campaña. Estas prácticas las vemos campaña tras campaña, sea cual sea el color del partido político en el poder.
Ninguna fuerza política con capacidad de instalar los temas en la agenda quiso regular esto hasta este momento, a ninguna que está en la oposición le interesa un corset de este tipo en un futuro gobierno.
Finalmente, e indudablemente tarde, y por reacción a la denuncia contra el oficialismo, el Poder Ejecutivo dice públicamente que presentará en el Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la ley de financiamiento de partidos y campañas electorales.
El borrador conocido cuenta con varias de las exigencias que los especialistas en la materia venimos solicitando hace años. Se propone la bancarización directa de los aportes; se intenta regular la participación de las empresas – posiblemente el punto que va a generar mayor discusión-; se buscará una mayor colaboración de los organismos de control con la Justicia para llevar adelante investigaciones más ágiles y profundas; se solicitan responsables financieros de mayor peso político y técnico; y se propone una tibia extensión del tiempo de limitación al Poder Ejecutivo para la realización de actos de gobierno que puedan influir en la elección; en materia judicial propone dotar a la Cámara Electoral de algunos recursos más para generar mayor capacidad de control de las cuentas de los partidos políticos. ¿Son positivas estas propuestas? Sí. ¿Son suficientes? No.
El proyecto no contemplaría la limitación a la distribución de pauta publicitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Quizás la situación que genera mayor inequidad en la competencia electoral. Las grandes sumas de dinero que se vienen destinando a mejorar la imagen de los ejecutivos, desde hace ya muchos años, van en detrimento de elecciones justas. Surge como necesaria una planificación de la publicidad oficial anualizada, y basada en un estricto apego a lo presupuestado, prohibiendo cualquier tipo de publicidad que pueda favorecer al oficialismo. Otro tema que se deja de lado es la regulación de las campañas en Internet. Entrado el siglo XXI la ley, y la propuesta de reforma, regula campañas del siglo XX. ¿Casualidad? Claramente no. Esta ausencia en la propuesta va de la mano con la no regulación de la prohibición de la utilización con fines electorales de bases de datos en manos del Estado. Ambos temas nuevamente, inequidad en la competencia, y le suma violaciones a la privacidad de las personas.
Finalmente el proyecto se queda muy corto en materia de sanciones. Y sabemos que una ley de control sin sanciones e incentivos, es una ley que nace débil. Al mismo tiempo, si la organización de las elecciones no pasa del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, el financiamiento de las campañas va a quedar siempre bajo sospecha, porque quién reparte el dinero público para la compra de boletas y el financiamiento de las campañas es actor interesado del acto electoral.
Lo que sucede hoy con el financiamiento de la política es que los partidos políticos se cuidan entre ellos. Saludamos el impulso a la reforma de la ley, pero sin vueltas, sin excusas, y de una vez por todas, se le pide a la clase política que deje el marketing electoral de lado, y luchen verdaderamente contra la corrupción. ■