La Oficina Anticorrupción pidió los contratos de obra pública a tres ministerios
Son los de Energía, Interior y Transporte. Quiere conocer los montos de las obras entre 2005 y 2015.
La Oficina Anticorrupción envió el pedido “con carácter de urgente trámite” a los tres ministerios que concentran la mayor parte de la obra pública: Energía, Interior y Transporte. Fue para requerir información sobre todas las contrataciones entre 2005 y 2015 de las empresas que aparecen en las anotaciones de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. El objetivo del organismo conducido por Laura Alonso apunta a establecer un “mapa completo” con las fechas de los contratos, los montos y los socios o vínculos de las firmas con el exterior, para colaborar con el juez Claudio Bonadio en la estrategia de cooperación judicial internacional, en algunos casos acceder a información de otros países y en otros impulsar la apertura de investigaciones.
Los requerimientos de la OA llegaron el viernes a los despachos de Javier Iguacel (Energía), Rogelio Frigerio (Interior) y Guillermo Dietrich (Transporte) para reunir “el listado de todas y cada una” de las adjudicaciones a las empresas sospechadas de haber pagado coimas: Esuco S.A., Electroingeniería S.A., Albanesi Cons- tructora S.A., Industrias Pescarmona S.A., Isolux Corsán S.A., BTU S.A., Techint S. A., Ucsa S. A., Grupo de Obras, Servicios y Desarrollos S.A., Roggio S.A., Supercemento S.A., Iecsa S.A. y la estatal ENARSA. Los ministros lo trasladaron a las secretarías, hubo recopilación de información durante el fin de semana y la respuesta estará este lunes o martes.
El pedido incluyó las contrataciones “ya sean en forma individual o en UTE”, unión temporaria de empresas, con fideicomisos u otras formas de financiación. Uno de los objetivos será estimar el valor total de las obras en ese período y con esas sociedades, para hacer un cálculo de cuánto dinero se destinó al pago de coimas. El otro será identificar los socios de las firmas locales en los contratos, para extender las investigaciones por el presunto delito de “soborno transnacional” y acceder a información en el exterior para sumar a la aportada por los “arrepentidos” en el país.
“Bonadio no tiene los detalles de todas las obras. Queremos ir más allá y tener el mapa completo de los contratos, montos, certificados de obras pagados. Y colaborar con la estrategia de cooperación judicial con los países de origen de las empresas o los socios extranjeros”, contó una fuente del organismo en referencia a casos como el de Isolux, la empresa española acusada de pagar sobornos a través de una filial local. Una investigación interna de la compañía admitió que entregó coimas a ex funcionarios, según publicó un diario español. En Argentina Juan Carlos de Goycoechea, su ex CEO, pidió declarar como arrepentido. El pedido también abarca las UTE, como la asocia- ción de Electroingeniería con la china Gezhouba para las represas en Santa Cruz. O la de IECSA -en ese entonces la empresa familiar de Mauricio Macri- con la italiana Ghella.
En la OA -más adelante acaso querellante en la causa- también estiman que podría haber cooperación con la Justicia estadounidense en la investigación de los mecanismos para sacar el dinero de las coimas a ese país por intermedio de cuevas e incluso bancos. Alonso tendrá este lunes la reunión semestral con funcionarios de la UIF, sobre estos temas y el mecanismo para pagar sobornos a través de empresas creadas para ese fin. “La macroeconomía de las coimas estuvo basada en dos pilares: la inflación, para generar sobreprecios y renegociación de contratos; y el cepo cambiario, para habilitar el lavado de la plata a través de cuevas financieras”, dijo la titular de la OA a Clarín. ■