Ley sobre aborto: la definición
En contra: no se puede admitir el “derecho a matar”
El aborto consiste en privar de su vida a una persona a partir de su concepción y hasta su nacimiento. Que la vida comienza con la concepción resulta de nuestra Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, normas que no pueden ser modificadas por ley del Congreso.
Esta conclusión, avalada biológicamente por la Academia Nacional de Medicina, es resistida por una ideología materialista basada sobre el individualismo egoísta y la teoría del género que desemboca en una síntesis anárquica que reconoce a la mujer el derecho a matar al hijo que ha concebido.
Tal concepción colisiona con aquella aseveración académica y con nuestro régimen jurídico sobre el cual se basa el Estado de Derecho. Si aspiramos a vivir en un Estado de Derecho donde la ley se impone sobre la voluntad de todo individuo y grupo social, debemos respetar esa ley aunque no nos agrade.
Sólo podemos derogarla o modificarla por los medios que ella establece, pero jamás tergiversar su interpretación o violarla cayendo en la desconstitucionalización propia de los pueblos culturalmente endebles. Si queremos imponer el aborto, deberemos modificar las normas jurídicas que lo impiden, pero no esbozar soluciones ideológicas que se apartan de la interpretación auténtica y empírica del derecho.
Los derechos integran una escala en cuya cúspide se encuentra el derecho humano a la vida, que es presupuesto para el ejercicio de los restantes derechos.
No colisiona con el derecho de la mujer sobre su cuerpo o salud porque el niño que se desarrolla en su seno no es un pedazo de grasa, un grano o proyección de ese cuerpo. Tampoco es un feto o embrión, expresiones no contenidas en nuestra legislación, y que son usadas con mala fe por quienes avalan el aborto para distinguir al niño de un embrión. Solo si se produce una colisión entre el derecho a la vida del niño y de su madre, jurídicamente es viable asignar preferencia al de esta última, aunque, la solución podrá ser éticamente cuestionable.
Se afirma que el niño existe a partir de cierto número de semanas desde la concepción. Afirmación desprovista de sustento jurídico y biológico como bien lo destacaron la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.
Los adversarios de esta conclusión no encuentran argumentos racionales para rebatir esas aseveraciones científicas. A falta de ellos acuden a la intolerancia para desacreditar la seriedad y entidad científica de esas Corporaciones. Basta con presenciar la ecografía de un niño al momento del aborto para percibir el dolor que le acarrea morir como consecuencia de un acto de tortura.
Como el niño tiene vida desde su concepción, la ley le reconoce derechos patrimoniales, hereditarios, alimentarios y los jueces aceptan que puede ser víctima del delito de homicidio como aconteció en el caso “Avots” resuelto por la Suprema Corte de Buenos Aires. Esta, entre otras circunstancias, revela que nadie que obre de buena fe puede negar que el derecho a la vida está en la cumbre axiológica; que dignifica a toda persona, ya sea adulta o por nacer; que nadie puede ser privado del derecho a la vida.
Nadie puede negar que si es imposible conciliar dos derechos, corresponde dar preferencia al más importante de ellos que, en este caso, es la vida. Podrá ser el derecho del niño o de la madre si su vida corre peligro con motivo del embarazo.
Pero resulta inaceptable el aborto por razones económicas, sociales o laborales como predican los partidarios del proyecto. Nadie obliga a la madre a conservar su hijo tras el nacimiento pues puede incorporarlo al régimen que regula legalmente la adopción.
Pero es inconcebible en el siglo XXI, en una sociedad dotada de una cultura espiritual de avanzada, privar al niño de dos derechos humanos básicos: el derecho de defensa y el derecho a vivir.
Es sugestivo que los ideólogos materialistas que se presentan como firmes defensores de los derechos humanos, no hagan lo propio con las potestades que las leyes y tratados reconocen a los niños a la luz de un enfoque empírico resultante de la naturaleza humana. ■