Clarín

A 5 años de la explosión de Rosario, las familias aún esperan justicia

Falta el resultado de la última pericia y la fecha de juicio no se definió. Hoy homenajear­án a las víctimas en el lugar.

- Mauro Aguilar rosario@clarin.com

Un escape de gas desató, el 6 de agosto de 2013, la peor tragedia en la historia de Rosario. Veintidós personas murieron tras una explosión que derrumbó la torre de una edificio y destruyó otras dos. Más de 60 personas sufrieron heridas y la onda expansiva afectó a 235 viviendas. Cinco años después la causa no llegó a juicio. Once personas están imputadas por “estrago culposo agravado”. Detrás de expediente­s, pericias, investigac­iones, denuncias y culpabilid­ades aún sin definirse permanece un dolor inalterabl­e. El de las personas que perdieron a sus familiares. El de lo vecinos que sobrevivie­ron, pero que quedaron afectados para siempre.

“Estamos detenidos en el tiempo, en un lugar y con una vida que nunca elegimos”, resume Marcela Nissoria, a quien la explosión le arrebató a su esposo, Hugo Montefusco. Detenidos a las 9.38 de aquel día donde los gritos, el fuego, las sirenas, el caos y la muerte se apoderaron de la calle Salta 2141. “Nos destrozaro­n. Hicimos lo que te imagines y después de cinco años no tuvimos respuesta de nadie. Es agobiante emocionalm­ente”, plantea Eleonora López, la hermana de “Carlitos”, otra de las víctimas.

Marchas, actos, presentaci­ones judiciales, viajes, pedidos de informes. Nada fue suficiente para llegar a una resolución de la causa. “Las herramient­as de un ciudadano común no bastaron contra el poder político y económico que está detrás de Lito- ral Gas”, denuncia Nissoria. “La empresa hace lo que quiere en todos los ámbitos y tiene 22 muertos en el placard”, completa López.

La causa avanzó lenta, morosa. La firma, proveedora del servicio, impuso una estrategia que trabó el avance de fiscales y querellant­es. Los resultados de la última pericia sobre el regulador, la cañería y el gabinete del edificio que explotó llegará, de acuerdo a un anticipo de la fiscal a los familiares, a fines de agosto.

Luego quedará otro trámite pendiente para ponerle fecha al juicio oral y público: el sorteo del tribunal . Nadie arriesga si la responsabi­lidad de tres gasistas, tres administra­dores de la propiedad, tres inspectore­s de la empresa, más un jefe de sección y una gerenta de la firma Litoral Gas podrá juzgarse antes de fin de año.

López y Nissoria plantean que los verdaderos responsabl­es no quedaron implicados en la causa e intuyen que uno de los gasistas podría quedar como máximo responsabl­e. “Un perejil, como el maquinista en Once”, coinciden. “Tenemos la vida detenida en el dolor y la Justicia no repara”, plantea Nissoria. “Sentimos mucha impotencia”, completa López.

Sólo una familia de las 22 afectadas por las muertes que provocó la tragedia se mantiene como querellant­e. El resto prefirió, aun con el dolor y las dudas que provocó ese trámite, alcanzar acuerdos ante la posi- bilidad de ser demandados por alguno de los actuales imputados.

Nissoria se oponían al acuerdo, pero entendió que era una actitud “kamikaze poner la cabeza debajo de la guillotina”. Su hija se lo planteó con crudeza: “Mamá, nos mataron a papá y encima quizás nos quedamos en la calle. ¿Cuánto más vamos a perder?”. Decidió firmar.

Más allá del acuerdo, los familiares no abandonaro­n la causa penal, en la que están respresent­ados por la fiscal Graciela Argüelles. Hoy, a la hora fatídica de la explosión, sonará una sirena y se iniciará el homenaje a las víctimas. Se espera que los familiares ofrezcan un discurso duro, apuntando contra Litoral Gas, pero también marcando las deficienci­as judiciales, políticas y del Estado.

“Queremos que la gente sepa en qué condicione­s está el gas en Rosario: las válvulas de cortes no están, no funcionan, no hay inversione­s en seguridad. Estamos atados con alambre como aquel día”, dice Nissoria.

López promete que la lucha continuará. Pretenden que la firma proveedora de gas en Rosario cambie o deje de prestar el servicio. “A nosotros nos arruinó y no queremos que arruine a nadie más. Esto no puede quedar así: tenemos que aprender algo de todo esto para que no se derrame más sangre”, concluye.

En el lugar en el que se elevaban las tres torres, una derrumbada por la explosión y dos demolidas, se construirá un centro cultural que incluirá un espacio para la memoria. Hoy el frente de la propiedad devuelve una imagen que abruma: cruces, flores, nombres y rostros recuerdan la tragedia que nunca podrá olvidarse. López cree que era necesario acompañar el memorial con otro proyecto. “Eso necesita vida”, concluye. Un poco de lo que hace cinco años le arrebataro­n a 22 familias que todavía reclaman justicia. ■

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JUAN JOSE GARCÍA Reclamo. Nora Giraudo y Eleonora López, madre y esposa de dos víctimas de la explosión, frente al terreno donde estaba el edificio.
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Desastre. Una imagen del edificio tras la explosión, en agosto de 2013.

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