Una carrera febril de todos contra todos, acechada por las traiciones

Cuando el chofer Oscar Centeno dejó caer su cabeza para asentir al relato que frente a él recitaba el fiscal Stornelli -reflejando a su vez sus propias anotaciones en los cuadernos, engordadas por copiosas pruebas que las ratificaban- se convirtió en el primer “arrepentido” del caso de corrupción más impresionante de las últimas décadas. Al validar aquella bitácora y negociar la ampliación de toda la historia, el conductor del Toyota Corolla más famoso de la Argentina también abrió las puertas del infierno para decenas de políticos y los más poderosos empresarios del país: a partir de entonces, comenzó una carrera febril entre el resto de los acusados para sumarse al incipiente club de Centeno, y tratar de salvarse del naufragio con el pasaporte de “imputado colaborador”.

El directivo de la empresa Isolux Juan Carlos De Goycochea tomó ventaja el viernes, y ayer se amontonaron en la fiscalía de Stornelli Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, de la constructora IECSA del primo del presidente Macri en la época de las coimas. El sol no había desaparecido tras el horizonte cuando otros dos imputados, los empresarios Alejandro Ivannisevich (ex dueño de Emgasud) y Manuel Santos Uribelarrea (de la empresa UCSA) también confesaron haber pagado sobornos a los funcionarios, aunque aún no dieron el último paso de pedir su carnet como arrepentidos.

Mientras el resto de los supuestos traficantes de bolsos con dólares analiza la situación y el juez Bonadio medita en ayudarlos enviándolos a cárceles comunes para que piensen con más tranquilidad, ya son varios los abogados que leen con lupa la “ley del arrepentido”, aprobada por el Congreso en octubre de 2016.

Entre las prescripciones enumeradas en su texto, la norma es clara respecto a la progresiva pérdida de premios y ventajas que irán teniendo los sucesivos confesores en causas de corrupción complejas. Para que el descuento en las penas -otorgado recién al termino del juicio oral por el tribunal que conduzca esas audienciassea mayor, es preciso aportar al expediente información veraz, trascendente para el caso y que involucre a personas con un rango superior en la organización delictiva. Otro detalle: esos datos deben superar a los que el fiscal y el juez ya hayan reunido por su cuenta durante la investigación.

Pero la carrera de los arrepentidos está sembrada con otros peligros para sus intereses: como por supuesto ninguno de ellos conocerá el contenido de las declaraciones de sus compañeros de causa, cualquier avivada puede resultar carísima. Por ejemplo, el argumento de moda respecto a que los sobornos fueron entregados bajo una presión insoportable de Baratta y sus jefes, y que el destino de esas propinas era pagar gastos de las campañas electorales puede chocar con las pruebas que Stornelli y Bonadio ya tengan pisadas bajo su suela: ¿todos los años había elecciones? ¿Qué coincidencia había entre las coimas y algún movimiento en los términos de los contratos o en la liberación de pagos de las obras públicas realizadas por el “aportante”?

Los arrepentidos también deben enfrentar la decisión de cortar el cable rojo o el azul cuando se refieran a los montos de los sobornos. Hasta ahora ya desmintieron la generosidad que reflejan los cuadernos del chofer, pero una pericia contable o los sabuesos de la UIF podrían hacer tambalaer la coartada. ¿El riesgo de entregar mentiras? Sumar otros cuatro años de prisión efectiva a la condena. Como para pensarlo. ■