Sorpresas, desahogo y el máximo castigo posible en un caso emblemático
La condena a Boudou por el escándalo Ciccone refleja las contradicciones del Código Penal, que será reformado.
La exasperante laguna de dilaciones, recursos y chicanas que alimentaron el ex vicepresidente Amado Boudou, su amigo José Núñez Carmona y el resto de los acusados por el escándalo de la imprenta Ciccone quedó atrás ayer, con una rotunda condena de cinco años y diez meses de prisión como culpable de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Con una montaña de pruebas acumuladas desde 2012 y ante una sociedad especialmente sensible a los estragos que la impunidad viene causando en el tejido social, económico y sobre todo moral del país, la imagen del ex disc jockey marplatense retirado de la sala por los policías que lo acompañarían hasta la cárcel funciona como un desahogo.
Comparemos: hace exactamente un año, el Tribunal Oral 1 le había perdonado al ex vice la parva de irregularidades con las que intentó esquivar el pago de la parte que le correspondía a su mujer tras la venta de un auto, falsificando los papeles del vehículo. Tras una larga instrucción y varias audiencias orales, los jueces consideraron que el plazo para juzgar la falsificación de esos documentos públicos había vencido, y que el proceso quedaba en nada. Tal el significado de la palabra técnica “prescripción”. Tan escandalosa fue esa sentencia, que la Cámara de Casación la declaró nula y ordenó hacer otro juicio.
Hasta entonces, la idea de un funcionario corrupto tras las rejas era tan remota como la de una Argentina próspera y justa. Por cierto, ambas utopías están estrechísimamente vinculadas. Pero apenas unos meses después, en noviembre, el péndulo argentino ya estaba en el otro extremo, y Boudou era encarcelado sin indagatoria ni procesamiento previos, por supuesto enriquecimiento ilícito. La Prefectura lo fue a buscar a su casa y lo fotografió en pijama, violando su intimidad con un show indigno. Eran tiempos de detenciones por kilo, en que varios jueces buscaron acortar de golpe el camino hacia ninguna parte por el que habían llevado todas las causas por corrupción.
Luego, esos atajos espectaculares y muchas veces reñidos con la ley también fueron revertidos, dejando a los argentinos más confundidos y furiosos que antes: ¿los corruptos seguirían impunes? ¿Al final Boudou era inocente? Ni una cosa ni la otra.
Con aquella mochila de chicanas a cuestas -y dos personajes clave en la tramoya con Ciccone que aún no fueron juzgados, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el banquero Jorge Brito- la más famosa de las cau- sas llegó al fin a juicio, y ayer a una condena efectiva. ¿Menos de seis años de cárcel es poco para este escándalo? Puede ser, pero con las leyes actuales no se puede pedir más.
El presidente del tribunal pronunció la dura sentencia -apenas dos meses menor a la máxima posible, de seis años- porque las negociaciones incompatibles fueron juzgadas “en concurso ideal”, es decir que no se sumaron las penas correspondientes a cada una sino que se unificó la cifra porque ambas infracciones se cometieron en un solo hecho.
La segunda explicación para la condena es que los delitos contra la administración pública tienen penas bajas, ampliando aún más el portal de impunidad y por la ventaja que ofrece el calendario: si cualquier juicio por corrupción que logra sortear el archivo dura más de una década, el plazo de seis años para juzgar un delito parece un desafío inalcanzable. Si el Congreso llegara a aprobar el anteproyecto de Código Penal que ya está listo, las penas para la corrupción serán más altas, con cotas de 12 años.
Estamos hablando de otro país. Pero que puede quedar un paso más cerca tras la sentencia que el juez Pablo Bertuzzi le leyó en la cara al ex vicepresidente de la Nación y sus cómplices. Ahora vendrán más apelaciones y trucos para pedalear la condena. Pero esa es otra pelea. ■