Ofensiva chavista sobre diputados de la oposición por el atentado contra Maduro
La Corte Suprema ordenó el arresto de Julio Borges, ex presidente del Parlamento, y pidió enjuiciar a Juan Requesens, detenido por la policía política. Se los implica en el ataque del sábado con dos drones explosivos en Caracas. Hay 19 investigados.
El gobierno chavista lanzó ayer la temida ofensiva judicial contra legisladores de la oposición a los que acusa por su presunta participación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro cuando pronunciaba un discurso ante miles de militares en Caracas, el sábado último. El Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia judicial del país controlada por el oficialismo, pidió el arresto del ex titular del Parlamento, Julio Borges, y el enjuiciamiento del diputado Juan Requesens, quien fue sacado de su casa por catorce miembros del SEBIN (Servicio Bolivariano de Información), la siniestra policía política del régimen.
En un comunicado, el tribunal indicó que “existen elementos” que comprometen a Borges, quien se encuentra desde hace varios meses en Bogotá, en los delitos de “instigación pública”, “traición a la patria” y “homicidio intencional calificado en grado de frustración” contra Maduro. La decisión contra los dos diputados del partido Primero Justicia se da un día después de que Maduro los implicara en el intento de magnicidio.
La decisión del gobierno confirma los temores de los líderes de la oposición, quienes el mismo sábado del atentado advirtieron la endeblez de las pruebas con que decía contar el presidente para inculpar a disidentes y llamaron la atención sobre la posibilidad de que se desatara una nueva represión política. Ayer mismo, el número dos del régimen y titular de la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, anunció que de inmediato ese órgano discutiría “el allanamiento de la inmunidad parlamentaria” a los diputados presuntamente implicados en el intento de magnicidio denunciado por el gobierno. El procedimiento es el paso previo para abrir un juicio.
“Este es el zarpazo más certero a la democracia venezolana”, afirmó ayer el diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, al rechazar la acción contra Requesens y Borges. La Constitución establece que todos los diputados gozan de inmunidad y que sólo el Tribunal Supremo podrá ordenar su detención para su enjuiciamiento con previa autorización de Asamblea Nacional.
El gobierno sostiene que el sábado último dos drones cargados con explosivos fueron dirigidos contra el palco presidencial de la avenida Bolivar durante los festejos por el 81° aniversario de la Guardia Nacional (policía militar). Supuestamente, un dron explotó cerca de la tarima y otro chocó contra un edificio cercano. Analistas, militares retirados, periodistas y testigos plantearon sus dudas y marcaron puntos oscuros en la versión oficial. Maduro acusó como instigador al colombiano Juan Manuel Santos, quien el martes cedió la presidencia del país a Iván Duque.
Al menos hay 19 personas en la mi-
ra del gobierno por el episodio. El fiscal general Tarek, William Saab, anunció ayer que tres de los seis detenidos por el caso fueron presentados en Tribunales. Saab dijo a la prensa que los presuntos financistas de la operación estarían en territorio estadounidense y colombiano, y precisó que dos de los implicados en el caso - identificados como Rayder Russo Márquez y el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo- están en Colombia. El fiscal no identificó a los otros involucrados.
Ayer, Borges le respondió a Maduro en Twitter. “Ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado. Todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura”, escribió en su cuenta, dirigiéndose al mandatario. “Me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie”, aseguró.
Maduro había cargado asimismo contra Requesens, a quien calificó como uno de sus adversarios “más locos y psicópatas”. Los nombres de ambos legisladores fueron mencionados por un militar retirado, Juan Carlos Monasterios, uno de los capturados como ejecutores, en un video que difundió el gobernante chavista con el testimonio de este sargento ante la Fiscalía.
La oposición teme que se desate una ola represiva en un país en el que denuncia la existencia de unos 250 “presos políticos”. “El impacto inmediato (...) será intensificar la represión contra sus oponentes y cerrar filas en el chavismo, mientras (Maduro) tratará de presentarse a sí mismo sosteniendo con fuerza al poder”, estima la consultora de riesgo Eurasia Group. Todo ocurre en un momento de gran debilidad del gobierno, con una inflación estimada en un millón por ciento para este año por el FMI, una descomunal escasez de alimentos y medicinas y una falta de dólares que traba el funcionamiento de una economía famélica. ■