El aborto legal, asunto no cerrado
En una democracia constitucional las mayorías, del pueblo o de sus representantes, son las facultadas para tomar las decisiones de gobierno. Sin embargo, esas mayorías no pueden sancionar normas que sean contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución. Ese el límite que la ley fundamental impone al gobierno democrático.
En 1921, el Congreso de la Nación sancionó una norma del Código Penal que hasta el día de hoy impone una sanción a la mujer que interrumpa su propio embarazo o autorice a un tercero a hacerlo. La Constitución Nacional, por su parte, estableció en 1853 en el artículo 19 la protección de la autonomía personal, según la interpretación de esa cláusula que ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterada jurisprudencia.
Nuestro máximo tribunal, por ejemplo, entendió en 1986, en el caso Sejean, que la ley de 1888 que impedía el divorcio vincular, por estar fundada en la imposición de un plan de vida ideal, era contraria a ese artículo 19. Estas interferencias prohibidas de denominan perfeccionistas.
El Tribunal agregó que el Estado impedía el divorcio sobre la base de su adhesión a creencias de una religión en particular, las del catolicismo, y que las convertía en ley general imponible a todos más allá de los mandatos de sus propias conciencias.
La Corte expresó allí que la decisión de los legisladores de casi un siglo de antigüedad violaba la autonomía de las personas en el sentido que les impedía realizar su propio plan de vida y que, por ello, era inconstitucional. Además, desprendió del principio de autonomía personal el mandato de que los seres humanos son fines en sí mismos y que por ello no pueden ser utilizados como medios para lograr fines de terceros. Esta doctrina respecto del significado del art. 19 se reiteró en muchísimos casos y sobre un abanico de temas que van desde la objeción de conciencia (Portillo y Arriola) a la tenencia de estupefacientes para consumo personal (Bazterrica y Arriola). Por su parte, en 2008, el Congreso de la Nación sancionó la ley que habilitó los matrimonios entre personas del mismo sexo sobre esta misma base argumental y constitucional. En suma, para nuestro Máximo Tribunal y para el Congreso de la Nación, toda interferencia estatal sobre la autonomía de las personas, únicas capaces de decidir acerca de sus propios planes de vida, es contraria a nuestra Constitución.
Y eso es lo que sucede con la ley penal de 1921. Interfiere con la autonomía de la mujer imponiéndole, por medio de la amenaza de sanción penal, un plan de vida no deseado y por eso es inadmisible constitucionalmente.
La ley de 1921 también violenta la Constitución Nacional por afectar la igualdad ante la ley, prevista desde 1853 en el artículo 16, complementado en 1994 por el art. 75, inc. 23.
Estas cláusulas de nuestra Carta Magna exigen que el Estado no tome medidas tendientes a colocar a un grupo de personas en situación de desventaja estructural, o que remueva y desmantele aquellas normas o prácticas estatales o privadas que contribuyen a colocar a las personas de un grupo, por ser parte de ese grupo, en una situación de desventaja permanente.
En las audiencias con expertos en ambas Cámaras de las últimas semanas, si hubo un dato que quedó claro e incontrovertido fue que la penalización del aborto es la causa principal de un número escandaloso de muertes de mujeres – y solo de mujeres –, predominantemente las más vulnerables por su condición social, que se ven forzadas a abortar clandestinamente.
En síntesis, la penalización del aborto en las primeras semanas de gestación es inconstitu- cional por afectar el derecho de la mujer a decidir en forma autónoma su propio plan de vida y el derecho a la igualdad, por contribuir a perpetuar su condición de desventaja, pagando incluso por ésta con su propia muerte.
Cuando una norma decidida por la mayoría, como sucedió con la norma penal de 1921, afecta derechos constitucionales, hay dos caminos para resolver el conflicto.
El primero, más deseable desde la perspectiva de una teoría democrática robusta, es que sea el mismo pueblo, por medio de sus representantes, el que corrija el error de haber violentado sus propios compromisos constitucionales. El otro camino es que sean los tribunales, que en nuestro país tienen la responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, los que declaren la invalidez de la norma legislativa en el marco de un caso concreto.
El Congreso tuvo la oportunidad histórica de enmendar un error propio de casi un siglo y la perdió. La Cámara de Diputados, donde está representada toda la ciudadanía, se expresó a favor de la inconstitucionalidad de la vieja norma y propuso su enmienda. La mayoría de los representantes de las Provincias en el Senado optó por mantener una ley contraria a los pilares más fundamentales de nuestra Constitución: la libertad y la igualdad.
El proyecto de reforma de Código Penal, por lo que se sabe al día de hoy, tampoco lograría el objetivo. Si bien el Congreso contará siempre con la vía de la reforma, parece abrirse el turno de los Tribunales que podrían pronunciarse a favor de los derechos de la mujer en juego. Así lo han hecho las máximas Cortes de Estados Unidos (1973), Colombia (2006), México (2008), y Brasil (2016). El camino abierto en Sejean debería conducir en esta dirección. ■