Crisis en Nicaragua: Ortega recorta gastos en educación, salud e inversión pública
El ajuste será de 235 millones de dólares. El gobierno acusa a la oposición por el freno de la economía.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso un recorte de 235,2 millones de dólares, 9,2 por ciento, al Presupuesto General de la República, según trascendió ayer en Managua, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 448 muertos, en protestas contra el mandatario. La propuesta, que Ortega envió hace dos días a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional (parlamento) sin hacerlo público, fue divulgada en las últimas horas vía internet por miembros del Legislativo.
La enmienda pretende que el presupuesto general de Nicaragua para 2018 pase de 2.547,2 millones de dólares a 2.312 millones de dólares, para una reducción de 235,2 millones de dólares, que equivale al 9,2 por ciento.
El presidente nicaragüense también envió a la Asamblea Nacional una propuesta de “urgencia” para la reducción en un 6,8 por ciento del gasto total del Estado en 2018, que equivale a 186,4 millones de dólares.
Ortega propuso dichos cambios “por la necesidad de realizar ajustes al presupuesto general de Ingresos, Presupuesto General de Egresos y su financiamiento, como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado”, según la exposición de motivos.
Entre las explicaciones brindadas por Ortega, está la reducción en la recaudación de impuestos, que pasó de un 102 por ciento antes del estallido social del 18 de abril, a un 93 por ciento cuando los manifestantes bloquea- ron las principales vías del país, y bajó al 74,1 por ciento después de que el Gobierno rompió los bloqueos utilizando armas de guerra contra las protestas. Algunos de los sectores más perjudicados por la propuesta de Ortega son la salud, que perderá 26,6 millones de dólares, la educación, cuyos ingresos mermarán en 19,7 millones, y el Programa de Inversión Pública, con 18,5 millones de dólares menos.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega en la presidencia cuando el país vivió una cruenta guerra civil al enfrentar a los Contras, financiados por los Estados Unidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudi- ciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que siguen vigentes, iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Ayer, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, afirmó que sueña con una Nicaragua sin “faraones ni oprimidos”.
“Sueño con una Nicaragua sin “faraones” y “oprimidos”, en donde se respete la dignidad y los derechos de toda persona, en donde renunciemos a intereses particulares para compartir nuestros bienes e intereses en paz y justicia, y en donde disentir del poder no sea un delito”, dijo Báez, en sus redes sociales. Báez, quien forma parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que actúa como mediadora en el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para resolver la crisis, es uno de los obispos más críticos del Gobierno. ■