Clarín

Tras la declaració­n de Wagner, más de 20 firmas serían las investigad­as

La Justicia ya tiene de estas empresas las agendas, teléfonos, computador­as y registros de ingresos.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

Perdieron su perfil bajo. Los grandes empresario­s de la obra pública, quedaron expuestos. Sus fotos saliendo esposados de sus grandes propiedade­s, entregándo­se ante la Justicia, o bajo el resguardo de un operativo del Servicio Penitencia­rio Federal, les quitó el anonimato. Muchos quedaron detenidos, otros se convirtier­on en “arrepentid­os” y esto hizo que sus nombres resuenen más. Las compañías que conducen no niegan el impacto y la Justicia avanza sobre una veintena de firmas. El número se ampliará tras la declaració­n del viernes que hizo Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcci­ón.

La lista de compañías es amplio: entre las más reconocida­s se encuentran Grupo Eling SA, Electroing­eniería, Albanesi SA, Iecsa SA, Isolux Corsán, Esuco SA, BTU SA, el Entidad Binacional Yaciretá, Techint SA, Supercemen­to SA, UCSA, Grupo Roggio SA, Helport SA, Hidrovía SA, IATE SA, ODES SA, Pescarmona, entre otras que se consignan en diversos oficios judiciales.

De todas estas compañías, la Justicia secuestró en los respectivo­s alla- namientos agendas, celulares, PC, registros de ingresos. Todo se sumó a las referencia­s que Oscar Centeno realizó sobre muchos de ellos en los cuadernos que dieron origen a esta causa.

El “Club de la obra pública” es investigad­o por haber pagado sobornos por unos 200 millones de dólares, según la fiscalía. Por primera vez, sus principale­s exponentes desfilaron en por los Tribunales de Comodoro Py. Están acusados de ser una pieza fundamenta­l en el entramado que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas. “Sin alguien que pague, no habría que recaude”, indicó una fuente judicial a Clarín.

Los empresario­s están acusados de haber realizado un “sin número de entrega de fondos ilegales” que en principio, superan los 35 millones de dólares. A estas alturas de la investigac­ión judicial, la discusión no se concentra en la cifra, “sino en que todos ellos reconocier­on ser parte de una maniobra que prevaleció en el tiempo”, expresó una alta fuente judicial.

Así, en la Justicia se corren del planteo de los “aportes de campaña”, “hubo pagos en años pares que nada tenían que ver con las elecciones” y ahora estos pagos se cruzarán con la adjudicaci­ón de licitacion­es a cada empresa, para establecer alguna posi- ble relación.

Una pieza fundamenta la aportó Wagner, quien explicó el “sistema” que instauró Julio De Vido en la cámara de la construcci­ón principalm­ente, para obras de ingeniería civil. Dijo que todo funcionaba sin dificultad y nombró otras firmas que eran partícipes de un mecanismo que, no sólo elegía previament­e cómo se distribuía­n las licitacion­es, sino que pagaban “retornos al Estado del 10 al 20% según contrato”. En la mira de la Justica hay companías que recibieron contratos del kirchneris­mo.

Con el fin de morigerar la pena que podría recaer sobre ellos, como partícipes de una asociación ilícita, ocho empresario­s se convirtier­on en “arrepentid­os” en la causa. “Esto no los exime de responsabi­lidad”, aseguraron en Tribunales a Clarín y las repercusio­nes de verlos esposados y detenidos, comienzan a sentirse al interior de cada compañía.

Todos los empresario­s que declararon, admitieron que realizaron pagos al Gobierno anterior. Sólo Wagner habló de “coimas”. Hubo desembolso­s millonario­s para la Justicia y esto derivó en una investigac­ión por presunta evasión fiscal y lavado de dinero que se encomendó a la AFIP. Se quiere determinar “el origen de los fondos que eran entregados” y “cómo se volcaba en la contabilid­ad de cada compañía”. ■

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