Un empresario dijo que pagó por un decreto de Cristina y habría nuevas detenciones
Crece el escándalo por las coimas K
Es Gabriel Romero, el titular de Hidrovía SA, la empresa encargada del drenaje de los ríos y de cobrarles peaje a los barcos que navegan desde Rosario a Paraguay. Arrepentido ante la Justicia, confesó que pagó 600 mil dólares por un decreto en 2011 que firmó la ex presidenta y extendió el contrato hasta el 2021. Además, recibió US$ 112 millones en subsidios para dragados. El empresario tenía vínculos aceitados con la UCR. Por estas derivaciones, hoy se producirían detenciones de ex funcionarios ligados al área de transporte.
La confesión del titular de Hidrovía SA, Gabriel Romero, es clave no solo para el caso de los cuadernos de las coimas sino para la causa en que se investigaba irregularidades en esa polémica concesión. Romero confesó ayer en su indagatoria, al acogerse al régimen del arrepentido, que "pagó 600 mil dólares en sobornos por el decreto 113/2010", dijo una fuente judicial a Clarín. Ese decreto fue firmado por Cristina Kirchner en el 2010 y prorrogó sin licitación la concesión para esa empresa hasta el 2021, lo que complica más la situación judicial de la ex presidenta.
Con esa decreto se definió el negocio del drenaje y el cobro de peajes a todos a todos los buques que entran por el canal Mitre a Rosario y luego siguen hasta Asunción y es multimillonario.
Con esta confesión, Romero logró que Bonadio excarcelara al gerente de Hidrovía, Rodolfo Poblete.
En su indagatoria, Romero también explicó “en qué condiciones se pagaban las coimas, cómo era el proceso, y qué exigencias financieras se imponían”. Precisó que le pagaba sobornos, también, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Hidrovía y otros empresas de Romero están mencionada por Oscar Centeno en sus cuadernos. Por ejemplo, del 19 de marzo de 2010, escribió “lo llevé al licenciado Baratta y a Nelson Lazarte al 2do subsuelo de Alvear 1491, donde lo esperaba Rodolfo Paulette (por Poblete), donde le entregó un bolso con 300 mil dólares al Lic. Baratta mientras con Nelson presenciamos desde el auto”, escribió Centeno. Y amplió: “Salimos raudamente y lo llevé al Lic. a su depto, donde bajó con todo. Luego Nelson se fue y yo me quedé hasta las 18:00, cuando el Lic se fue en su auto a la Quinta de Olivos a jugar a la pelota con Néstor Kirchner e invitados”. En otro tramo, Centeno habló de un soborno de 800 mil dólares.
La trama de este negociado con el Estado viene de antes de los K. En el 2001, el ex presidente Eduardo Duhalde permitió seguir cobrando el peaje en dólares, pese a que había pesificado toda la economía tras las salida de la convertibilidad. Desde ese momento la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, hizo varias denuncias sobre todo porque sospecha que un sector del radicalismo le da respaldo político a Romero. Antes que Carrió, en el 2010, el abogado Francisco Pizarro Posse hizo una denuncia contra el consorcio Hidrovía SA. La firma está en manos de Romero y la compañía belga Jan de Nul. Romero tenía muy buenos vínculos con el Gobierno K. En el 2009, Romero participó de una cena de empresarios con Cristina en Olivos. De Nul estuvo investigado por la Justicia en Bélgica por corromper a un funcionario.
Pizarro Posse fue el denunciante que originó este expediente que lleva más de 15 años en Tribunales. En el 2010, Pizarro Posse -hoy fallecido- se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral solicitando se suspendan las obras hasta que se esclarezcan los hechos denunciados.
Sin embargo, luego de un complejo proceso de renegociación, Cristina firmó el decreto 113/2010 y sin mediar licitación, como corresponde en estos casos, le otorgó a Hidrovía un tramo muchísimo mayor -1100 kmpara ampliar los canales hasta llegar a Asunción y le prorrogó la concesión hasta el 2021. Cristina había dicho que fue a cambio de que la empresa “renunciara a juicios contra el Estado”. Desde los noventa, ninguna empresa pudo competir con Hidrovía SA en una licitación por el negocio.
En 2009, por ejemplo, se exportaron 18 mil millones de dólares de cereales desde esa vía concesionada por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones agropecuarias del país. Según, el denunciante Hidrovía tuvo entre el 2007 y el 2009 “una ganancia anual de 120 millones de dólares”. Además, el abogado había pedido a la justicia que investigue por qué la empresa “cuadriplicó sus gastos en honorarios” en sus balances porque sospechaba que encubrían sobornos. Por ejemplo, en el 2007 dijo que gastó 60 millones en ese rubro. Con el decreto de Cristina, el Estado le dio a Hidrovía, además, un subsidio total de US$ 112.500.000 en 3 años para ayudar en la ampliación de la primera etapa de dragado (que va desde Santa Fe a Confluencia). Además del peaje que les cobra a los buques de ultramar por transitar por el canal. El denunciante dice que Hidrovía lo aumentó en un “81% en dólares”.
Todo el proceso de renegociación fue impugnado en 2009 por Eduardo Mondino cuando era Defensor del Pueblo de la Nación en un durísimo informe. Una seguidilla de revisiones, modificaciones y prórrogas del contrato desde 1995 a esta parte fue objetada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Oficina Anticorrupción (OA), que se presentó como querellante. En 2005, quien era el titular del organismo, Abel Fleitas de Rozas, había sostenido que “esta licitación estuvo armada para beneficiar al consorcio que resultó ganador”. Además, la oposición no avaló el acuerdo en el Congreso. La causa tuvo un destino errante: se abrió en 1995 denunciando una maniobra que incluía la ampliación de la concesión apenas comenzada la obra; la dolarización de la tarifa con un decreto que contradecía la ley de pesificación post crisis de 2001, y la falta de constitución del ente regulador del servicio. Canicoba Corral sobreseyó a los empresarios y funcionarios denunciados pero el fiscal Gerardo Pollicita apeló la medida sin suerte. ■