La lucha contra la corrupción como política de Estado

Fiscal General, director de la Diplomatura en Transparencia Pública y prevención de la Corrupción (Universdad de San Isidro “Dr. Plácido Marín”-USI)

La Ley 27.401 estableció un nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos vinculados a actos de corrupción. Más allá de inconvenientes dogmáticos que puede plantear la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el debate académico, la ley se erige como un avance necesario para reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción. Así, el Estado argentino dio cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales y sigue el camino emprendido por normativas de la Unión Europea y de la legislación española, que instauró un sistema amplio de responsabilidad de las personas jurídicas en su Código Penal.

La ley argentina establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los siguientes delitos: cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; concusión; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, y balances e informes falsos agravados. Es relevante destacar que la norma establece que en las contrataciones públicas con el Estado Nacional, la persona jurídica debe implementar un eficiente programa de integridad. Es de- cir, no sólo se exige que la empresa ejecute un programa de cumplimiento, sino que debe ser eficaz para la prevención de delitos. Esto se debe a que es en las contrataciones públicas donde históricamente particulares y funcionarios llevan a cabo los grandes abusos y atropellos al erario. La corrupción arraigada en todos los niveles y sectores del Estado, como la sensación de impunidad de quienes obtienen provecho económico, provoca un enorme perjuicio que debe ser visibilizado.

A pesar de la gravedad del fenómeno, en nuestro país ha habido una naturalización de la corrupción, al absurdo de que se percibiera como un mal necesario y, peor aún, ha llevado a tomarla como una práctica imposible de erradicar. Para desterrar este tipo de hábitos, del sector público y del privado, es necesario, en primer lugar, lograr un real cambio cultural que rechace cualquier manifestación de la corrupción. En segundo lugar, es imprescindible la implementación de los principios de transparencia en la gestión pública, facilitando el acceso a la información de interés público, con sistemas eficaces para la evaluación del rendimiento de las instituciones. Esto es lo que se pretende con la sanción de la Ley 27.275 de ac- ceso a la información pública, que garantiza a la ciudadanía el derecho de conocer y de involucrarse en las decisiones políticas, así como el de ejercer un control sobre los diferentes poderes del Estado. Es necesario fomentar una política preventiva que abarque los siguientes aspectos: desarrollo de las normas éticas en los negocios, adopción de las medidas internas de prevención de la corrupción y construcción de una cultura de la integridad en las distintas organizaciones.

Del espíritu de la Ley 27.401 se evidencia un firme propósito en ese sentido y en pos de disuadir los actos de corrupción en el sector privado. En definitiva, será la efectiva y concreta aplicación de la ley lo que permitirá que esos fines sean alcanzados y que la norma no tenga un mero efecto simbólico.

Una verdadera república demanda que la sociedad en su conjunto y todos los poderes e instituciones adopten una posición inflexible contra la corrupción, que se transforme en una verdadera política de Estado, que trascienda personas, gobiernos, partidos políticos e ideologías. Sólo así se podrán desterrar estas prácticas tan nocivas para la sociedad. ■