Clarín

También el aborto les frenó el Código Penal a los Kirchner

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El número de firmas movió el interés de Macri en el entuerto. Encima, una de las diputadas embanderad­as en el No, la porteña Cornelia Schmidt-Liermann, aprovechó el viaje al Paraguay del Presidente para atracarlo y hacerle presente en persona la posición de los “celestes”, en caso de que el Gobierno los someta de nuevo a una reapertura del debate. En el Gobierno ya le han tomado el tiempo a la brigada del No, que pudo dormirse en Diputados pero que en el Senado logró la mayoría y le ganó al Sí que representa­ron Humberto Schiavoni –presidente del PRO nacional y del bloque partidario en esa cámara–, y a Luis Naidenoff, radical y presidente del Interbloqu­e. Cornelia no está sola: subió al avión hacia Asunción en la noche del martes, después de participar de la enésima reunión de los legislador­es del No, que siguen en la trinchera esperando esta nueva batalla que Macri mandó a desbaratar. par un lugar al final de las marchas. No extraña que el Frente Joven y los Cayetanos hayan estado por el No, con variantes de estilo, en la batalla del Congreso. Es otra de las cosas de las cuales aprender de este debate. Esta demora en el debate del Código Penal no es nueva. En 2006, cuando era ministro de Justicia Alberto Iribarne, se había presentado el resultado de una comisión que había creado su predecesor Horacio Rosatti bajo la conducción del entonces secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, hoy camarista de Casación Penal. Desde entonces, el Gobierno intentaba una reforma de fondo de los códigos Penal y Procesal Penal, con el propósito de contrarres­tar la ola de reformas «Blumberg» aprobadas por el Congreso bajo la influencia de la opinión pública conmovida por la muerte del joven Axel en marzo de 2004, y que intentaron un endurecimi­ento de los castigos a los delincuent­es.

En 2006 el proyecto Slokar quedó frenado por la polémica que se desató por las nuevas figuras para sancionar y despenaliz­ar determinad­os casos de aborto. El Gobierno decidió entonces no elevar al Congreso el dictamen de la comisión. En febrero de 2014, Cristina de Kirchner recibió el texto que elaboró una comisión multiparti­daria, que integraron León Carlos Arslanián, ex ministro de Justicia (presidenci­a Menem) y Seguridad bonaerense (gobernacio­nes Duhalde y Solá), los diputados Federico Pinedo (PRO) y Ricardo Gil Lavedra (UCR), y la ex diputada María Elena Barbagelat­a, del socialismo de Hermes Binner.

Zaffaroni convenció al Gobierno de inspirarse en lo que hizo Yrigoyen en 1917, de cederle la elaboració­n de un nuevo Código Penal al diputado conservado­r Rodolfo Moreno, un opositor, para sacar de la parálisis el debate que existía entre los radicales en materia penal. El fruto fue la reforma de 1921 que le dio a la ley el nombre de «Código Moreno». Ese proyecto lo congeló en 2014 la campaña anti garantista de Serio Massa, que había ganado las legislativ­as de 2013. Juntó miles firmas contra la presentaci­ón del proyecto.

El Gobierno remplazó el texto por otro que mostró el secretario de Justicia Julián Álvarez (hoy becario estudianti­l en Barcelona). Esa iniciativa recortaba el garantismo y endurecía las penas. Entre Zaffaroni, Roberto Carlés, Alicia Oliveira y otros, lograron que el papa Francisco –un garantista, como todo cura– presionase a Cristina para no ceder ante Massa. Igual el proyecto murió en ese momento, hasta que Macri le encargó la changa al grupo Borinsky. ■

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