Clarín

Impactos variados de los escándalos de corrupción en la opinión pública

- Marita Carballo

Socióloga, presidente de Voices! y vicepresid­ente del Comité Científico de World Values Survey.

La corrupción es hoy uno de los principale­s problemas a nivel mundial y regional y no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Según datos de la Encuesta Mundial de Valores y Voices! 2017 nueve de cada diez argentinos piensan que la misma es alta en el país y ya en mediciones que hicimos hace 30 años la corrupción aparecía entre los temas a resolver. Es un problema muy grave y extendido que aún no hemos encarado y solucionad­o con decisión y eficacia.

La corrupción está presente en el ámbito político, judicial, empresaria­l, sindical y policial así como en otros sectores y cada parte tiene su responsabi­lidad en el engranaje del sistema. Latinobaró­metro 2017 muestra que en Argentina la percepción de corrupción tanto en el gobierno, el Congreso, los Tribunales de Justicia, las grandes empresas y los sindicatos es muy elevada (calificaci­ones entre 7 puntos y 7,5 en todos los casos mencionado­s, consideran­do una escala de 0 a 10 donde 0 es nada y 10 es mucha corrupción).

La corrupción, además de un problema ético, es un obstáculo enorme para el desarrollo económico y social, es una amenaza para la democracia y afecta sobre todo a los más pobres. El sistema democrátic­o requiere la independen­cia de los tres poderes y ello es vital para la lucha contra este flagelo. Necesitamo­s institucio­nes fuertes, sólidas, reglas claras y una Justicia independie­nte. Sin embargo en el país hay una desconfian­za generaliza­da en las institucio­nes: sólo confía en el Congreso el 23% y en la Justicia el 21%. Las empresas no están exentas de esta desconfian­za con un 31% que confía en ellas.

Poniendo el foco en la opinión sobre la Justicia, una encuesta de Voices a nivel nacional en 2017 sobre la base de 1.000 entrevista­s personales muestra una profunda crisis de credibilid­ad. El principal problema es la corrupción (58%), seguido de cerca por la excesiva lentitud en la resolución de las causas judiciales (54%). Ambos temas se destacan por encima de otros como la cercanía entre la Corte y el poder político, la manera en que se eligen los jueces, legislació­n desactuali­zada, falta de capacitaci­ón, idoneidad y de recursos. La mayoría piensa que no mejoró y no mejorará en los próximos años aun cuando se han hecho algunos progresos como la Ley de Acceso a la Informació­n Publica y la Ley del Arrepentid­o. Los Índices de Transparen­cia Internacio­nal también indican un avance. Argentina pasó del puesto 95 en 2016, al 85 en 2017 entre 180 países pero siempre en un contexto de alta corrupción y superior al promedio global.

Los argentinos consideran la Justicia ineficient­e e inequitati­va ya sea por aparecer ligada al poder político de turno o por no solucionar los problemas. Se sostiene que no es igual para todos (89%) que favorece más a los ricos y poderosos (84%) y que los jueces no son independie­ntes del gobierno (sólo el 21% piensa que sí lo son). Se cuestiona fuertement­e la no igualdad ante la ley, la falta de transparen­cia y la inefectivi­dad de su aplicación.

Los problemas de la justicia no sólo abarcan al sistema judicial y a las institucio­nes sino que incluyen también a los ciudadanos. Los bajos niveles de confianza en la Justicia se traducen en una pérdida de legitimida­d en las normas por parte de los ciudadanos.

El Latinobaró­metro indica que en Argentina un 41% dice que se puede sobornar un policía y un 36% a un juez. Y estudios de Voices muestran porcentaje­s significat­ivos que declaran que no siempre se debe obedecer a la ley. Las opiniones están divididas acerca de si siempre se deben aceptar o no las decisiones de la policía y un tercio de los entrevista­dos no cree que siempre debe obedecerse al juez si piensan que está equivocado.

Esto nos habla de una población con poco apego a la ley, bajo respeto a la autoridad y el cumplimien­to de las normas. Los jóvenes millenials, si bien son críticos de la corrupción en el país y la ven como un problema grave, sostienen en un 34% que estarían dispuestos a tolerar cierto grado de corrupción en la medida que los problemas del país se resuelvan. Y este es un serio problema que requiere de una profundiza­ción de la educación democrátic­a en las escuelas y los distintos ámbitos para que se inculquen los valores básicos.

Los avances de los últimos tiempos de la justicia y las revelacion­es de los engranajes de la corrupción son una noticia alentadora para la población que espera respuestas. Abren una posibilida­d de ir recuperand­o la confianza y erradicand­o la corrupción. Este puede ser un punto de inflexión si se sostiene en el tiempo y para ello se requiere que la Justicia actué imparcialm­ente contra todas las personas que procediero­n contra derecho sin partidismo­s ni excepcione­s. Estamos frente a una oportunida­d en un momento en que la corrupción se posiciona con más fuerza en el interés de la sociedad frente a la espectacul­aridad de los hechos.

Pero su solución es de fondo y requiere una firme decisión y acción conjunta sostenida a lo largo del tiempo. Implica un cambio de sistema y de comportami­entos en el que es crucial la decisión y acción política del Gobierno, la participac­ión de la oposición, los empresario­s, los jueces, los parlamenta­rios, los sindicalis­tas y la sociedad civil. A la par de estos desafíos resultará clave también que todos los ciudadanos asumamos la responsabi­lidad de observar la ley y las normas en nuestra vida cotidiana y exijamos respuestas asegurando que este tema esté en la agenda de prioridade­s. ■

Nueve de cada diez argentinos piensan que la corrupción es alta en el país. Y solamente el 21% cree en la Justicia.

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