Los peronistas llevan una propuesta común al Gobierno por el Presupuesto
El Gobierno no lograría sentar a 24 ministros de provincias. Diez del PJ más Santa Fe y Río Negro, se apartan.
Cambio de formato y sede paralela. La reunión prevista en principio para este jueves en la Casa Rosada con los 24 ministros de Economía de las provincias se encamina a partirse, aunque desde el Gobierno buscarán sos- tenerla en las próximas horas.
Todavía sin diluirse el enojo por la eliminación del Fondo Sojero por decreto antes de lo acordado, un grupo mayoritario de mandatarios peronistas rechazaron avanzar en una cumbre con funcionarios de todo el país y que incluyera en esta instancia de negociación a sus pares de Cambiemos. “La habíamos pedido nosotros pero no con ese marco, se iba a ensuciar”, dijo un ministro de unos de los peronistas que coordina.
Representantes de Córdoba, Salta, Formosa, Catamarca, San Juan, Entre Ríos, Chaco, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Fe y Río Negro se reunirán este jueves por la ma- ñana en la Casa de Salta. De acuerdo con fuentes del peronismo, los funcionarios nacionales Rodrigo Pena - secretario de Hacienda-, Alejandro Caldarelli -de Provincias y Municipios- y Paulino Caballero -subsecretario de Relaciones con las Provincias- irán hacia allí y no habrá reunión con ellos en la Casa Rosada. Ese grupo ya venía consensuando una propuesta común para cumplir con el ajuste fiscal que requiere el Poder Ejecutivo.
Como contó Clarín, el Gobierno había convocado a los 24 ministros provinciales para discutir en conjunto las alternativas para llevar el déficit fiscal al 1,3% del PBI el año próximo y así cumplir con el compromiso con el FMI. Del recorte de $ 300.000 millones para alcanzar esa meta, Mauricio Macri dispuso que $ 200.000 correrán por cuenta de Nación y $ 100.000 de los distritos.
“Van a presentar las contrapropuestas, decidimos ampliar y convocar a todos”, adelantaban en el ministerio conducido por Rogelio Frigerio. La invitación formal a la cumbre se mantenía anoche y hubo gestiones para sostener la cita, aunque en Balcarce 50 deslizaron que este miércoles podría confirmarse los cambios: “El formato no es trascendente e incluso sería mejor que sean por separado. Difícil que haya un acuerdo con todos”. Una posibilidad es desdoblar: reunión con el grupo con mayoría peronista en la Casa de Salta, luego con representantes del otras doce provincias en la Casa Rosada.
En estos días previos los gobernadores y sus ministros fueron punteando algunos ítems para discutir con el Gobierno.
El borrador de mayor consenso, que involucra a la mayoría de las provincias peronistas -menos San Luis y Santa Cruz- además de Santa Fe, gira en torno a la suspensión de los giros de ATN por parte de Nación, lo que implicaría un ahorro de $ 14.000 millones. El beneficio para este sector peronista y del socialista Miguel Lifschitz consistiría en prescindir de ese reparto en los hechos discrecional por parte del Ejecutivo.
“Queremos dejar en claro cuál es la posición de la mayoría de las provincias gobernadas por el PJ”, señaló unos de los mandatarios peronistas a Clarín.
En un tramo aparte también figura la eliminación de las transferencias directas a los municipios. “Ya que hay que recortar, que empiecen por esa parte discrecional”, será el argumento que expondrán.
Otro ítem con bastante consenso del trabajo que da un total de recorte de $ 102 mil millones, es la eliminación del Fondo Sojero, ya dispuesta por decreto y que significará $ 26.000 menos para las provincias en 2019: “Ya es casi una batalla perdida”. Menos coincidencias hubo con la reducción de los subsidios al transporte y el congelamiento del Fondo de Incentivo Docente, pero se avanzaría de todas maneras.
Aún con estos reparos y los cambios para la reunión, los gobernadores mostraron predisposición para “hacer nuestro aporte” para darle al Gobierno la sanción del Presupuesto “en las condiciones requeridas”.
También pedirán una revisión de la reducción de impuestos previstos en el Consenso Fiscal y de la política tributaria. Y asignar tres puntos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para sostener la obra pública.
El Gobierno se propone acelerar con la mirada en el 15 de septiembre, fecha límite para el envío del proyecto al Congreso. ■