Accidentes de tránsito: un muerto por hora y tema de salud pública
Si en un país murieran miles de personas al año como consecuencia de alguna enfermedad, nadie dudaría de que el Estado afronta un grave problema de salud pública y se reclamaría a los gobernantes las respuestas urgentes para contrarrestar la epidemia.
En la Argentina nada mata más personas que los accidentes de tránsito. En 2017 hubo cerca de 7 mil muertos, de los cuales 4 mil fueron menores de 45 años que fallecieron mientras cruzaban la calle, tras caer de una moto o aprisionados dentro de sus vehículos luego de chocar. Fueron 20 muertos por día: una vida arrancada de este mundo cada hora.
Es tiempo de afrontar la inseguridad vial como lo que es: un enorme problema de salud pública, y no una cuestión policial. Hace falta destinarle la importancia que merece, tener la decisión política necesaria y seguir el modelo virtuoso que los países desarrollados han edificado a través de los años: Educación vial desde la educación inicial y durante todo el recorrido educativo de los jóvenes, hasta la obtención de la primera licencia, con contenidos obligatorios incluidos en los planes de estudio. No más charlitas contratadas donde participan una sola vez en la vida. Eso no sir- ve y las estadísticas lo demuestran.
Es preciso implementar exámenes rigurosos para la obtención de los registros, diferenciados por categorías de vehículos y edades de los aspirantes. Por favor, no más charlas virtuales para acelerar lo que se considera un trámite burocrático: obtener o renovar una licencia no es un trámite sino una instancia clave para evaluar si alguien está apto para conducir, como lo entendieron los países centrales hace décadas.
Control de los factores de riesgo vial (exceso de velocidad, consumo de alcohol y drogas, falta de casco, uso de celular, sillas infantiles) en todo el país, en todas las rutas, y hasta las últimas consecuencias. No más operativos de verano para los medios: la gente se muere en el asfalto también de marzo a diciembre. Pueden decir que este es un país federal en el que cada provincia se maneja de manera independiente y que el control no se puede garantizar: la Agencia Nacional de Seguridad Vial podría tomar el ejemplo de la TISPOL, red de policías de seguridad vial de los países miembros de la Unión Europea, que semana a semana articulan controles a cientos de miles de conductores, pese a pertenecer a diversos países, con normas diferentes e idiosincrasias dispares. Si se puede.
Normas adecuadas para prevenir y sancionar acordes a la magnitud del problema, en las que la recaudación por multas deje de ser el fin último del Estado y se avance sobre la suspensión temporal de la licencia ante faltas graves, la inhabilitación para reincidentes y la pena de prisión efectiva para los homicidas viales, con la creación de un fuero judicial especializado en la temática.
Campañas de concientización sostenidas y crudas, en lugar del trillado "respetá las normas". Un caso concreto: gracias a la acción estatal todo el mundo sabe del peligro del dengue y se logró que el repelente de insectos esté presente en cada hogar. En 2017 la cantidad de muertos en Argentina por estas enfermedades fue cero. Nadie falleció por el mosquito. ¿No sería razonable generar la misma conciencia sobre las consecuencias de manejar alcoholizado o sin casco en la moto, si en el mismo período los muertos por inseguridad vial en nuestro país fueron 7mil?
Hay muchas cosas para hacer, pero si se arrancara con éstas estaríamos ante un avance extraordinario hacia una nueva política de estado en materia de seguridad vial que cuide las vidas de miles de compatriotas. ■