El PJ y los K aprobaron un proyecto “blando” contra la corrupción
La norma permite recuperar para el Estado bienes adquiridos con fondos de orígen ilícito.
Tras un debate intenso, el Senado aprobó esta madrugada el proyecto de ley de extinción de dominio en versión del PJ de Miguel Pichetto, con apoyo del kirchnerismo, que introduce importantes cambios a la media sanción de hace dos años en Diputados, y deja afuera la posibilidad de “recuperar lo robado” en, por ejemplo, la causa de los cuadernos de las coimas de la era K.
Tras la aprobación del Senado con 40 votos a favor y 26 en contra a la 1.01 de la madrugada, el proyecto deberá volver en segunda revisión a Diputados, que podría insistir con su media sanción. En el oficialismo en el Senado entienden que eso no ocurriría porque existiría un acuerdo entre el PJ, Sergio Massa y el kirchnerismo para votar el texto que aprobó la Cámara alta.
Sin embargo, la jefa de la bancada massista Graciela Camaño le dijo a Clarín que van “a insistir” con su proyecto, por la versión de Diputados de la que es autora junto a Massa. Cambiemos también quiere esa versión, y si se junta con el FR tendrían muy cerca la mayoría para ratificarlo.
Pese a sus diferencias políticas, el bloque del PJ y del FpV consensuaron votar un mismo proyecto. La senadora K María de los Ángeles Sacnun lo anunció durante el tratamiento del proyecto, anoche: "Es posible que podamos unificar en conjunto con el proyecto en general propuesto por el bloque del PJ y en ese sentido vamos a votar".
El senador Pedro Guastavino fue el miembro informante del bloque del PJ. Justificó los cambios que el bloque peronista introdujo en la media sanción de Diputados: "Hubo unanimidad de todos los expositores que vinieron al Senado de que el texto tenía errores garrafales y que no se podía avanzar en su sanción", afirmó.
Una de las diferencias clave entre los proyectos propuestos por el oficialismo y el del peronismo es la retroactividad de la ley: el de Cambiemos la permite, en cambio el del PJ, no. Rodolfo Urtubey (PJ-Salta) se refirió al punto: "No voy a esquivar una cuestión que está dando vueltas que es la retroactividad. En una acción civil son los jueces que determinarán si se puede aplicar la retroactividad a procesos en trámite, es algo que no se decreta por ley. No sería prolijo que una norma de esa naturaleza saliera del Congreso".
Cambiemos, que llegó al recinto con un texto que “mejoraba” lo aprobado en Diputados, ya había anticipado su voto contrario al proyecto de Pichetto y Rodolfo Urtubey. La radical tucumana Silvia Elías de Pérez lo calificó de una “amnistía”. “Si se aprueba el proyecto del PJ, ¿qué hacemos con todo lo que se robó? ¿Bo- rrón y cuenta nueva? ¿Eso es lo que proponen? La sociedad nos pide que no sellemos la impunidad, aprobar este dictamen es aprobar una amnistía”, sostuvo la senadora en el debate.
El macrista Federico Pinedo agregó: "El decomiso es una pena accesoria en materia penal y la extinción de dominio no es una pena. Por eso, es posible aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de esta ley".
Un punto clave en las diferencias entre el PJ y Cambiemos en la extinción de dominio -un instrumento legal que permite al Estado recuperar los bienes de origen ilícito del narcotráfico y la corrupción, entre otros delitos complejos- es la retroactividad o no del proyecto. Pichetto puso el énfasis en la “falta de garantías constitucionales” de la media sanción de Diputados, que planteó la acción de extinción de dominio en la vía de la Justicia civil, por fuera de la causa penal y sin necesidad de esperar la sentencia penal. La iniciativa del PJ proponía en cambio que “la acción de extinción de dominio es una acción civil que se ejerce en el marco del proceso penal”.
El PJ y el kirchnerismo acordaron retoques: la incorporación de los delitos contra el orden económico y financiero (el título XIII del Código Penal) y poner al Ministerio Público Fiscal en cabeza de las investigaciones en lugar del Procurador del Tesoro. También acordaron un punto que sin nombrarlas apunta a las cuentas off shore que señalan como práctica habitual del macrismo y sus funcionarios. Así, si los bienes a extinguir “no pudieran ser hallados” en el país se puede actuar sobre “otros bienes propiedad del accionado”. ■
Ahora la norma debe volver a Diputados, que podría insistir con su media sanción de 2016.