Presente y futuro de la interrupción voluntaria del embarazo
Aprincipios del siglo veinte, un Congreso compuesto únicamente por hombres blancos y propietarios en una época donde las mujeres no votaban, despenalizó el aborto voluntario en cualquier momento del embarazo cuando la vida o la salud de las mujeres estuviera en peligro o ante un embarazo producido por una violación.
En pleno siglo XXI, a pesar de que el Pueblo se había expresado afirmativamente a través de sus diputados, 38 senadores resolvieron rechazar el proyecto de ley que habilitaba la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce garantizando el derecho a la autonomía de las mujeres. Una mayoría ajustada que, en términos numéricos representa a muchos menos argentinos que los 31 senadores que votaron a favor.
Los argumentos jurídicos expuestos por muchos de los senadores opositores sonaron como un mantra hipnótico sin correlación con la verdad. Invocaron el art. 75 inciso 23 de la Constitución sin tener en cuenta lo debatido en la Convención Constituyente de 1994. Recitaron los artículos de los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos soslayando las interpretaciones realizadas por los órganos de aplicación en torno al aborto voluntario.
Desconocieron la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia. Si los fundamentos expuestos fueran realmente válidos automáticamente el actual código penal sería inconstitucional y debería castigarse con prisión a las mujeres que abortan porque corre peligro su salud o han sido violadas.
De la posverdad y la fake news jurídica pasaron al vaciamiento de la Constitución y los tratados de derechos humanos para llenarlos de dogmas de fe o meras especulaciones electorales con aspecto de normatividad.
Aunque plantearon con mucho cinismo un apego repentino a la educación sexual y a la salud reproductiva, lo cierto es que la única solución que impusieron fue que a las mujeres que abortan se las siga considerando autoras de un delito que tiene una pena de uno a cuatro años de prisión ¿Alguien medianamente razonable puede considerar a una mujer que aborta una persona que deba ser resocializada mediante la conminación penal?
Ante la tragedia, el dolor y la decisión inevitable de las mujeres defendieron con garra la clandestinidad, el estigma y la muerte. Llegamos al Congreso con un grave problema de salud pública y tutela efectiva de los derechos de las mujeres y nos vamos con la misma “solución” que no cambia nada pero que sigue apropiándose del cuerpo de la mujer y castigándola por haber gozado.
Es tan grande el desquicio que varias provincias y municipios han dictado leyes y ordenanzas donde se declaran pro vida y establecen una protección absoluta del embrión ante los derechos de la mujer, desconociendo que según la Constitución solamente el Congreso puede dictar los códigos de fondo, transformando parcialmente nuestro sistema federal en una Confederación con derecho de secesión en materia de aborto voluntario y colocándose en un virtual estado de sedición.
En el presente, la gran riqueza argumental que produjo el debate, posibilita que cualquier persona gestante que desee interrumpir voluntariamente el embarazo en las primeras catorce semanas pueda acudir a la justicia para plantear la tutela de sus derechos a través del proceso constitucional adecuado. En un futuro muy cercano, la plaza de los pañuelos verdes y su profunda onda expansiva configurará una realidad social que se transformará irremediablemente en ley. Es que las mujeres, pero sobre todo nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas, asumieron para siempre como un activo simbólico espejado en su constitución subjetiva; que la autonomía de sus cuerpos y el pleno goce igualitario no se negocia, por más que 38 senadores del siglo XXI hayan actuado como si vivieran en el siglo XIX. ■