Jornada de allanamientos en dos casas de Cristina
EL OPERATIVO SIGUE HOY EN LA PROPIEDAD QUE TIENE EN EL CALAFATE
Luego de la habilitación del Senado, el juez Bonadio puso en marcha los allanamientos de los domicilios de la ex presidenta. La Policía Federal ingresó ayer a mediodía con perros y equipos tecnológicos al departamento de Uru- guay y Juncal, en Recoleta. Y también inspeccionó la casa de Río Gallegos, en Santa Cruz. Hoy ampliará la recolección de pruebas en la propiedad que Cristina conserva en el lujoso Hotel Los Sauces, en El Calafate.
Con perros que rastrean dinero, equipos especiales y una orden de allanamiento amplia, fuerzas de la Policía Federal ingresaron ayer a dos propiedades de Cristina Kirchner: el departamento de Recoleta donde la ex presidenta reside y la casa familiar de Río Gallegos. Los operativos arrancaron poco antes del mediodía y se extendieron hasta la noche.
La medida fue tomada por el juez Claudio Bonadio, que investiga a la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Fue horas después de recibir luz verde del Senado, que habilitó los allanamientos por unanimidad y sin aceptar las condiciones que la ex presidenta pretendía ponerle al juez.
La sospecha es que parte del dinero que se cobraba a empresas contratis- tas del Estado se guardaba en las viviendas que se allanaron. El magistrado no participó de los procedimientos y el kirchnerismo repudió la decisión judicial de impedir el ingreso del abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, al departamento de Recoleta durante el allanamiento. En Tribunales indicaron que el juez no tiene obligación de conceder al allanado la posibilidad de nombrar un abogado para verificar el operativo.
La Policía Federal recibió una orden que habilita la revisión absoluta de tres propiedades que pertenecen a Cristina Kirchner. La casa de los Kirchner en El Calafate será allanada hoy, ya que participará el mismo personal que hizo el operativo en la capital santacruceña.
Los operativos arrancaron en el departamento porteño de Juncal y Uruguay. Bonadio solicitó que se analice, revise y tenga en cuenta todo aquello que “es relevante para la causa”. Se trata del expediente en el que se sigue la ruta de sobornos por 200 millones de dólares, “fondos ilegales” que ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal recaudaban cobrando a empresas de la construcción y del sector energético.
¿Qué se hizo dentro de la propiedad? El personal de Infantería ingresó con perros especializados en el rastreo de dinero y tenía la prohibición de sacar fotografías. Durante el extenso operativo se revisaron “todas las paredes, se tomaron medidas para ver si hay obras o cambios estructurales”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. Se revisaron además, todos los espacios del departamento para constatar la distribución respecto a los testimonios de varios imputados: describieron dónde estaban
las valijas, cómo se organizaba todo en la vivienda. Para esto también, se pidieron los planos de la propiedad.
A 3.000 kilómetros de distancia, en Río Gallegos, poco después otro grupo de la Federal ingresó a Mascarello 441. Este chalet ubicado en la costanera de la capital santacruceña atrajo también la atención de los vecinos que se acercaron para sacar fotografías. Se encontraba allí el diputado provincial Matías Besi, amigo de Máximo Kirchner y apoderado de la familia. Los efectivos ingresaron también con perros de la Aduana que rastrean dinero, pero recorrieron todo el perímetro. Participó además personal del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), quienes analizaron la estructura de la casa cuyo valor asciende a 570.000 dólares, más del doble de lo
que declaró la ex presidenta. También se analizó el diseño de la vivienda, si hubo modificaciones en su construcción y si contaba con espacios para el posible almacenamiento de dinero.
La maniobra que investiga el fiscal Carlos Stornelli habría tenido como finalidad el enriquecimiento ilícito de los principales jefes y organizadores de la “estructura delictiva”, es decir Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta. El objetivo de la asociación ilícita se cumplió, señala la Justicia, por la participación ininterrumpida de los empresarios que en un período de cuatro años, pagaron sobornos por 35 millones de dólares.
El recorrido de las valijas y bolsos que recaudaba mayoritariamente Baratta tenía como destino “el Sur” y el departamento de Recoleta de la ex presidenta, según diversos testimonios que se fueron tomando en la causa judicial. Entre ellos el del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno; el ex funcionario Claudio Uberti; el financista Ernesto Clarens y el ex piloto presidencial Sergio Velázquez.
Con este telón de fondo, Bonadio pidió autorización al Senado para allanar a Cristina. La discusión se postergó más de dos semanas hasta que el miércoles a la noche se aprobó la medida. Ayer a primera hora el juez recibió la notificación oficial firmada por la vicepresidenta Gabriela
Michetti. Se libraron tres órdenes de allanamiento. El operativo en el departamento de Uruguay y Juncal fue seguido por militantes kirchneristas con carteles y pancartas.