Villas, asentamientos y barrios
La ley de urbanización de asentamientos informales aprobada por la Cámara de Diputados puede constituir un buen punto de partida para abordar un aspecto crucial de la pobreza: la segregación espacial, el hábitat y la vivienda. La legislación se fundamenta en el prolijo trabajo de dos años emprendido por el Ministerio de Desarrollo Social que permitió contabilizar en todo el país 4428 asentamientos precarios inscriptos, a su vez, en el Registro Nacional de Barrios Populares.
No obstante, resulta conveniente trazar un recorrido histórico de cómo se precipitó este estado de cosas durante los últimos cuarenta años.
La cuestión territorial y habitacional era un problema candente desde hacía décadas; pero la reestructuración económica –y por lo tanto social- detonada desde mediados de los 70 lo torno dramático. Por caso, el desalojo autoritario de las villas de la Capital ordenada por el intendente Osvaldo Cacciatore en 1976 no previó alternativas: la gente fue expulsada y acogida por parientes y allegados residentes en el GBA. Simultáneamente, se obturaba la prosecución del histórico sistema de loteos. Ambas situaciones, entonces, sentaron las bases de una situación explosiva desde la crisis del régimen militar a principios de los ‘80.
La detonación comenzó a través de “ocupaciones hormiga” de decenas de familias en zonas liminares descampadas y de propiedad imprecisa o fiscal. Con el advenimiento democrático, el movimiento ocupador se tornó compulsivo, involucrando a cientos de familias de acuerdo a una logística afinada por las experiencias de los primeros 70.
En la zona sur del Conurbano, obispos como Jorge Novak procuraron contener la marea contribuyendo a la rápida urbanización de las nuevas poblaciones mediante el censo de sus vecinos y la diagramación de terrenos y espacios públicos. Con el fin de quitarles el estigma histórico de “villas miseria” se denominó a los nuevos barrios “asentamientos”.
La ola ocupadora desconcertó desde 1983 a los intendentes democráticos que debieron acompañar su masividad procurando comprender, simultáneamente, los alcances y contornos del cambio social que incubaba.
Surgió una nueva generación de dirigentes de base territorial encargados de mediar con las autoridades las condiciones de radicación y de urbanización. Pero desde sus instituciones también debieron encargarse de tareas más apremiantes como los problemas inherentes a la subsistencia de los contingentes humanos desempleados o precarizados.
Las municipalidades improvisaron políticas de asistencia que los referentes administraban en sus respectivas comunida- des verticalmente pero de acuerdo a complejos sistemas de alianzas intervecinales. Nacía, así, la denominada “política territorial”.
Los recursos abarcaban desde el suministro de alimentos, y contratos laborales públicos o privados hasta la habilitación de actividades ilegales tácitamente consentidas por el poder político y la policía. Un submundo aun poco explorado que configura una economía informal representada paradigmática- mente por las ferias de La Salada como terminal de otras ilegalidades.
Las ocupaciones no tardaron también en convertirse en un negocio inmobiliario venal que asociaba a referentes comunitarios, punteros y dirigentes comunales. Precisamente por ello, tendieron a acelerarse durante los dos ciclos expansivos de la economía: entre 1991 y 1998 y 2003-2008 respectivamente. Informalidad y promiscuidad dominial se conjugaron, a su vez, para segregar a los asentamientos del resto de la ciudad.
Los sucesivos gobiernos fracasaron en solucionar esa problemática. Durante los 90, los criterios cooperativistas “en macizo” del Programa Arraigo auspiciado desde el gobierno nacional para reubicar y urbanizar asentamientos en terrenos fiscales chocaron con los individualistas del duhaldismo en la provincia de Buenos Aires, generando situaciones de indefinición que la nueva legislación deberá destrabar.
El kirchnerismo, por su parte, apuntó mediante sus planes de vivienda, a retomar las políticas clásicas del FONAVI de los ‘50; pero sus saldos resultaron sesgados por la inflación y la corrupción. Las experiencias de grandes condominios en monobloques resultaron, asimismo, anacrónicas y contraproducentes para la convivencia civilizada al albergar en su interior bandas delictivas que encuentran allí mayor cobijo que sus pares a cielo abierto.
La nueva ley apunta a transformar al “vecino” en propietario, induciéndolo
al mejoramiento de su vivienda y procurando un nuevo asociacionismo en torno de las tareas de amanzanamiento, dotación de servicios públicos, etc. Pero, por sobre todas las cosas, reparar ese aspecto crucial de la pobreza: la segregación espacial y el consiguiente sentimiento de la mayoría de esos compatriotas de vivir en un vergonzante “mundo aparte”.
Y que aspiran, a diferencia de lo que supone cierto “pobrismo invertido”, a pagar su predio y obtener una escritura que disipe la incertidumbre extorsiva cultivada por caciques barriales asociados al poder político. En suma, recomponer allí la ciudadanía perdida. Otra de las deudas pendientes de nuestra democracia.