La figura del “arrepentido”, un potente bisturí que debe ser bien utilizado

Estaba seguro que este momento iba a llegar, más pronto que tarde. Hace 15 años que busco en ámbitos académicos, profesionales e institucionales que se aplique la figura del arrepentido en la Argentina. Es una herramienta que pone en evidencia la impotencia de los Estados para luchar contra ciertos delitos que traspasan las fronteras, tales como el terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico o la corrupción. Esa impotencia se refleja en el bajísimo índice de condenas por corrupción que registra nuestro país y las pocas detenciones derivadas de esos procesos.

Todo esto cambió a partir de noviembre del año pasado, cuando se aprobó la ley del arrepentido en nuestro país. No es la mejor, pero fue un avance. Su redacción actual, no representa un verdadero incentivo para los cooperadores, ya que solo garantiza la reducción de la pena. Pero el principal problema de esta figura es que pone en crisis el derecho de defensa de los imputados y el principio constitucional de que nadie está obligado a auto incriminarse en un delito (art. 18 de la CN).

Atención! … la ley no dice que no puedo incriminarme, dice que “… nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo …”. Es decir que uno de los puntos centrales de las confesiones de los arrepentidos es el análisis de la voluntariedad de esa decisión. Cualquier forma de cooperación en el proceso penal debe contar con la intervención de un letrado de confianza del imputado que le permita evaluar los pros y contras de ese camino procesal; la ley habla de que “... (el imputado) tenga debido conocimiento de los alcances y las consecuencias del acuerdo suscripto”( art. 10) .

Así ganan trascendencia las formas que preceden a la celebración del acuerdo de cooperación. Esas formas deben asumir una lógica secuencial del siguiente orden: Comprensión, Colaboración y Celebración (C+C+C).

La comprensión implica la voluntad de comenzar a colaborar con la Justicia. Se asumen compromisos de aportar evidencia útil y de realizar todos los esfuerzos personales necesarios para que el receptor de esa información la considere valiosa. Por otra parte, surgen los riesgos personales y familiares derivados de la acción emprendida. En este punto, las asistencias psicológica y económica también deberán ser ponderadas por los magistrados. Durante toda la etapa de comprensión resultan de suma utilidad los gabinetes médicos especializados para despejar dudas sobre los niveles de entendimiento adquiridos por los imputados.

La colaboración corresponde a la etapa posterior, a la toma de la decisión consciente y voluntaria de cooperar y constituye un cambio en el obrar precedente. A partir de este momento el cooperador deberá realizar todo el esfuerzo humano razonable para brindar evidencia útil para la investigación; debe convencer al Fiscal que tiene información que sirve para la investigación y así nace lo que se denomina “tesis del cooperador” que en lugar de tender a refutar la posición del Fiscal, la sustenta mediante nueva evidencia.

La tercera etapa, la celebración, consiste en la valoración positiva o negativa que haga el Fiscal de la evidencia aportada por el cooperador sumada a la homologación que efectúe el Juez, y la consecuente obtención o no del beneficio de la reducción punitiva. En conclusión, sortear o apurar estas etapas puede significar el fracaso futuro de toda la investigación. Cuidado: la cantidad de arrepentidos haciendo cola en los Tribunales más los arrepentidos espontáneos – es decir ni siquiera convocados por el Tribunal – ponen en evidencia que los pasos señalados han adquirido un vértigo que arroja sombras sobre la efectiva voluntad de los imputados de acogerse al régimen de cooperadores. Ya han aparecido algunos defensores alegando que “en esta calesita no existen sortijas para todos” o que “si no liberan a su cliente, van a mentir para recuperar la libertad”. Entonces es indispensable serenidad en los Jueces y Fiscales que tienen en su poder un potente bisturí – la ley del arrepentido - que bien utilizado representará el fin de la impunidad y, en caso contrario, garantizará la impunidad a la cual estamos acostumbrados todos los argentinos.