El represor que quiere volver a la Policía
La mente humana es insondable. Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la gestión de Ramón Camps y jefe directo de los 21 centros clandestinos de detención que funcionaron en la Provincia en los años de la dictadura, quiere volver a ser policía.
Fue condenado seis veces por robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Acumula perpetua sobre perpetua. Tuvo prisión domiciliaria hasta hace pocos meses, cuando se fue a vivir al bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, aunque se la revocaron por una apelación que se sumó a las quejas de los vecinos y volvió al Penal de Ezeiza.
Pero no hay caso. A sus 89 años, él insiste. Ninguna de las condenas por su pasado feroz parece haberlo afectado tanto como haber sido exonerado de la Bonaerense, la fuerza desde donde ejecutó el plan del horror con mano de hierro. El nido donde entibió el huevo de la serpiente hacia finales de los 70.
En estos días fríos en la cárcel de Ezeiza vuelve a ponerse un traje, un par de veces por semana, para mirar desde una sala de teleconferencias un nuevo juicio en La Plata que empezó la semana pasada y lo tiene, otra vez, como acusado.
En esa misma ciudad había declarado en su contra el albañil Jorge Julio López, desaparecido a los pocos días de su testimonio, en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Muy pocos sabían entonces que Etchecolatz, el viejo y feroz dictador, seguía siendo miembro formal de la Bonaerense.
Lo fue hasta hace un año, cuando la administración de María Eugenia Vidal descubrió, por casualidad, que el responsable máximo de La noche de los lápices aún integraba las filas de los agentes de la Provincia.
Lo delató un trámite de rutina: un tribunal que pedía a Etchecolatz para una formalidad judicial.
-¿Y por qué nos avisan a nosotros?, se preguntó el jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Barra.
Porque Etchecolatz seguía en la Policía en situación de RAV (Retiro Activo Voluntario), como si se hubiese jubilado de la fuerza normalmente, sin delinquir y con el legajo impecable.
Nadie había modificado su condición de policía en 34 años de democracia. Ni durante los gobiernos de Felipe Solá ni de Daniel Scioli, cuando la Bonaerense también había sido avisada por la Justicia sobre pedidos formales de requerimiento acerca de uno de sus agentes. El que había dirigido las torturas en los campos de concentración.
Manteniendo el “estado policial”, cualquier retirado normal de la Policía puede quedarse con el arma reglamentaria y ser llamado en
Miguel Etchecolatz fue miembro formal de la Bonaerense hasta 2017, cuando lo exoneraron
cualquier momento a integrar la fuerza nuevamente.
Así estuvo Etchecolatz hasta el 8 de agosto de 2017, cuando los papeles internos lo “vendieron” y fue exonerado de plano por el ministro de Seguridad Cristian Ritondo.
Parecía el punto final a una aberración formal de la burocracia, pero no. La historia continuó con el viejo comisario apelando la medida, indignado.
En un escrito de cuatro carillas, Etchecolatz pidió formalmente que se anulara su exoneración por “prescripción” y preguntó, insólitamente, “qué acciones he realizado para ser encuadrado en las supuestas faltas atribuidas”.
Algo de qué hecho yo para merecer esto.
También sostuvo que su exoneración “constituye una flagrante violación al derecho de defensa”. Y escribió que se reserva hacer uso de la “cuestión federal” (significa que puede ir con su apelación hasta la Corte de Justicia de la Nación) advirtiendo que le hará un juicio a la Provincia por daños y perjuicios, “por los actos emanados del Poder Ejecutivo y sus funcionarios”.
Etchecolatz escribió de puño y letra la fecha del reclamo, un número de fax -por si la gobernadora o el ministro Ritondo hubiesen querido contestarle rápidamente-, y dos palabras en el encabezado para describir su ilusión a la antigua usanza: Pronto Despacho.
Algo más distintivo. En todas las hojas puso su firma a un costado junto a la mancha de su pulgar derecho. Etchecolatz pide volver a ser policía hasta con las huellas digitales.
Recibió la respuesta la semana pasada. El ministro Ritondo le rechazó la apelación y el planteo de nulidad dejando firme la exoneración, después de enumerar 10 párrafos de argumentos en contra del pedido.
Junto con la de Etchecolatz, fueron rechazadas otras apelaciones de policías exonerados por haber sido condenados en delitos de lesa humanidad. Entre ellas, la de Miguel Kearney, otro represor cuyo nieto también fue echado de la fuerza el año pasado: lo acusaron de encubrir a narcotraficantes mientras era subcomisario del comando de patrullas de Avellaneda.
Etchecolatz -condenado por primera vez en 1986, como responsable de haber torturado a 91 personas- se notificó en la cárcel de Ezeiza, firmando como lo hace siempre.
Cuidando una caligrafía pareja, redondeada y algo barroca, en la que se lee clarito: “Miguel O. Etchecolatz. Prisionero de guerra”.
En uno de los juicios en su contra, María Isabel “Chicha” Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, le había reclamado en la cara por su nieta, secuestrada por un subordinado de Etchecolatz: “Dónde está Clara Anahí. Lo veo con el rosario en la mano y le pido que en vez de rezar nos diga dónde está... yo no puedo darme el permiso de morirme antes de encontrarla”.
Pero el diablo metió la cola de nuevo. Mientras Etchecolatz se concentra en recuperar su estado policial -la tozuda obsesión que parece darle sentido a sus días de ancianidad- Chicha Mariani murió esta semana, a los 95 años, sin hallar la respuesta que buscó toda su vida. ■