La recesión ya llegó: ¿hasta cuándo?
La duda, hoy, en el Gobierno, no pasa por saber si 2018 será un año recesivo ni por la retracción del último trimestre: eso está descontado o definitivamente descontado. El punto es la profundidad y la extensión que adquirirá el parate o, mejor dicho, con qué economía convivirá hasta las elecciones.
Un anticipo acaba de aparecer en el estimador mensual del Indec: anotó una caída del 6,7%, la tercera consecutiva y mayor a cualquiera de las que hubo durante la recesión de 2016. Así, el acumulado desde enero viró al rojo y terminó de barrer el registro positivo del 3,6% de marzo.
Todo en potencial y sujeto a correcciones, los primeros cálculos de las consultoras proyectan desde un retroceso cercano al 1% anual a otro del 1,5% redondo. Varias todavía estiman que la actividad empezaría a rebotar a partir del segundo trimestre de 2019 y que crecería 1,5%, y alguna la ve volando muy bajo hasta entrado el 2020.
En principio, nada hay allí que pueda ser asimilado a una economía vigorosa, capaz de traccionar empleo, consumo e inversiones en cantidad. Ni, por lo mismo, nada que la gente vaya a percibir como una mejora consistente o que empine los ánimos.
Tampoco cabía esperar un cuadro diferente, cuando un ajuste riguroso poco menos que veda el uso de herramientas fiscales expansivas. También llamadas contracíclicas, porque amortiguan los efectos de las recesiones.
Se sabe: los acuerdos con el Fondo Monetario nunca son programas de desarrollo sino planes de corto plazo, orientados a poner ciertas cuentas en orden, a generar excedentes y, al fin, a despejar el horizonte financiero de los países y tranquilizar a los acreedores. Algo de eso fue a buscar el Gobierno, apretado por el pago de los intereses de la deuda en dólares y por el cierre de los mercados de crédito.
Justamente de cosas así habla el golpe a los gastos que el Estado destina a inversiones en infraestructura. Es una variable siempre a tiro de podadoras en tiempos de ajuste, aunque acá se juegan inversiones que, de tan imprescindibles, urgen.
Las planillas del Ministerio de Hacienda cantan un bajón del 50% en términos reales, lo cual, medido en obras, equivaldría a decir que se está construyendo la mitad de lo que se construyó el año pasado. Cayeron fuerte los gastos en energía, transporte, en educación, agua potable y, sobre todo, en viviendas.
Vale una aclaración: son todos datos de enero-julio, esto es, previos al escándalo de los cuadernos de la corrupción que, desde comienzos de agosto, fogonea un proceso que acorrala a ex funcionarios kirchneristas y a constructores. Luego, el impacto de las investigaciones judiciales sobre los planes de inversión público-privados se añadirá y potenciará el ajuste con sello estatal .
Hay otro porcentaje grande en las cuentas de Hacienda, de una especie similar solo que de signo inverso: el 60% que aumentó el gasto en intereses de la deuda. Ya se llevan acumulados $ 193.000 millones entre enero y julio, el doble de la plata que el Gobierno ha dedicado a inversiones en infraestructura. Sobre esto también trata el acuerdo con el FMI.
Dice un analista de buena llegada a la mi- sión del Fondo: “El riesgo país los tiene preocupados. No logran entender por qué sigue en las nubes, pese al recorte de los gastos, al achicamiento del déficit, a las tasas del 45% y a la súper devaluación. Ese factor también alimenta la corriente recesiva”.
Que el Gobierno hubiese pagado, hace poco, 5,25% por una letra a 203 días y Bolivia 4,6% por un bono a 11 años es una muestra de desconfianza sobre la solvencia de la Argentina y, a la vez, una explicación al por qué no baja el riesgo país. La tasa de interés es un derivado de ese indicador.
Otra interpretación surge de apuestas a Mauricio Macri que Macri no satisface del todo, como la que le atribuía un papel central en la victoria del antipopulismo en América latina. Dice el mismo analista: “Hubo fondos que se llenaron de papeles de Argentina y que ahora, cuando quieren sacárselos de encima, no consiguen quien se los compre. Obviamente, el precio de los bonos se desploma”.
Pariente directa de la anterior, la explicación que sigue va sobre el fantasma que corporizaría Cristina Kirchner o “el regreso del populismo y de las prácticas populistas en versión chavista”. Analizada por sus efectos, es una rara manera de hacer política que el macrismo agite el fantasma todo el tiempo y solo mirando una parte de la película: aquella donde dice que ahí tiene una carta ganadora.
Un aporte al barullo general, que es bastante más que un detalle: las Letras que Nicolás Dujovne y Luis Caputo colocan en seguidilla vencen y deberán ser renovadas hacia marzo o abril del año próximo. O sea, cuando la economía aún no mostraría evidencias de fortaleza y haya empezado a moverse la campaña camino de las elecciones de octubre.
La vulnerabilidad es y será el telón de fondo de todas las explicaciones. Y como vale para todo, hoy vale para asociar la inestabilidad cambiaria de acá con el ruido que la populari- dad de Lula da Silva mete en las presidenciales de Brasil.
Desde la inflación controlada y el enorme superávit comercial hasta la magnitud de stock de reservas unas cuantas cosas diferencian a Brasil de la Argentina. Una adicional: en lo que va del año, el dólar aumentó 64% contra el peso y 24% contra el real. Puesto de otra manera, la moneda norteamericana puede subir en todos lados, pero no sube lo mismo en todos lados.
Algo parecido ocurre con el traslado de las devaluaciones a los precios. Poco frecuente en otros lugares, aquí el problema es moneda corriente y si es por eso, un dato más: con alrededor del 3,5% para agosto, la inflación de los primeros ocho meses rondaría 24%. La trepada del dólar amenaza con su 64%.
Asoma cada vez más claro el peligro de que el índice anual supere el 32% y que desborde, así, una de las metas comprometidas con el FMI. “Sería un inconveniente, pero no un inconveniente grande”, asegura alguien que mantiene contacto con la misión del Fondo. Y agrega: “Van a ser tolerantes con la inflación y, hasta cierto punto, también con algún desborde en el uso pautado para las reservas”.
Pero como el stand-by es una estructura formada por vasos que se comunican, un índice del 32% significa actualizar al mismo nivel el gasto destinado a jubilaciones y a planes sociales diversos. Esto es, nada menos que el 60% del Presupuesto de 2019, justo el año del ajuste mayor.
Salta evidente, por donde se mire, el muy estrecho margen de maniobra del Gobierno. Y llegado un caso extremo, quizás también salte una alternativa mitad información, mitad expresión de deseos que baraja un grupo de abogados y banqueros fuertes: la confluencia de Estados Unidos y el FMI en un gran paquete que alivie a Macri. El motivo, nuevamente, cerrarle el paso a una vía populista. ■