Crean un fondo para atenuar el impacto de los sobornos en la obra pública
El ministro Dietrich anunció que se creará un fideicomiso que garantizará los seis corredores viales ya adjudicados por el mecanismo de PPP. El Estado hará el reparto de los préstamos.
A través de un fideicomiso, el Gobierno tomará préstamos de bancos y los distribuirá entre los seis consorcios a cargo de corredores viales, otorgados mediante el esquema de Participación Público Privada. Por ahora hay tres adjudicatarias involucradas en el caso de las coimas.
"Las obras tienen que continuar". Con esa premisa y en simultáneo al avance de la Justicia en la investigación del pago sistemático de coimas durante el kirchnerismo, el Gobierno anunció un paquete de medidas para atenuar el impacto del caso en la economía, garantizando la realización de seis corredores viales adjudicados bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP).
Un dato: en la construcción de cuatro de esos corredores participan empresas involucradas en el escándalo de los cuadernos y las sospechas abarcan al conjunto del sector, a partir de la confesión de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, sobre el funcionamiento de un “club de la obra pública”.
"La llamada causa de los cuadernos ha generado cierta incertidumbre en la continuidad de las obras y en el comienzo de las PPP. Por eso estamos acá para confirmar que las obras no se van a detener", abrió el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la conferencia de prensa que trazó el Gobierno este lunes, con el objetivo de "dar una señal a los mercados", según concedieron fuentes oficiales.
En concreto, tal como anticipó Clarín, el Gobierno creará un fideicomiso que tomará préstamos de bancos que originalmente iban a entregárselos directamente a las constructoras, pero que al estar bajo sospecha no lo quieren hacer. “Las empresas van a comenzar las obras y luego lo van a devolver”, aclaró Dietrich.
¿Cómo funcionará el sistema? "El fideicomiso tomará préstamos de los bancos y ”los otorgará de forma equitativa y equilibrada a los seis consorcios, para que las obras arranquen en tiempo y forma en octubre", explicó José Morea, secretario de Proyectos de Participación Público Privada. El funcionario, que dependen del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, agregó que la idea es "optimizar la estructura para lograr la participación de la mayor cantidad de bancos internacionales para apuntalar estos préstamos de corto plazo".
De ahí que en el Gobierno consideran la intervención del Banco Nación como "una señal de confianza" que va "a arrastrar al resto de los bancos". El titular del Nación, Javier González Fraga, apuntó que su entidad decidió "prestar a este fideicomiso un monto de entre 200 y 300 millones de dólares en condiciones de mercado que se van a definir en los próximos días". El flujo necesario para las obras del primer año oscila en los US$ 1.200 millones, mientras que las inversiones privadas necesarias para la realización de los seis corredores orilla los US$ 6.035 millones.
"Es importante y valorado el aporte del Nación, que después será acompañado por otros bancos argentinos e internacionales", remarcó Dietrich. "Todos los bancos han demostrado interés en participar", reforzó Morea. Se trata, en definitiva, de un préstamo de bajo riesgo para los bancos ya que tienen al Estado -y no a las empresas sospechadas- como garante.
Advertido de los cuestionamientos que desde distintos sectores recibió el Gobierno por mantener obras de empresas cuyos directivos están bajo sospecha de haber pagado sobornos (ver página 7), Dietrich dijo que “no estamos salvando a ninguna empresa. Estamos generando instrumentos para que puedan continuar las obras y resguardar los trabajos de las personas".
El ministro también confirmó cambios para la obra pública que se realiza por fuera de las PPP. El Gobierno replanteará el esquema de certificados de obras para facilitar el acceso al préstamo por parte de las empresas. "Estamos generando normas para darle más liquidez en el mercado", explicó la secretaria de Obras de Transporte, Manuela López Menéndez. En tanto que el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, contó que junto a la Oficina Anticorrupción y la Sigen elaboran “un nuevo marco legal” a la obra pública. Exigirán que las empresas apliquen principios de integridad y ética. ■