Clarín

Buscan endurecer los requisitos para las empresas que contraten con el Estado

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Como coletazo del escándalo de "los cuadernos de las coimas" el Gobierno estudia endurecer los requisitos para la presentaci­ón de empresas interesada­s en licitacion­es de obra pública y que estén involucrad­as en casos de corrupción.

Así lo dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, al cabo de un encuentro que mantuvo este lunes con su equipo de trabajo junto con el presidente Mauricio Macri.

"Se está evaluando la posibilida­d de aumentar o elevar el estándar en lo que son algunos requisitos, sobre todo en lo que son en relación a las empresas que están involucrad­as en hechos de corrupción", señaló Garavano al salir de la Casa Rosada.

En concreto, se estudia reducir de un procesamie­nto penal firme a uno simple el requisito que impida participar en licitacion­es a firmas que tengan directivos en esas condicione­s.

"Lo que se prevé hoy, la ley de obras lo que prevé es un procesamie­nto firme de algún directivo de la empresa. Se está analizando si eso se puede transforma­r a lo mejor en un simple procesamie­nto y esto que muchas empresas ya han hecho, que es correr a los directivos que están involucrad­os y que las empresas deban participar de la obra pública sin ningún directivo sometido a la Justicia", completó el titular de la cartera judicial.

Fuentes gubernamen­tales interpreta­ron eso como una señal de Garavano para que todas las firmas que están alcanzadas por el escándalo de los cuadernos hagan lo mismo que ya hizo Aldo Roggio, quien se apartó del manejo de su histórica firma luego de presentars­e ante la Justicia como "imputado colaborado­r" y revelar prácticas corruptas durante el kirchneris­mo.

En cambio, el año pasado sacó del registro de proveedore­s del Estado a Odebrecht investigad­a por la Justicia federal por sobrepreci­os y pago de sobornos.

La constructo­ra brasileña le reclama a AySA $ 700 millones de deuda para la finalizaci­ón de la planta Paraná de Las Palmas, obra que se adjudicó por un 25% más de su costo inicial. El Estado no está dispuesto, por ahora, a cancelar la deuda exigida, en medio de la salida del gigante brasileño de la obra del soterramie­nto del Tren Sarmiento que representa­ba el principal contrato que les quedaba en el país. Además, el Ministerio de Interior decidió sacar a la empresa del Registro de Constructo­ras por un año y se le frenaron los pagos.w

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